Exclusivo: estos son los contratos que enredaron a Metrocali en el 2016

Entre marzo y diciembre de 2016 se firmaron varios contratos por $1.341 millones con empresas relacionadas con la asesora jurídica, Nohora Acero. Convenio con los catalanes, también bajo la lupa de los entes de control.

Los contratos de asesoría que mediante  prestación de servicios  firmó Armando Garrido Otoya durante los nueve meses que estuvo al frente de Metrocali tienen  a los organismos de control revisando con lupa cada una de sus actuaciones.

Cuando Garrido llegó a Metrocali en el mes de marzo del 2016, aseguran fuentes al interior de la empresa, puso como condición que se contratara como asesora a la abogada Nohora Patricia Acero, como en efecto ocurrió dos semanas después, y en adelante nada en Metrocali se hizo sin el visto bueno de la señora.

Con el argumento de que Metrocali “no cuenta en su planta ni en su estructura orgánica con el personal idóneo” para formular las estrategias jurídicas y financieras que garanticen la operación del MÍO, una de las primeras recomendaciones de Nohora Acero fue retirar a varios funcionarios y contratar con firmas bogotanas el apoyo a la gestión de Metrocali.

El primer contrato, bajo la modalidad de prestación de servicios,  se firmó el 29 de abril con la empresa Consultoría Legal, cuya apoderada es  Luz Stella Pérez Chacón, por un valor de $243.600.000 para ejecutar en tres meses y “apoyar de manera transitoria la gestión de Metrocali como experto jurídico”.

Lo llamativo es que  según el Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, la empresa Consultoría Legal es en un 99,5% de propiedad de la misma Nohora Patricia Acero y que el nombre de la empresa, según el documento constitutivo de julio del 2008, es Nohora Patricia Acero Pérez Consultoría Legal Ltda.

Es decir, la señora Acero preparó como persona natural el contrato que Metrocali firmaría con ella misma como persona jurídica, según explicaron algunos expertos en derecho administrativo.

Aún así, el 29 de septiembre del 2016 Metrocali firmó un segundo contrato con Consultoría Legal por $389.760.000 y el 15 de  noviembre pasado le hizo una adición mediante otrosí por $46 millones más, para un total de $435.760.000. 

Pero el nombre de Nohora Patricia Acero no deja de aparecer en la contratación de Metrocali. El 25 de mayo y el 29 de septiembre del 2016 se firmaron dos contratos con la empresa brasileña Logit Consulting INC por $243 millones y $309 millones respectivamente, para ofrecer apoyo jurídico y financiero.

Aunque en principio los contratos fueron firmados por Fabio Alejandro Gordillo Restrepo y Andrés Adarme Manosalva, como apoderados de la firma extranjera en Colombia, en agosto se hicieron tres modificaciones al contrato PS.917.104.2.260-2016 y para entonces es Nohora Patricia Acero quien firma los documentos, esta vez como apoderada especial de Logit Consulting INC en Colombia.

El expresidente de Metrocali Armando Garrido explicó, al respecto, que Nohora Acero “no es ni accionista de Logit ni socia ni aliada estratégica, ni nada por el estilo”.

“Logit es  una firma brasileña completamente clara en su representación legal; el apoderado de la firma en Colombia estaba fuera del país y se necesitaba hacer un otrosí y le otorgó un poder específico  y exclusivo por una sola vez para que firmara como apoderada, pero ella no tiene nada que ver con la firma”, explicó Garrido.

Sin embargo el nombre de Nohora Acero como apoderada especial de Logit apareció en varios documentos más. Entre ellos un aclaratorio a uno de los contratos, y que está siendo investigado, en el que se  exonera del pago del 33% de retención en la fuente, aduciendo que son contratos de asistencia técnica y de capacitación y adiestramiento de personal.

Aunque en la empresa algunos funcionarios aseguran que no es cierto que existiera tal capacitación, se le ordena a la Dirección Financiera de Metrocali “ajustar las retenciones a los dispuesto en el Artículo 408 del Estatuto Tributario” y retener solo el 10% de retefuente por tratarse de una empresa extranjera.Con todas las ventajas

Pero no es esa la única modificación hecha a un contrato en el que figura Acero.  Una semana después de firmar como asesora en persona natural, Garrido le modificó una cláusula y determinó que Metrocali costearía  los gastos de viaje desde Bogotá, su lugar de residencia, y que pagarían su hospedaje en la capital del Valle para que cumpliera el objeto del contrato.

