Revisar la erradicación

La preocupante escalada de violencia que Colombia ha venido experimentando en los últimos tiempos tiene una relación directa con el marchitamiento al que ha sido sometida la política de erradicación de cultivos ilícitos por parte del gobierno de Gustavo Petro.

En efecto, el creciente accionar de las múltiples organizaciones criminales que operan en el país ha ido de la mano con un aumento de tales cultivos hasta registros nunca antes vistos. Y es que según las cifras oficiales de Naciones Unidas, Colombia está hoy en los más altos niveles de toda su historia en plantaciones de coca y producción de cocaína.

El más reciente informe, de septiembre del año pasado, estima que el país supero las 230.000 hectáreas de cultivos, equivalentes a un potencial de producción de 1.738 toneladas de clorhidrato de cocaína.

¿Cómo llegamos a este escenario? Mientras en gobiernos anteriores se habían mantenido metas de erradicar unas 100.000 hectáreas al año, en el 2023 el objetivo se redujo a 20.000. Y para el presente año solo se aspira a erradicar 10.000 hectáreas.

El presidente Gustavo Petro sustenta y justifica esta impresionante caída en la tesis de que la erradicación forzada debe ser reemplazada por la sustitución voluntaria de cultivos y el tránsito a la legalidad. Y sostiene que su Gobierno no combatirá al pequeño cultivador de hoja de coca y marihuana, sino a las grandes organizaciones del narcotráfico.

En principio, otras cifras parecerían indicar que ese es un camino válido. Porque las Fuerzas Militares han venido golpeando duramente el negocio de la comercialización de cocaína. El año pasado fueron incautadas más de 724,6 toneladas de la droga. Y si bien la meta era lograr 834 toneladas, se logró un cumplimiento del 87% de la misma.

Pero lo que parecería un motivo para celebrar tiene otra implicación de la que poco se habla en el país: el enorme impacto ambiental que genera la producción de coca y cocaína.

Según estimativos de la Policía, para llegar a una hectárea de cultivo de coca es preciso deforestar al menos 1,46 hectáreas de bosque. Y para producir un kilogramo de clorhidrato de cocaína se necesita aproximadamente media hectárea de hoja de coca, lo que implica una deforestación de cerca de 0,73 hectáreas de bosque.

Si se tiene en cuenta que en 2023 se erradicaron unas veinte mil hectáreas de cultivos de coca, la Policía estima que más de 29.000 hectáreas de bosque fueron arrasadas para sembrarlas. Y a ello se debe agregar el enorme daño causado por el vertimiento de químicos usados para la producción de coca en suelos y cuencas hidrográficas.

Todo lo cual genera la pregunta de si el presidente Petro, abanderado de la causa ambiental, no está generando de forma indirecta un crimen ecológico de dimensiones mayúsculas con su política de erradicación voluntaria. ¿Es necesario reformular nuevamente dicha política? Las cifras indican que sí y es una reflexión que necesariamente se debe incorporar al debate sobre la lucha antidrogas. Porque Colombia no puede desandar el camino recorrido, que tanto le ha costado.