Esta es la trágica realidad del abuso sexual a niños que los caleños no conocen

Esta semana su nombre fue Sara Yolima o Sarita, como muchos le decían para recalcar que solo tenía 3 años cuando fue asesinada. Había sido violada. Medicina Legal explicó que las huellas de la barbarie halladas en su cuerpo eran señales de maltrato físico y violación “antiguos y recientes”.

Tres meses antes, en diciembre, su nombre fue Yuliana Andrea, la niña de 7 años, violada y asfixiada por el arquitecto Rafael Uribe, condenado a 51 años. Ese crimen: “Atroz”. “Aberrante”. “Una barbarie”..... -como lo llamaron en titulares o en redes sociales- conmocionó a un país que marchó, gritó y tuiteó #Niunamás. #Niunamenos. ¡Que el asesinato de Yuliana no sea una estadística más!

Sentado en una oficina de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, en el centro de Cali, el fiscal abre una hoja de excel en su computador. La mira y cuenta 38 denuncias por abuso sexual a menores en 20 días.

“Historias como las de Yuliana o Sara las vemos acá a diario. En esos casos no se han presentado asesinatos, pero el drama de esos niños es igual de aberrante”, dice. Cada hora en Colombia dos niños son abusados.

Son las 4:30 p. m. del viernes. Afuera un grupo de mujeres, integrantes de organizaciones sociales, gritan “Ni una más”. “No más niñas asesinadas”. “No más feminicidios”... “Las niñas queremos vivir sin miedo”... “Que vergüenza la fiscalía”...

En ese excel que analiza el fiscal en una oficina sin ventanas ya no se llaman Yuliana sino Sara, de 1 año. Angélica, 5 años. Lizbeth, 7 años. Patricia, 4 años. Lorenzo, 5 años. Y en una de las columnas, en la que se pregunta si el agresor está identificado, se explica que en 20 de los casos el abusador es el padre, el tío, el abuelo....

El lobo vive con Caperucita. Ella no tiene que salir al bosque para correr peligro, el peligro está allí a diario, en su casa, en su cuarto...

Un informe de la Secretaría de Salud de Cali explicaba que, según las cifras del año pasado, en el 75 % de los casos de abuso sexual de niños (con edades entre 1 y 13 años) las agresiones se habían dado en sus viviendas. Un 54 % de los victimarios eran familiares y un 46 % allegados o amigos de la familia.

Las cifras de la Secretaría son reportadas por la red de salud de la ciudad, que atendió en 2016 a 874 menores por abuso sexual. 717 eran niñas.

El padre de Yuri abusaba de ella. Tiene 6 años y su mamá asegura no saber cuándo empezó el abuso. Ellos se separaron en diciembre y él se fue de la casa.

“Se estaba comportando raro, peleábamos mucho -cuenta Pilar-. Cuando él se fue la niña empezó a tener unas actitudes extrañas. A pedirme que jugáramos de forma sexual porque su papá le hacía eso... Ella pensaba que lo que hacía su padre era solo un juego. Quedé impactada, no sabía qué hacer. Entonces, acudí a la Fiscalía y allí abrieron una investigación. Eso fue en enero”. (Ver daño psicológico).

La niña fue llevada a una clínica, donde permaneció tres días internada. Luego, la llevaron a Medicina Legal para que un médico legista la revisara. Y al final, el caso llegó a la Unidad Caivas (Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales), donde un psicólogo la entrevistó para rendir un informe.

La llevaron a una habitación con dos sillones, una casa de muñecas y otros juguetes. Una cámara debió grabar la entrevista, pero no funcionaban los micrófonos. Al cuarto lo llaman cámara de ‘gessell’, usada para las entrevistas con los pequeños.

En el Caivas hay dos, ambas con los audios dañados. En diciembre, la Contraloría les hizo un llamado de atención, pero aún esperan al ingeniero que las repare. La única que está en funcionamiento completo es la ubicada en el sexto piso del Palacio de Justicia de Cali.

Allí son interrogados los menores cuando el juez ordena que en los juicios se reciba su testimonio. Y solamente puede hacerle las preguntas un defensor de Familia del Bienestar Familiar.

A esa cámara del Palacio de Justicia debía acudir hace dos semanas Olga, a sus 6 años. Y otra vez, contar que ese hombre la “tocó”. Pero en las tres ocasiones en las que debió acudir su testimonio fue aplazado: porque el juez se enfermó; porque la fiscal no pudo acudir...

La niña, a sus 5 años, era cuidada por la suegra de su mamá, (no era su abuela) que vivía cerca de su casa. Pero un día le contó a su madre que el esposo de la nieta de la señora abusó de ella.

Susana denunció de inmediato. El agresor era un policía retirado que fue capturado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Primero lo tuvieron en una estación de policía y luego lo trasladaron a la cárcel. En noviembre pasado salió libre por vencimiento de términos.