“Lo que dice el documento es que el contratante pagará los gastos de desplazamiento y alojamiento del contratista cuando se deba desplazar a un lugar distinto a su domicilio, y si la señora tiene su residencia en Bogotá, pues ese contrato se eleva en gastos para la empresa”, dijo un funcionario de Metrocali al solicitar que se reserve su identidad.

 Aunque algunos abogados aseguraron que no es común que en un contrato de prestación de servicios una empresa pública incurra en esos gastos, por lo cual podría configurarse un detrimento patrimonial, Garrido indicó que “así se hizo ese negocio porque ella tenía que venir tres y cuatro días por semana a Cali para revisar y vigilar todos los documentos que yo debía firmar”.

Esta serie de presuntas irregularidades comenzaron a conocerse  el 28 de octubre pasado, cuando un documento de la Red de Ciudadanos Preocupados por la Verdad en el MÍO llegó al alcalde Maurice Armitage, a la Junta Directiva de Metrocali y a los entes de control alertando sobre estos hechos.

Otra gestión que tiene en alerta a los entes de control es el convenio firmado entre Metrocali y el Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña, Itec (Ver nota anexa), la supuesta dirección de Metrocali en manos de Nohora Acero y los contratos millonarios alrededor del mismo.

Esa misma carta fue dirigida por Armitage a Garrido para que respondiera a los cuestionamientos y se compulsaron copias a los entes de control para que adelantaran la respectivas investigaciones.

“Desde que la Administración Municipal tuvo conocimiento de los presuntos hechos que se cuestionan a la gestión de Metrocali, ésta solicitó de manera oficial a la Contraloría Municipal, la Procuraduría Provincial y a la Personería que llevaran a cabo las investigaciones pertinentes, respetando el debido proceso para que sean estos órganos de control quienes se pronuncien frente a los hechos denunciados”, indicó la Alcaldía de Cali en un pronunciamiento oficial.

Además de trasladar las denuncias a los entes de control tres días después de la queja recibida, la Alcaldía le solicitó también el pasado 3 de enero al contralor de Cali, Ricardo Rivera, “adelantar una auditoría exprés a la contratación de Metrocali S.A. durante el segundo semestre del 2016”.

Fuertes críticas

Son en total contratos por $1.341 millones en los que figura el nombre de Nohora Acero, pero también hay varios contratos con otras empresas como Criteria, Valora Consultores y GSD Plus, entre otras, para ofrecer también asesorías financieras y jurídicas a Metrocali.

Según el concejal Roberto Rodríguez, lo grave es que todos esos contratos se hicieron mediante la modalidad de prestación de servicios, cuando debió contratarse bajo la modalidad de consultoría.

“Cuando se trata de una consultoría, debe existir un informe o un producto final en el que pueda evaluarse el beneficio para la ciudad, pero como prestación de servicios, lo que se trata es de un acompañamiento sin mayores resultados. Además, son seis contratos similares en sus actividades y objeto y que desconocían en la Junta Directiva”, dijo Rodríguez. 

Agregó que esos contratos se firmaron supuestamente con el fin de lograr una reestructuración integral del MÍO y que permitiera tener un sistema eficiente y con la garantía de que con el  tiempo la empresa iba a salir adelante, pero no hay un estudio o un plan porque no lo obligan los contratos de prestación de servicios.

Sin embargo Garrido defendió la contratación asegurando que lo que buscaban era asesoría en la gestión del día a día y para que trabajaran hombro a hombro con la gente de Metrocali. 

“El gran problema de los contratos de consultoría es que se quedan como mamotretos entregados  a una organización y después hay que implementarlos. Las asesorías a la gestión se desarrollaron y simultáneamente se implementan  y se convierten en resultados concretos y específicos.

Gustavo Jaramillo, presidente (e) de Metrocali, indicó que la contratación del 2016 la están investigando los organismos de control, quienes ya tienen toda la información, y aclaró que las obras de infraestructura del MÍO que se contrataron la última semana de diciembre están en desarrollo y que en el momento  en que alguna entidad de control o juez dictamine alguna irregularidad, tomarán las decisiones.

Antes de dejar la Presidencia de Metrocali, Garrido dejó contratadas tres de las cuatro obras que se debían adjudicar este año, entre ellas las del patio y taller de la Terminal de Aguablanca, la cual se adjudicó al Consorcio Infraestructura MÍO por un valor de $31.730 millones

Al revisar la documentación, encontró El País que el representante legal es Fabio Alejandro Gordillo, el mismo apoderado de Logit que dio poder a Nohora Acero y quien también contrata a través de GSD Plus.

