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Tribunal admite demanda que busca frenar obras de Terminal Sur del MÍO
Esta acción social se suma a los obstáculos que enfrenta el proyecto de Metrocali, que se encuentra ya suspendido por no haber realizado estudios de conservación arqueológica.
El Tribunal Administrativo del Valle admitió este jueves una acción popular interpuesta por la comunidad del Valle del Lili que busca 'tumbar' el proyecto de la Terminal Sur del MÍO en ese sector de la ciudad.
Según el abogado Armando Palau, representante de los demandantes, el recurso busca defender los derechos colectivos al ambiente sano, el aprovechamiento de recursos naturales, la conservación a áreas de importancia ecológica y la preservación del patrimonio arqueológico.
Estos derechos se estaría vulnerando con la construcción de la Terminal Sur del MÍO, según la demanda.
Ese proyecto se encuentra actualmente suspendido por orden del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien exigió realizar estudios correspondientes para evitar un daño arqueológico.
La demanda, explica Palau, había sido presentada el pasado 17 de agosto, pero fue inadmitida inicialmente por un juez del Tribunal que pidió declararse 'impedido'. Tal petición fue negada por el Tribunal la semana pasada, y el juez decidió finalmente admitir la demanda este jueves.
El recurso lograría que el Tribunal cite a los demandados, en este caso Metrocali y la CVC, a audiencias de conciliación con los demandantes, es decir, la comunidad del Valle del Lili. De no llegarse a acuerdos, el caso pasaría a los estrados judiciales.
La Terminal del Sur es uno de los proyectos del sistema integrado de transporte, cuenta con una inversión cercana a los $60.930 millones e inició su construcción formalmente el pasado 8 de mayo, con la adjudicación de los predios al Municipio.
Estará ubicada en el cruce de la proyección de la Carrera 103 con Autopista Cali-Jamundí.
Desde junio de este año, cuando se tenía previsto el comienzo de las obras, la comunidad del sector Valle del Lili inició una serie de manifestaciones denunciando que el proyecto afectaría gravemente el ecosistema del humedal El Cortijo. Además, que traería problemas a la movilidad y la conservación de la infraestructura vial de la zona residencial.
La polémica desatada alrededor de la obra llevó al Instituto Colombiano de Antropología e Historia a ordenar su suspensión, aduciendo a la ausencia de estudios arqueológicos.
La Termina operaría de manera similar a las terminales de Menga y Paso del Comercio. Tiene un plazo de 24 meses y 14 días.
