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Con la presencia de algunas personalidades de la vida nacional, ayer se dio inicio al debate sobre la posibilidad de establecer la cadena perpetua en Colombia para la violaci�n de menores. Ser� un debate que adem�s de contemplar las razones de todo orden, a favor y en contra de la medida, debe servir para evaluar si la justicia en Colombia cumple su papel como protectora de los derechos de los ciudadanos.

Sin duda, la existencia de 7.800 dict�menes oficiales sobre violaci�n de menores debe motivar la reacci�n de una sociedad que se dice civilizada, ante los abusos de que son objeto sus ni�os y sus j�venes. M�s cuando las estad�sticas indican que el 80% de los casos denunciados son atribuidos a familiares o allegados de las v�ctimas. Existe entonces el deber de reaccionar para proteger los derechos que la ley reconoce a los menores, con hechos antes que con declaraciones que poco se cumplen.

Por s� solas, esas cifras indican la necesidad de actuar contra una conducta antisocial que est� en la base de los comportamientos violentos de los menores que han sido objeto de abusos sexuales. Es la faceta social de un crimen que no ha sido bien entendido, por lo cual, como lo afirman expertos sobre el tema, el ni�o violado hoy puede ser el violador de ma�ana. Y tiene mayores posibilidades de convertirse en un delincuente que busca venganza al abandono de que fue objeto.

Quienes proponen la reforma constitucional que permita la cadena perpetua para los violadores argumentan tres razones: la preeminencia de los derechos de los menores sobre los de quienes abusen de ellos, la obligaci�n de castigar con decisi�n el execrable delito para evitar su reincidencia y la necesidad de cambiar la interpretaci�n de la aplicaci�n de la justicia, seg�n la cual, en Colombia existe m�s preocupaci�n por la suerte jur�dica del agresor que por el bienestar de la v�ctima. A lo que cabr�a agregar que en esa interpretaci�n se anteponen los derechos individuales de los delincuentes a la protecci�n de los derechos colectivos de la sociedad.

En el otro lado est�n quienes creen que el problema no consiste tanto en el tama�o de la pena, sino en la incapacidad o la ineficiencia del Estado para educar sobre el respeto a la integridad sexual y para investigar y perseguir a los violadores y la falta de justicia para castigar a los delincuentes. Todo lo cual es incentivado por un perverso sistema de rebaja de penas que termina por anular los prop�sitos que se buscaban al establecer las condenas y no sirve para disuadir a los posibles criminales.

La pregunta es, entonces, si la reforma constitucional para implantar la cadena perpetua es el camino indicado para combatir los abrumadores �ndices de violaci�n a menores de edad. O si no es mejor enfrentar las causas estructurales que permiten la burla sistem�tica de la legislaci�n penal e impulsan la impunidad en Colombia. Nos referimos a la tendencia de buscar en la ley la causa de la criminalidad y los males que padece el pa�s y no en la incapacidad de las instituciones para aplicarla.