Junta Directiva de Metrocali no conocía el convenio con Cataluña

[[nid:579684;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/270x/2016/09/ep001180845.jpg;left;{Armando Garrido, expresidente de Metrocali.Foto: Jorge Orozco | El País}]]

En junio 21 del 2016 el entonces presidente de Metrocali firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, Itec, que según documentos en el portal de contratación, tendría un valor de cero pesos ($0) para Metrocali, razón por la cual no requería ser presentado ante la Junta Directiva. 

Sin embargo, el convenio tiene entre sus cláusulas una compensación de costos y gastos que obliga a sacar del patrimonio autónomo de cada obra a pagarle al Itec el 1,5% del presupuesto total de licitación de cada proyecto, más el 1,36% del total de las seis adjudicaciones de obras que tenía previstas Metrocali por un valor cercano a los $350.000 millones.

Es decir, el acompañamiento del instituto catalán tendría un valor superior a los $10.000 millones, lo que motivó el malestar de la Junta Directiva y del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte.

Al analizar el convenio con el Itec, el vicepresidente del Instituto Colombiano de Contratación Estatal, Jesús Marino Ospina, aseguró que un convenio es cuando se aunan esfuerzos “y aquí, técnicamente, lo que hay en el fondo es un contrato”.

“Ellos le pueden denominar convenio, pero realmente esto es un contrato con un clausulado. Cuando usted lee un clausulado es porque hay una contraprestación frente a una situación. Lo denominan convenio para evitarse una licitación, un concurso o una modalidad diferente a la contratación directa porque el convenio es una de las causales de contratación directa y se puede hacer a dedo”,  aseguró Marino Ospina.

El País conoció la carta que envió el pasado 15 de diciembre la directora de Transporte y Tránsito del Ministerio, Ayda Lucy Ospina, advirtiendo que de los recursos que aporta la Nación no se les pagará a los catalanes y que  no se puede construir un patrimonio autónomo por cada obra, como dice el convenio para sacar de allí los pagos, sino que los recursos deben estar en la fiducia.

“En caso de no ser atendidos los presentes requerimientos, advertimos que el Ministerio no autorizará desembolso alguno con respecto a nuestro compromiso de cofinanciación para la ejecución de los proyectos” de infraestructura del MIO, señala el documento.

Al respecto, Garrido defendió el convenio e indicó que es de colaboración interinstitucional porque el Itec es un instituto público y  maneja todas las contrataciones de la Generalitat de Cataluña y que el convenio de cooperación no tiene costo para Metrocali “porque los recursos salen de los mismos contratos”. 

Agregó que los catalanes aportan también una plataforma metodológica TSQ de gestión contractual que sirve para los interventores, los constructores y el ente  gestor. “Es una herramienta transversal que garantiza la ejecución  de los contratos”.

“Los contratos  de infraestructura de Metrocali costaban en promedio más del 30% de su valor original y los de interventoría más del 75%.  Eso tenía que ser revertido y no existía el mecanismo de gestión de obras y la muestra más fehaciente son los resultados contractuales. El Municipio ha tenido que absorber sobrecostos muy significativos porque la Nación no los paga”, aseguró Garrido.

Sin embargo, indicó un contratista que: “básicamente, lo que hace el convenio es obligar a los contratistas a sacar de los dineros de la obra para pagarles a los catalanes, a utilizar el sistema TSQ, creado por ellos y pagar obligatoriamente por su uso”.

Sobre las adjudicaciones

El Gobierno Nacional también cuestiona fuertemente a Metrocali en la carta por buscar, mediante un proceso de selección abreviada, la adjudicación  de la construcción de obras como la Terminal Guadalupe y la construcción de patios y talleres de Valle del Lili y Aguablanca. 

“Hemos sabido que nuestro delegado, manifestó su desacuerdo en el sentido de no estimar pertinente la apertura de este proceso abreviado, considerándolo totalmente inconveniente, teniendo en cuenta el escaso tiempo propuesto, lo que se podría convertir en un proceso poco objetivo y poco transparente”, dice la carta.

Reclama también a Metrocali por abrir el proceso abreviado el 9 de diciembre pasado “sin la previa consulta y concepto de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible” y pide no adelantar el proceso porque “podría atentar con la pluralidad de oferentes, además de poner en riesgo los recursos aportados por la Nación ($24.276 millones) en el sentido de realizar actos administrativos apresurados y desesperados, al final de la presente vigencia, o que resulta altamente riesgoso, sesgado, poco transparente y no se dan condiciones de participación plural de oferentes”.

¿Quién es Nohora Patricia Acero?

Esta  abogada egresó a finales de los 80 de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. 

