De regreso a la normalidad, Colombia tiene que enfrentar y resolver la confrontación institucional que se desató a raíz del polémico fallo proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso que siguió contra Yidis Medina. Es el momento para pedirle al Presidente de la República que reconsidere su decisión de convocar a un referendo de su mandato.

El miércoles pasado, la euforia producida por la liberación de quince de los secuestrados en poder de las Farc dejó casi sin audiencia la decisión que tomó la Corte Constitucional con respecto a la validez del Acto Legislativo que autorizó la reelección presidencial en Colombia. Al abstenerse de revisar su fallo anterior en el cual reconoció la legitimidad de ese acto, el Máximo Tribunal negó de plano la insinuación de la Sala Penal. Con lo cual canceló uno de los más deplorables intentos de cualquier tribunal de Justicia existente en nuestro país por intervenir en la política.

Así, y como se esperaba, ya no está en duda la legitimidad de la reelección. Como nunca lo estuvo la elección del año 2006, cuando una mayoría absoluta de votantes eligió como presidente a Álvaro Uribe Vélez, hasta el 2010. En esas condiciones, el Órgano Jurisdiccional ha dejado en firme la reelección, con lo que desaparecen las causas que impulsaban la convocatoria del referendo anunciado por el presidente Uribe.

Lo que sigue es devolverle la tranquilidad a la vida del país, para que las instituciones puedan dedicarse a la solución de los grandes problemas nacionales. Es decir, para que el Congreso busque las salidas a la crisis que generaron la corrupción de la política, las alianzas de muchos dirigentes con los grupos de violencia y la falta de decisiones para impedir esos contubernios en el Legislativo y los gobiernos locales y regionales. Y, sobre todo, para cambiar un régimen electoral caduco y proclive a la manipulación que falsea la voluntad popular y desvirtúa la esencia de la democracia.

Pero también es el momento para que las instituciones se concentren en la atención de las graves amenazas que aparecen contra la estabilidad de la economía: la inflación interna y externa, el inestable mercado cambiario, la desaceleración en el crecimiento a niveles más allá de lo esperado y la urgencia de proteger las exportaciones distintas a las materias primas. Como también es prioritario continuar los esfuerzos en el combate a la delincuencia y en la consolidación de la Política de Seguridad Democrática que tan buenos resultados le ha entregado a la Nación.

Nada impide que el Primer Mandatario de los colombianos exprese su inconformidad ante decisiones judiciales que considera equivocadas. Pero, producida la decisión de la Corte Constitucional, el país debe seguir adelante y el Gobierno tiene que continuar su papel de guía. Y mientras la opinión pública define sus criterios con respecto al político y polémico fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, el presidente Uribe está llamado a terminar la confrontación para que se puedan atender los verdaderos problemas de la Nación.
 

 

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