Las claves para entender el escándalo de corrupción en la Corte Suprema

Las pruebas de la justicia de los Estados Unidos sobre el escándalo de corrupción que avergüenza a la justicia colombiana fueron entregadas de forma compartimentada, al punto que la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes no tienen el documento completo de las grabaciones sobre el ahora denominado ‘Cartel de la toga’.

El documento completo que está en manos de la Fiscalía General tiene al menos 1000 páginas más y promete enredar a más implicados en este caso de cobro de dineros a cambio de decisiones judiciales que ya involucra a los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, así como a los congresistas Musa Besaile y Hernán Andrade, al exgobernador Luis Alfredo Ramos y a los abogados Luis Gustavo Moreno, Luis Ignacio Lyons y Leonardo Luis Pinilla.

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Parte de ese documento, revelado en días pasados y que corresponde apenas a 11 hojas, da cuenta de una conversación entre Pinilla y el exgobernador Alejandro Lyons, a quien le estaba pidiendo dinero para favorecerlo con su proceso judicial por corrupción, y allí hace una mención a los magistrados de la Sala Penal.

Fuentes consultadas por Colprensa indicaron que este escándalo creó una fractura en el interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, habría un bloque entre los juristas José Luis Barceló, Eugenio Fernández, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro. Por otro lado, Luis Guillermo Salazar y José Francisco Acuña estarían aislados y lejanos a este grupo.

Asimismo, está Gustavo Malo Fernández sobre quien pesan ya los señalamientos y quien fue ya denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por las demoras en el proceso contra Musa Besaile por ‘parapolítica’ desde 2007 y que este asumió desde 2014, año en el que al propio senador, Moreno le pidió 6000 millones para frenar una orden de captura, de los cuales pagó 2000 millones.

El martes debe acudir a la Corte Suprema de Justicia a rendir declaración el senador conservador Hernán Andrade, salpicado por el escándalo de los sobornos.

Igualmente, está la magistrada Patricia Salazar, quien era auxiliar de Malo Fernández antes de ser elegida en propiedad. Y, finalmente, el magistrado Eyder Patiño, quien también estaría ‘aislado’ por sus compañeros.

Fuentes de la Corte indicaron que se buscará esclarecer la veracidad de lo dicho por Pinilla y referenciado en esas 11 páginas, en donde se señala a Malo como cercano del exmagistrado Bustos, quien parecería ser la cabeza de este entramado de corrupción y supuestamente en nombre de quien Moreno pedía la plata a los congresistas. Igualmente, se señala a Patricia Salazar en su rol de auxiliar, a Patiño como quien “después se volteó” y a Castro como no ser “ni ‘paquí’ ni ‘pallá’”.

La Corte buscará entrar a verificar si estos comentarios de Pinilla tienen algún asidero documental y así descartar que Pinilla simplemente haya “chicaneado” ante Lyons para convencerlo de pagar una gruesa suma de dinero a Luis Gustavo Moreno.

La Sala de Instrucción que lleva este caso, compuesta por Barceló, Acuña y Hernández, buscará escuchar a todos los magistrados y exmagistrados auxiliares del despacho de Leonidas Bustos y de Gustavo Malo, incluyendo a Patricia Salazar.

Se busca lograr el testimonio del exmagistrado auxiliar de Malo, José Reyes, quien habría dejado un proyecto de apertura de investigación formal contra Besaile por presuntos nexos con grupos paramilitares que nunca se concretó y quien salió del cargo.

También fueron citados para ese día el exsenador Julio Manzur, en juicio por ‘parapolítica’ y su hijo Wadith para que den sus versiones sobre las exigencias de dinero.

Entre las personas que se escucharán igualmente están los integrantes de la Policía Judicial de la Fiscalía que deben cumplir las órdenes de detención que emana la Corte.

Fuentes de la Corporación explicaron que son “los primeros en reclamar que la Corte se purgue” y que salgan quien deba hacerlo, pues este escándalo ha provocado tensiones en la Sala, además de la citada división entre sus actuales integrantes.

Además, en Sala Plena, la Corte Suprema acordó crear una comisión para revisar el reglamento de esa instancia, que no tiene funciones jurisdiccionales; así como el reglamento de la Sala Penal para introducir más ajustes y controles y minimizar riesgos.

