Víctimas y líderes sociales exigen implementación rápida del acuerdo de paz

A dos semanas de la terminación del ‘fast track’, 59 organizaciones de víctimas y 60 líderes sociales interpusieron una tutela para que se obligue al Congreso de la República a implementar el acuerdo de paz sin dilaciones.

La tutela radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá va dirigida en contra del Congreso y el Presidente de la República para que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la implementación legislativa de lo pactado.

En concreto, se solicita que los congresistas “se abstengan de abusar de sus facultades parlamentarias o de omitir el deber de asistir a las sesiones, para impedir la implementación del Acuerdo Final”.

Al Presidente Juan Manuel Santos le piden “convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso de la República y emitir el mensaje de urgencia respecto de aquellos proyectos de Ley priorizados para la implementación del Acuerdo Final”.

Igualmente, se le solicitó al Gobierno que radique los proyectos de ley pendientes y priorizados para la implementación y que se expidan los decretos que hacen falta para “la efectiva implementación y puesta en marcha de cada uno de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz en el marco de sus competencias”.

La tutela busca que se ordene a los presidentes del Senado y Cámara de Representantes dar tramite a todos los proyectos de ley que están en curso por la vía del ‘fast track’, tomar medidas para que los congresistas vayan a las sesiones y emitir sanciones en caso de que sea necesario.

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“(…) garantizar la celeridad en el trámite legislativo, impidiendo que se desplieguen maniobras de entorpecimiento a las funciones del Congreso mediante el abuso en los usos de tiempos para intervención de los Congresistas y Bancadas, las constancias, las proposiciones y demás actuaciones que excedan el principio de buena fe”, entre otras peticiones más.

Para las organizaciones de víctimas, ad portas de terminar el ‘fast track’ sólo se ha aprobado 18 % de las leyes necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz, siendo el punto 1 sobre Reforma Rural Integral, en el que se evidencian los mayores retrasos.