La pesadilla sin fin por el escándalo en la Corte Suprema de Justicia

“Hoy es uno de los días más oscuros de la Corte Suprema de Justicia”. Lo dijo visiblemente afectado el pasado jueves el magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, actual presidente del tribunal, al referirse a la orden de captura contra su antecesor y amigo, el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, vinculado al escándalo por corrupción en la toma de decisiones judiciales.

El escándalo conocido como el ‘Cartel de la Toga’ afecta también, y por los mismos señalamientos, a otro expresidente de ese tribunal, Leonidas Bustos; al actual magistrado Gustavo Malo; al exfiscal Anticorrupción Gustavo Moreno, así como a varios senadores y abogados que, al parecer, habrían conformado una red criminal para desviar fallos de la justicia.

Pero no son solo ellos, pues tres magistrados del Tribunal Superior del Meta y 25 funcionarios judiciales están privados de la libertad, también por hechos de corrupción, sin contar con otros escándalos que han golpeado a las altas Cortes.

La Corte Constitucional, por ejemplo, se vio afectada por el escándalo del entonces magistrado Jorge Pretelt, quien habría recibido $500 millones por incidir en un fallo de tutela a favor de la empresa Fidupetrol, señalamientos que, finalmente, le costaron el puesto y por los que hoy se enfrenta a la justicia.

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También está en ciernes la permanencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, cuya elección ya había sido anulada, y que también fue mencionado en el escándalo de corrupción en el Meta.

Ni qué decir de los escándalos por el ‘carrusel de las pensiones’ en el Consejo Superior de la Judicatura, o la ‘puerta giratoria’ con el nombramiento de exmagistrados de otras Cortes en su Sala Administrativa; el escándalo por supuestos pagos millonarios de una red de abogados para ‘torcer’ fallos de pérdida de investidura a dirigentes políticos desde el Consejo de Estado.

Tampoco se han escapado de señalamientos la Procuraduría de Alejandro Ordóñez por el nombramiento ‘masivo’ en ese organismo de familiares de exmagistrados que ayudaron a elegirlo.

“Todo este tipo de conductas afecta el Estado Social de Derecho, hacen que se pierda la credibilidad en la justicia, que esta toga que se porta hoy, se lleve con tristeza”, consideró la Juez 40 de Control de Garantías que mandó a la cárcel Picota al exmagistrado Ricaurte.

Y no le falta razón. “Por todo esto que ha pasado se siente dolor institucional, se siente indignación, se siente dolor de Patria”, agrega el exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla Paucar, quien defiende el debido proceso, pero afirma que si los inculpados son hallados culpables, merecen el más drástico castigo.

“El que vende una decisión judicial no comete un delito cualquiera, comete el más execrable de los delitos, uno de ‘lesa sociedad’, porque está traicionando toda la confianza que el Estado y la sociedad pusieron en sus manos”.

Y sin desconocer la gravedad de la crisis por la que atraviesa la Administración de Justicia, el exfiscal General Guillermo Mendoza Diago se lamenta de que la “actuación cuestionable de unos pocos magistrados” afecta la imagen institucional de toda la Rama Judicial, “tal como sucede en el Congreso: por unos pocos corruptos, la gente cree que todos los legisladores son corruptos, clientelistas y politiqueros”.
Más aún, Mendoza Diago no duda de que después de la masacre de la Corte Suprema de Justicia en 1985 por el M-19, “esta es la crisis más profunda que vive la justicia en Colombia”.

Pero a pesar de que la “profunda tristeza” que siente el expresidente de la Corte Constitucional y actual rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, por la crisis de la Justicia, el jurista asegura que también siente “una sensación de alegría”.

“Era necesario que esto ocurriera para destapar la olla podrida que ha existido en muchos sectores de la Rama Judicial, como ha existido la corrupción en otros sectores de la sociedad”, afirma el jurista vallecaucano.

Según Henao, la corrupción “es la antinomia de la academia”, pues afirma: “Uno cómo les enseña a los alumnos teoría, disciplina, valores éticos, cuando usted sabe que la solución es con dinero por debajo de la mesa. Como académico me duele saber que la justicia está tocada por la corrupción”.

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Otro experto, el exfiscal General Alfonso Gómez Méndez, considera que “este país suele escandalizarse de lo que ya conoce”, en referencia a que la crisis de la justicia en Colombia es un ‘viejo conocido’, pues son varias las razones que así lo explican.

El primero, dice, es que la Constituyente del 91 le asignó demasiadas funciones electorales a las altas Cortes que terminaron clientelizándolas. “Sacaron a los magistrados de su principal labor y las pusieron a postular, a nombrar, a viajar, a asistir a conferencias, etc”.