Lleva más de 20 años trabajando como contratista en sistemas de transporte masivo como Metroplús de Medellín, con el polémico Consorcio Recaudo Bogotá que ganó la licitación de recuado del Transmilenio y estuvo hasta hace dos semanas en Metrocali.

También hizo parte del programa de Ciudades Amables de Planeación Nacional y fue asesora de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

En 2015 hizo parte de la Unión Temporal Embalse Rio Cali Ptar Cañaveralejo, que se presentó a concurso para la estructuración técnica y financiera para el embalse Río Cali la ampliación de la Ptar Cañaveralejo.

¿Qué hubo detrás de la liquidación  de Durán & Osorio?

Casi desde el inicio de Metrocali, una  de las principales empresas  que brindaba las asesorías en defensa judicial y ante tribunales de arbitramento era  la firma de abogados Durán & Osorio, pero al llegar Nohora Acero con su equipo  se tomó la decisión de liquidarlo.

Uno de los contratos había sido firmado el 16 de diciembre del 2015 y tenía su término de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2016 por lo que estuvo vigente durante todo el año. 

Pese a que en el acta de liquidación, que tiene como fecha el pasado 27 de diciembre y que fue revisado por Nohora Acero, señala el resuelve que se decide “liquidar y terminar por mutuo acuerdo” los contratos con Durán & Osorio, el único que firma la resolución es Armando Garrido.

Según el expresidente de Metrocali, “ese contrato se liquidó  porque ellos no habían entregado absolutamente nada y por contra tenían firmados contratos por más de mil millones de pesos y en las  carpetas no existía ningún informe. Por eso fue liquidado correctamente”.

No obstante, uno de los abogados que ha conocido los pormenores de ese contrato, aseguró que “estuvo vigente, pero no se permitió la ejecución; y sin llegar a un acuerdo fue liquidado unilateralmente y Durán & Osorio presentó la solicitud de conciliación, que es el paso previo a una demanda”.

Pero El País encontró que no es solo la parte contractual lo que habría llevado a liquidar el contrato con la firma de abogados bogotana. Hace algunos años el nombre completo de la firma era ‘Durán, Acero & Osorio Asociados’, pero por problemas internos se disolvió la sociedad y fue Nohora Patricia Acero quien quedó por fuera del bufet.

Ese antecedente, aseguran algunos, incidió para que Garrido llamara a Durán & Osorio a liquidar anticipadamente y de mutuo acuerdo el contrato, pero sin contraprestación alguna, lo que fue rechazado por la firma de abogados, quienes tendrían certificados de actividades cumplidas.

Fue entonces cuando el contratista citó a Metrocali a una audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 217 judicial para Asuntos Administrativos y el 1 de noviembre de 2016 se declaró fallida.

Supo El País que hace tres días, antes de que se venciera el término, Durán & Asociados presentó recurso de reposición ante las resoluciones firmadas por Garrido. 

Este diario intentó comunicarse con algún representante de Durán & Osorio, pero se abstuvieron de referirse al caso y a través de su secretaría aseguraron que la intención sigue siendo la de lograr una conciliación que no afecte los intereses de Metrocali.

Una situación similar se estaría presentando con un contrato que firmó Metrocali con la firma Comsa, que pese a que hubo un dinero  causado, con visto bueno del supervisor del contrato y del interventor, no se le pagaron los dineros y se estaría preparando una demanda contra Metrocali.

Respecto a este informe exclusivo, publicado el domingo 15 de enero, nos permitimos corregir que el señor Fabio Alejandro Gordillo Restrepo, no es el representante legal del consorcio Infraestructura MIO, el que suscribió con Metrocali el contrato para la construcción del patio y taller de la Terminal de Aguablanca por $31.730 millones.

La información fue equivocadamente referida en el informe, debido a que existían dos consorcios con el mismo nombre (Consorcio Infraestructura MÍO) y el contrato entregado por Metrocali en diciembre del 2016 con ese propósito no fue al consorcio que ha representado el señor Fabio Alejandro Gordillo Restrepo, representante legal de GSD Plus S.A.S.

Además, que el contrato suscrito entre GSD Plus S.A.S y Metrocali el 29 de abril del 2016 no tenía por objeto la prestación de servicios de asesoría financiera ni jurídica.

El objeto del contrato con esta empresa era la prestación de servicios de apoyo a la gestión de Metrocali como experto tecnológico.

Igualmente, aclaramos que pese a que el señor Fabio Alejandro Gordillo Restrepo fungía como apoderado en Colombia de la firma brasileña Logit Inc., no fue él quien otorgó el poder especial a la señora Nohora Patricia Acero para realizar acciones contractuales con Metrocali a nombre de esa firma extranjera.