Semana clave en el Congreso para definir los nuevos impuestos del 2019

La llamada ‘ley de financiamiento’ deberá comenzar esta semana su tránsito por el Congreso de la República, pues el tiempo corre y hasta el momento no hay una ponencia definitiva para ser sometida a primer debate.

Se estima que el próximo miércoles esa ponencia deberá quedar lista, ya que al controvertido proyecto tributario le quedarían escasos 20 días para ser aprobado por el legislativo.

A pesar de que se descartó la ampliación del IVA a toda la canasta familiar, hay propuestas —también polémicas— de aumentar ese impuesto a los licores y la cerveza, del 5% al 18%. Sin embargo, en las últimas horas, el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado informó que no habría tal ajuste.

La Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, Acil, había calculado que si el IVA llegare a aumentarse a los licores, esas empresas tendrían un bajonazo en las ventas superior a los $50.000 millones el año entrante.

La idea se había ventilado con el ánimo de mejorar los ingresos del fisco para conseguir $14 billones extra para 2019.

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“Las propuestas y demás ideas en torno a los cambios sugeridos a la Ley de Financiamiento, hechas al amparo de dichas sesiones de trabajo, deben contar con el aval del Gobierno Nacional y serán incluidas en la ponencia definitiva que se espera presentar para el primer debate esta semana”, señaló esa cartera a través de un comunicado.

El ministerio, a cargo de Alberto Carrasquilla, explicó que durante los últimos días se han venido adelantando diferentes sesiones de trabajo entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para el trámite del proyecto de ley de financiamiento, donde se han analizado y discutido diferentes propuestas.

“En el caso específico de una propuesta del cambio del régimen monofásico del IVA de cervezas y gaseosas, el Ministerio de Hacienda se permite aclarar que ha sido una de las muchas ideas surgidas en las mesas de trabajo, la cual debe tener un riguroso análisis técnico sobre sus posibles efectos”, dijo.

El Ministerio enfatizó que “solo hasta el momento de la publicación de la ponencia para el primer debate del proyecto de ley de financiamiento se conocerán los cambios definitivos que tendrá”, por lo que pidió no sacar conclusiones definitivas sobre los cambios que tendrá.

“No hay acuerdo alguno o aprobación de cambios de tarifas”, subrayó esa cartera.

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A pesar de que el Ministerio de Hacienda desvirtuó las versiones sobre puntos acordados en el proyecto, varios parlamentarios, entre ellos la representante Catalina Ortiz, han señalado que “para el 2019, si no se obtienen los recursos suficientes por esta vía, será necesario recortar el presupuesto”.

Eso implicaría, subrayó un mayor recorte del gasto público por parte del alto Gobierno, lo mismo que de varios proyectos de inversión.

Se ha señalado que por efectos de la ley se recaudarían alrededor de $8 billones, pero quedaría un faltante de $6 billones.

“Hay que recortar algunas cosas. ¿Qué se puede recortar? Algunos programas sociales o algunos proyectos de inversión que estaban incluidos en el presupuesto y que de alguna manera quedaron sujetos a que se encontraran los recursos por la vía de la ley de financiamiento”, indicó por su parte Camila Pérez, subdirectora de Fedesarrollo.

Tras desvirtuarse el IVA a la canasta básica, los recursos faltantes deberán ser aportados por los asalariados a través del impuesto sobre la renta, al igual que por concepto de retención en la fuente, el impuesto a la riqueza y a los dividendos superiores a los $10 millones.

Solo por el imporrenta a las personas naturales se obtendrían $1,2 billones tomados de gravar las pensiones superiores a $9 millones y de salarios por encima de $4,6 millones al mes.

En cuanto al impuesto al patrimonio, el fisco recibiría $1,2 billones mediante una tarifa de 1,5% para patrimonios líquidos superiores a $5.000 millones, descontando los primeros $463 millones de la vivienda.

Otro escenario propuesto es que el Gobierno buscaría recibir $3,1 billones por concepto de la sobretasa de IVA presuntivo que pagarían 2,8 millones de personas, debido a sus mayores consumos al año.

Algunas centrales obreras como la CUT y la CGT han señalado que como están las cosas, y ante la falta de tiempo para tramitar puntos críticos como el IVA, la ley de financiamiento terminará aprobada a ‘pupitrazo’ en el Congreso de la República poco antes de la Navidad.

Uno de los puntos que no tendría problemas en ser aprobado es la reducción de la tarifa de renta para las empresas.

El proyecto propone rebajar esa tarifa del 35 % al 30 % de forma gradual hacia el año 2021.

De esta forma, señaló hace poco el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se buscaría con ese alivio, que las compañías generen empleo y eleven su productividad.

Algunos sectores han advertido que esa medida no es suficiente
para mejorar el empleo.