Uno de los asuntos a tratar sobre el reglamento tiene que ver con los registros de visitas, pues actualmente se confunden los ingresos a despachos cuando se trata de visitantes y cuando se trata de abogados e investigados que ingresan a una citación en el marco de un proceso. Igualmente, se buscará la forma de reglamentar que un visitante no pueda con el acceso ya autorizado a un despacho, pasar a otro, pues dicha visita no quedaría en el registro.

El escándalo se destapó tras la captura del exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien recibió dinero para favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

Por otro lado, se confirmó que una delegación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes acudió a la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema a hacer la diligencia de inspección sobre unos expedientes el pasado jueves en horas de la mañana.

Tras la compulsa de copias que hizo la Fiscalía a la Corte sobre los senadores Besaile, Andrade y Ramos, la Sala de Instrucción que lleva el caso aclaró que se trata de investigaciones independientes.

Por ahora, los esfuerzos se centraron en el caso Besaile, a quien ya escuchó en una primera versión, que continuará el martes de la próxima semana; y en la cual fueron citados Moreno y Pinilla, que no declararon por el momento, y Julio Manzur, quien hará lo propio el lunes.

En este caso, el magistrado que preside la Sala de Instrucción, Luis Antonio Hernández, les pidió silencio ante los medios a Besaile y a su abogado Julián Quintana, luego que este hiciera explosivas declaraciones, confirmando los pagos, con lágrimas incluidas.

Y aunque se han hecho reclamos públicos por parte de la ciudadanía y de sectores políticos para detener a Besaile tras confesar el pago de $2000 millones, la Sala explicó que el proceso apenas está en investigación preliminar, que el senador fue escuchado en una versión en la que no hay juramento y que solo después de una apertura formal de instrucción, se podría entrar a definir la situación jurídica del congresista del Partido de la U.

Las fuentes consultadas explicaron que, hasta el momento, ninguno de los implicados ha referenciado a otro magistrado o exmagistrado como envuelto en este entramado de corrupción y que solo ha salido otro proceso cuestionado, el del exsenador Julio Manzur, que está en etapa de alegatos finales.

No obstante, en el interior de la Sala Penal sí se está revisando en detalle la investigación preliminar que existe desde 2007 contra Besaile por ‘parapolítica’, pues en el radicado 27.700 aparece como última actuación que tiene el magistrado Malo Fernández un auto de pruebas del 19 de octubre de 2016.

La idea es desentrañar qué se ha hecho, qué decisiones internas se han tomado, quiénes han actuado en este como auxiliares y si hay alguna irregularidad o no. Esto, teniendo en cuenta que los hechos que confesó Besaile habrían ocurrido entre diciembre de 2014 y abril de 2015.

Sobre las investigaciones contra Andrade y Ramos, hasta el momento se decidió por la Sala de Instrucción citarlo a declarar en versión libre, a la que el dirigente conservador ya anunció que acudirá. Incluso, radicó ante la Corte un documento en el que se pone a disposición de la Corte. Y, en el caso Ramos, todavía no se ha iniciado ninguna actuación.

La Fiscalía inició las investigaciones para determinar si hay lugar a procesar al exmagistrado Francisco Ricaurte por el caso de senador Musa Besaile, quien lo referenció en el marco de las exigencias económicas que le hizo Luis Gustavo Moreno.

Su abogado, el defensor Álvaro Luna, aseguró que “el señor Ricaurte está pendiente de cualquier cosa para que se le cite, para venir y responder, tanto a la Fiscalía y a toda Colombia, porque él tiene una trayectoria excelente y nunca ha tenido problemas con la justicia”.

Por otro lado, se confirmó que los abogados Leonardo Pinilla y Luis Ignacio Lyons están buscando una negociación con la Fiscalía General de la Nación para obtener beneficios a cambio de colaboración e información.

Igualmente, ya la Judicatura inició las investigaciones correspondientes en contra de todos los implicados, incluyendo el exmagistrado Camilo Tarquino por el presunto cobro de dineros a cambio de favores en procesos judiciales.

“Se está oficiando a la seccional para que surta la investigación para que analice las conductas en las que pudo haber incurrido el abogado Lyons”, explicó el presidente de la Judicatura, magistrado Pedro Alonso Sanabria.

De acuerdo con Sanabria, “las faltas son de bastante gravedad en el evento en que son faltas contra la administración de justicia, pueden llegar incluso hasta la exclusión de la profesión de abogados”.