El punto central del debate interminable entre el Gobierno central y las universidades públicas, que se recalienta de vez en cuando, es el equilibrio que debe haber entre la autonomía universitaria y la función de inspección y vigilancia que tiene el Estado sobre la educación, una y otra consagradas en la Constitución y por tanto de igual jerarquía. De hecho, la autonomía universitaria se llevó a rango constitucional en 1991 para evitar la intromisión de los gobiernos de turno en el gobierno de las universidades, que se dan a sí mismas sus jerarquías, manejan su presupuesto y determinan sus prioridades académicas. Sin embargo, el Gobierno no puede evitar la tentación de influir en la designación de los rectores y condicionar la asignación de recursos al cumplimiento de metas oficiales. Y en esas nos la pasamos.

Se podría decir que un gobierno, elegido democráticamente, tiene el derecho a trazar y ejecutar sus políticas en todos los campos, incluyendo la educación superior. Es una legitimidad que nace de su mandato popular. Cuando el actual Gobierno establece como su prioridad aumentar la cobertura de la población universitaria, dada la cantidad de bachilleres que no tienen acceso a ella, no existe ninguna razón para que las universidades públicas no lo hagan; pero lo que no puede hacer el Gobierno es condicionar la entrega de recursos al logro de ese objetivo ni presionar el ofrecimiento de programas académicos que garanticen el cumplimiento de ese propósito con mayor rapidez, como las tecnologías. La esencia de la autonomía universitaria es académica y no puede someterse al cumplimiento de una meta oficial.

De la misma manera, cuando el actual Gobierno decide que sus prioridades en investigación son las ciencias duras y la tecnología de punta, no hay razón para que las universidades no las incorporen a sus proyectos de investigación. Lo cual no quiere decir que las universidades no puedan hacer, con la libre asignación de su presupuesto, un esfuerzo excepcional para mantener la investigación en los campos de las ciencias humanas, mientras se revisan esos criterios tan poco humanísticos.

La Ley 30 de 1992 mantuvo el presupuesto que las universidades públicas tenían al momento de entrada en vigencia de la norma, ajustado al costo de vida. Proyectó al futuro de esa manera los logros e ineficiencias de las universidades en ese momento. Esa norma terminó siendo su salvación y su condena. Su salvación, porque al menos tienen una garantía de asignación de recursos; su condena, porque cada gobierno cree que cumpliéndola a trancazos, no tiene que dar ni un centavo adicional. Además, se congeló la dinámica que debe haber en la asignación de cualquier recurso en la economía: la racionalidad. Es preciso reconocer que hubo en el gasto de esos recursos mucha laxitud y que ha habido espacio para mejorar. Pero después de quince años ese espacio está agotado y hay que encontrar un mecanismo que permita asignar recursos nuevos para programas nuevos, que las universidades públicas consideren pertinentes socialmente, aunque no lo sean para los gobiernos.

El tío Baltasar dice que, conociendo a los políticos, no dejaría que a la Ley 30 le tocaran un pelo, porque se podría perder la garantía de los recursos indexados, pero que hay que adicionarla con la posibilidad de que a las universidades públicas lleguen recursos nuevos asignados sobre la calidad de sus programas, escogidos dentro del ejercicio de la autonomía universitaria.
 

 

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Alberto Cardona G. / Florida El tío Baltasar leyó la Constitución del `92 y le dijo al columnista que estaba sobrada en fallas. Yo creo que Óscar confunde el vocablo autonomías con motonomías, lo que más abunda ... (Ver Más) espada de damocles / cali ...TOTALMENTE DE ACUERDO...DE LAS CINCO MEJORES UNIVERSIDADES DEL PAIS, CUATRO SON PUBLICAS, PERO NECESITAMOS MEJORAR POR CUANTO NINGUNA FIGURA EN LAS PRIMERAS QUINIENTAS A NIVEL MUNDIAL..... gregorio / españa !será que sigue teniendo vigencia don Louis Althusser? será que de verdad sigue siendo aun la educacion un aparato ideologico?pensé que eso lo hacia Chavez con sus reformas educativas,no la esperaba ... (Ver Más)

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