Así es como la Superintendencia frenará las trampas del sistema de salud

El sistema de salud en Colombia ha sido blanco de corrupción, malos manejos y mafias que se han apoderado de millonarios recursos.

A ello, se agrega la deficiente atención de algunas Empresas Promotoras de Salud, EPS, que no atienden debidamente a los usuarios, muchos de los cuales tienen que acudir a la tutela para lograr citas y exámenes médicos. Otros han fallecido en las puertas de los hospitales.

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, ha prometido que con la Ley 1949 muchas de esas cosas podrían solucionarse.

Muchos usuarios no le creen a la ley que le dio más ‘dientes’ a la Supersalud para sancionar a las EPS que le incumplan a los usuarios. ¿Qué tan real es el alcance de esas medidas?
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Esta ley nos entregó las herramientas como una muestra de que si podemos cambiar el sistema (de salud). No tuvimos un solo voto en contra en el Congreso de la República. Todos fueron a favor, ya que la gente se dio cuenta que tocamos fondo. Eso lo dejamos envejecer mal, no se tomaron decisiones oportunamente porque muchos de los vigilados le han hecho trampa al país. No es una ley solamente para las EPS como la gente cree, sino para sancionar a todos los actores del sistema de salud que no le han cumplido a los colombianos, y así corregir el rumbo.

¿No es exagerado ese positivismo, pues lo cierto es que miles de personas que van en busca de atención médica y entrega de medicamentos, sufren un drama diario?
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Aquí vamos a empezar a sancionar, y lo haremos un poco más duro, no solo a las personas jurídicas sino a las personas naturales. Nos vamos a ir de frente contra los que le han hecho trampa al sistema de salud, ya que cuando comprobemos que alguien cometió un delito y robó recursos —matando así a los colombianos— le aplicaremos las máximas sanciones que fija la ley.

No solamente serán multas sino remociones para inhabilitar a los culpables por 15 años y que no vuelvan a pisar una institución pública o privada. En eso estamos trabajando para proteger la vida y la salud de las personas.

¿No cree que se debe depurar primero el sistema para acabar con los carteles y las mafias que se han apoderado de millonarios recursos de la salud?
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Lo que me ha pedido precisamente el Presidente de la República es una depuración para que tengamos un sistema de salud con calidad y oportunidad. Aquí ha habido abusos de toda índole a través de mafias y de los carteles del Sida, de la hemofilia, el Soat, el Síndrome de Down y hasta del bastón.

Se les aplicaban multas insignificantes de entre 200 y 500 salarios mínimos, pero ahora nos vamos a ir con multas hasta de 8000 salarios mínimos para las personas jurídicas y de 2000 contra las personas naturales. Habrá, asimismo, multas sucesivas frente a conductas que no eran sancionables antes.

Si le damos, por ejemplo, una instrucción a una EPS que debe entregar un medicamento, agendar una cita con una especialista a un usuario, e incluso programar una cirugía y no cumple, empezamos a sancionarla con 3000 salarios.

Y si nos enteramos que también hubo malversación de fondos, o se hizo mal uso de recursos, podremos aplicar multas de 2000 salarios mínimos a personas naturales más la inhabilidad por 15 años.

Aquí la verdad es que la salud se volvió un drama. Un drama para conseguir una cita, un medicamento o la autorización para un examen, y todo mundo haciéndole trampa al sistema. Usted encuentra multimillonarios por toda parte y de gente que abusó del sistema. Es justo que le pongamos un freno a esto.

¿Por qué no se han perseguido con dureza esos tramposos, que usted menciona, para que respondan ante la justicia?
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Ese es otro de los objetivos principales más la capacidad sancionatoria de la Superintendencia al elevar las multas contra los responsables y las nuevas conductas sancionables.

Precisamente vamos a fortalecer el área jurisdiccional de la Superintendencia y queremos especializar más a ese juez de la salud, porque había un desgaste, por ejemplo, en sanciones económicas por procesos entre una EPS y un empleador.

En el futuro un juez de tutela podrá ver las sentencias (en derecho) de la Superintendencia que comprometen sanciones a médicos, entre otras cosas. Nos vamos a concentrar en los riesgos que comprometen la salud de los usuarios.

Usted insiste en la capacidad sancionatoria de la Supersalud, pero ¿cómo evitar también la lluvia de tutelas en los juzgados para que las EPS atiendan debidamente a las personas?
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Puede que no se frenen las tutelas como se está pensando, pero evidentemente a medida que vayamos mejorando y enfrentemos la corrupción, el sistema de salud seguirá mejorando.

Y si quitamos de en medio a estos corruptos y a los intermediarios que tanto daño le hacen al sistema, las cosas cambiarán, y de seguro van a bajar las reclamaciones a través de las tutelas.

Yo no pienso reemplazar al juez de tutela porque es vital porque estos seguirán funcionando para proteger los derechos fundamentales de las personas. En mi caso protejo el derecho, pero también al sistema.