Segundo, sostiene que es un error que el Congreso elija a los magistrados y estos juzguen a los congresistas, “por eso hay impunidad para ambos, y hoy en día los magistrados no tienen un juez real que los juzgue penal y disciplinariamente. Por esa vía entraron en este desbarajuste institucional y personal en los últimos años”.

En tercer lugar, Gómez Méndez insiste en que la figura de “la reelección presidencial permitió que los Presidentes intervinieran en la elección de dos y hasta tres Fiscales en su mandato, y en la elección de magistrados de las altas Cortes o haciendo postulaciones”.

Y, en cuarto lugar, Gómez Méndez -que también fue Procurador General- señala como fuente de deterioro institucional la “actitud permisiva” de la sociedad. Se refiere a que además de la llamada ‘puerta giratoria’ en la justicia, también conocida como ‘yo te elijo tú me eliges’, los altos cargos han servido para pagar favores personales.

“En la pasada Fiscalía todo el país asistió a la ‘contratitis’ de Eduardo Montealegre: para pagarles el favor a los magistrados que cambiaron la jurisprudencia para permitirle estar más tiempo que el permitido, cuando esos consejeros de Estado terminaron su periodo, aparecieron con contratos de $500 millones y $1.000 millones, y eso al país no lo sorprendió, como tampoco lo sorprendió los millonarios contratos con Natalia Springer”.

La fuentes consultadas sostienen que llegamos a la peor crisis de la Administración de Justicia porque se perdió el horizonte de lo ético.
“Los colombianos tenemos que unirnos para ver qué es lo que ha pasado con nuestra justicia y con nuestra sociedad, porque esto es un reflejo de todo el decaimiento de la ética en los seres humanos, donde los únicos valores que subsisten son el dinero y el poder, olvidando otros valores como la dignidad y el respeto por la sociedad”, afirma el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Nilson Pinilla Pinilla.

El exmagistrado, que también fue Presidente de la Corte Constitucional, agrega que si bien la corrupción no es nueva en el mundo, lo que sí es nuevo es “el envilecimiento y el cinismo con que algunas personas están manejando los escenarios de la majestad de la Justicia. Si negáramos toda consideración social a los bellacos, habría muchos menos”.

Los expertos plantean distintas alternativas para recuperar la credibilidad. “Lo que hay que hacer es aplicar el Código Penal”, afirma de forma tajante el exfiscal Gómez Méndez.

Para Pinilla, la única forma de recuperar la dignidad de la Justicia es impartiendo verdaderos valores humanos, no solo desde la familia sino también desde la escuela y la academia. “El tema es ante todo humano, generacional y de educación. Sería muy importante que los colegios de Abogados cumplan labores de autorregulación y que las universidades entreguen el diploma no solo a quien pagó todos los semestres sino a quienes en verdad muestran principios éticos y de compromiso con la sociedad”.

El rector Henao, entre tanto, admite falencias en la formación profesional de las nuevas generaciones, pues dice que “se ha vuelto muy laxa”.

“La corrupción no es propia del ser humano, como nos dicen los ‘filósofos’ Nule. Toda esa cultura de la corrupción se corrige desde la familia y en la academia. Tenemos que hacer esa revisión”, sostiene.
En cualquier caso, sea vía legal, reforma constitucional o referendo, el tema tiene que pasar por el Congreso, al decir del ex fiscal Mendoza Diago, quien recuerda que los dos intentos anteriores de reforma a la justicia se hundieron: uno que se cayó en la revisión de la Corte Constitucional por vicios de trámite, y el otro que no alcanzó a convertirse en ley.

“Lo importante es que el trámite legislativo sea expedito, consensuado y ajustado a las normas para que no se vuelva a hundir en la Corte. Pero la justicia necesita muchos ajustes”, concluye.

El Gobierno Nacional presentó una propuesta de llevar la reforma estructural a la justicia vía referendo, la que ‘nació muerta’, pues no cayó bien en ningún sector político.

El escándalo en la Corte Suprema de Justicia, que ahora llaman ¿el cartel de la toga’ se destapó a raíz del pedido de dinero que le hicieron el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla, en Miami, al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para frenar un proceso que por corrupción en su contra.

Allí se supo, por unas grabaciones de la DEA, que estos actuaban con los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos y que habría hecho cobros a congresitas.

La justicia no se debe vender, no se debe ofrecer, no se debe exponer siquiera. Son graves las conductas que se han enrostrado”, dijo la Juez 40 de Garantías a Ricaurte.