Exgobernador Alejandro Lyons logra principio de oportunidad con la Fiscalía

La vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, anunció este miércoles que se firmó un principio de oportunidad con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, por lo que se convierte en la pieza clave de las investigaciones que se adelantan por los casos de corrupción en Córdoba. 

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La Vicefiscal explicó que el acuerdo obliga a Lyons a devolver dineros como medida de reparación; a cumplir prisión efectiva en Colombia y a comprometerse a ser testigo contra las personas que resulten involucradas por la Fiscalía en los casos de corrupción en Córdoba y en la Corte Suprema de Justicia. 

Entre las condiciones del acuerdo se establece que el exgobernador tendrá que devolver los bienes que adquirió producto de la corrupción en Córdoba, los cuales serían superiores a los $5000 millones.

En cuanto al proceso judicial de Lyons, la Fiscalía ya solicitó a la justicia estadounidense fijar una fecha precisa para la audiencia de imputación de cargos contra el exmandatario departamental y se espera que en los próximos días se conozca la fecha de la diligencia.

La Vicefiscal indicó que el ente acusador "ha recaudado evidencia que no está solamente en grabaciones sino también en correos electrónicos, pruebas documentadas y testimonios de terceros".

A Lyons se le señala de al menos 20 hechos de corrupción contra la administración pública. Uno de ellos, ser el presunto responsable de las irregularidades detectadas en el manejo del Sistema General de Regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en el departamento.

Para el fiscal, Néstor Humberto Martínez, Lyons deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

La investigación se relaciona con el posible fraude de recursos que superan los $10.000 millones, los cuales habrían sido usados de manera indebida a través de convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro, durante su administración en el periodo del año 2012 al 2015.