Para nadie es un secreto que la mayoría de las EPS acusan dificultades financieras. ¿Qué se hará para que esas entidades se fortalezcan, o que sean liquidadas si no pueden seguir operando debidamente?
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Otro alcance de la ley que le pondrá límite a los procesos de reorganización de las EPS. Es decir, que si una EPS quiere cambiar de NIT y dejaba las deudas al otro lado para camuflarse, eso no lo vamos a permitir. Si una empresa de salud quiere hacer ese proceso, primero tiene que pagar, cuándo lo hará y de qué manera. Habrá por lo tanto un límite, ya que los procesos de reorganización que no le cumplan a la red, no los vamos a autorizar.

Además, cada EPS deberá aportar mayor información financiera para compararla con el resto de los actores del sistema.

Antecesores suyos han adelantado investigaciones, pero todo ha quedado en nada después de muchos años. ¿Por qué?
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En eso tiene toda la razón. Fue uno de los grandes problemas que encontré. Unas veces porque dormían el sueño de los justos y otras porque no se sabía si fue por una directriz o una instrucción. O también por focos de corrupción al interior de la Superintendencia. Eso es lo que estamos combatiendo para una reestructuración de la entidad.

Vamos a mejorar el perfil de los funcionarios y sus capacidades técnicas, porque no es posible que una investigación tarde dos, tres y más años. Para ello habrá un equipo de trabajo que se dedicará especialmente a esos procesos para aplicar las sanciones de forma oportuna.

Eso significa que en adelante se podrá revocar el funcionamiento de una EPS de malos servicios..
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Claro. Eso ya lo estoy haciendo. Estamos iniciando procesos contra algunas entidades que no le cumplieron al país y no corrigieron su deterioro en lo servicios, que carecen de reservas técnicas y que no tienen una red de prestadores.

En este momento hay 22 EPS con medida de vigilancia especial. Tienen restricciones en materia de afiliaciones. Es decir, que no podrán incorporar a nuevos usuarios.

Desde septiembre del 2018 se les dirigieron circulares para advertirles sobre su mal funcionamiento. Y el 2 de octubre se les anunciaron plazos y condiciones que debían cumplir. En cualquier momento puedo hacer revocatorias parciales de EPS o de cualquier otra entidad del sistema.

Por ejemplo, en Córdoba ya se inició el proceso para revocar el funcionamiento de una EPS, sin que ello sea asumido como una persecución. Lo claro aquí es que se debe acabar la corrupción y la excesiva intermediación de los servicios.

A propósito, el caso de Medimás ha sido uno de los más controvertidos. ¿Qué va a pasar con esa entidad, pues sigue operando en medio de anomalías e incumplimientos a los usuarios?
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Esa es una de las EPS que mayores problemas tiene en el país. Siempre me preguntan por esa, pero hay otras que están peor.

Medimás lleva un año en líos, aunque existen otras que llevan más muchos años incumpliéndoles a los colombianos, con infinidad de tutelas y que no tienen el patrimonio mínimo para operar y que además cargan con unas deudas enormes. Medimás está en vigilancia especial con el apoyo de la Contraloría y la Procuraduría General, y ahora con el Ministerio del Trabajo.

Estamos esperando que el comprador (Dynamic Business and Medical Solutions Inc. de EE.UU.) defina las condiciones del negocio. Por ahora hay solo unos supuestos, y no me puedo pronunciar sobre eso hasta que no concrete la negociación.

Tenemos que revisar quién es el comprador, de dónde y cómo vienen los fondos, y atender ante todo el nivel de exigencia de la agente liquidadora, la Supersociedades y nosotros como Supersalud.

Los dueños de Medimás no son vigilados míos, sino de la Supersociedades. Pero en este caso vamos a actuar todas las entidades para evitar que haya más daños a los usuarios. Sobre ese caso estoy encima y muy pendiente.

¿Es posible reducir el número de EPS para sacar a las que no operan bien y dejar a las mejores?
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Todo eso es posible. Muchas, sin embargo, se van a fortalecer porque las medidas de la Supersalud van a permitir que mejore su situación financiera y podrán recibir usuarios, y habilitarlas en algunas regiones.

Otras están pensando en fusionarse y presentar proyectos de mejoramiento. Pero las que no están cumpliendo no les vamos a dilatar más su tiempo de funcionamiento.

¿Cuál es el monto y la estrategia para resolver el problemas de las millonarias deudas de muchas de esas EPS con hospitales y clínicas?

Lo más importante es que eso irá de la mano de un proyecto de ley o un acuerdo de punto final. Hoy las cifras de las deudas del sistema no están claras. Dependiendo del actor, del gremio y las instituciones, hay que depurar esas cuentas.

Los hospitales públicos y las clínicas privadas afirman que la deuda es de $23 billones, pero si se le pregunta a los aseguradores dicen que son $10 billones. Nosotros tenemos una cifra registrada que oscila entre los $16 billones y los $19 billones.

Ese acuerdo de punto final pone las deudas en cero, y que cada actor pague lo que debe. Ahí obviamente está el Gobierno con una deuda que debe aceptar y que puede sumar entre $3 billones y $5 billones. Todo apunta a que esas futuras carteras no pasen de 90 días de mora. Se trata de un proceso que lo está liderando el propio ministro de Salud, Juan Pablo Uribe.

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