“En el papel, la ruta de atención funciona, pero en la realidad todo no es tan perfecto. Es un sistema saturado y en el que se revictimiza a los menores”, dice una de las psicólogas de Caivas.

Las estadísticas hablan de que en el Caivas, el año pasado llevaban 3430 procesos por abuso sexual. En estos casos, 2219 de las víctimas eran menores de edad.

Y el peso de esos procesos recae en diez fiscales, cada uno con un investigador de Policía Judicial (CTI y Sijín) asignado, y en cinco psicólogos.

Cada fiscal tiene una carga de 353 procesos -entre investigaciones, imputaciones y juicios-. Cada fiscal, por lo menos dos días a la semana, tiene que estar en una audiencia ante un juez.

Uno de las fiscales de esta unidad reconoce que no dan abasto con tantos casos. Las denuncias por violencia sexual se han incrementado. Y una de las razones son los riesgos de las redes sociales para los menores, explica.

En este delito, cuenta la fiscal, no solo se enfrenta al gran número de expedientes que reposan en su oficina, también choca con una realidad: “el patrón cultural de madres que por necesidades económicas y afectivas declinan la investigación y el proceso de apoyo a sus hijos”.

Agrega que si el detenido es familia de la víctima, cuando llegan a juicio tienen muchos casos de retractación.

La vida de Sara Yolima fue una cadena de dolor. Una Comisaría de Familia de la población de Armero-Guayabal se hizo cargo de ella porque su mamá -que tenía 8 hijos- dijo que no podía mantenerla.

Su madrina la recibió y durante un año vivió con ella, el esposo y sus dos hijos. Hoy, alguien cercano al entorno que la cuidaba es sospechoso de su muerte. ‘Sarita’ fue violada y golpeada varias veces.

A María también la dejó su mamá. Su papá y su abuela paterna se hicieron cargo de ella. En la casa vivían con un tío. En una ocasión, una de sus tías vio un comportamiento extraño, él la tocaba mucho.

Cuando le preguntó a la niña, de 9 años, qué pasaba, ella empezó a llorar. Le confesó lo que le hacía su tío. No había dicho nada porque él le decía que si hablaba, su abuela se iba a morir de un infarto y ella se quedaría sola.

Casi dos años después, cuando la menor acudió al juicio para testificar negó el abuso. Sin embargo, esa misma semana ella le contó al psicólogo que la atendía que su propio padre y su abuela la culpaban por la captura de su tío. Le decían que ella tenía que decir que él no le había hecho nada para que lo dejaran salir.

La fiscal cuenta que la retractación de los menores ocurre en muchas ocasiones. En esta ocasión, las pruebas y el testimonio del sicólogo mostraban la realidad. El agresor fue condenado a 23 años.

“El tipo está en la cárcel pero el daño a esa niña sigue porque está en una familia que, en vez de apoyarla, la culpa. Ella estuvo en un hogar del ICBF y se escapó para volver a su casa”, dice la fiscal.

Mientras la funcionaria recuerda la historia de María, en la oficina de al lado, un investigador del CTI habla con la madre de una adolescente de 13 años, que fue abusada. La mujer le dice que solo la ha llevado a terapia con el sicólogo una vez porque no tiene tiempo de ir a las citas.

Julia se pregunta por qué para la juez que le dio detención domiciliaria al abusador de su hija de 9 años, este hombre no era un peligro para la sociedad ni para su pequeña. Con esas palabras, cuenta la mujer, la funcionaria justificó la casa por cárcel.

Este hombre es uno de los 33 sindicados de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, que tienen detención domiciliaria en el Valle del Cauca, según el Inpec.

Y no era la primera vez que era detenido por un delito. Cuando abusó de la niña estaba pagando una condena con prisión domiciliaria por porte ilegal de armas.

“Yo me tuve que ir a otra país a buscar trabajo y mi esposo, que era el padrastro de mis dos hijos, dijo que él se quedaba con ellos. Él perdió el trabajo y se fue a vivir con la mamá. Allí vivía un tío de él. Me enteré de lo qué pasaba porque la niña le contó a una prima que ese hombre la tocaba. Me regresé inmediatamente para hacerme cargo de ella y denunciar. Lo capturaron, pero está en la casa. Y lo peor es que allí va una nietecita de él, a la que, según mi hija, le hizo lo mismo”, relata Julia.

“Los perjuicios que puede dejar un abuso sexual en una víctima infantil, dependen de muchos factores. Queda un daño terrible en la autoestima, su autovalía. Eso se puede ver en personas que, como adultos, padecen transtornos depresivos o de la personalidad. Otros sufren disfunciones sexuales o se afecta la capacidad de sentir placer sexual. También está el abuso de sustancias psicoactivas. El daño que puede hacer un abuso sexual es inmenso”, dice Javier Rojas, experto en Comportamiento Criminal y ex director de Psiquiatría de Medicina Legal.

Yuri sigue pidiéndole a su madre que jueguen como lo hacía con su papá. Llora. Se desespera. A veces, Pilar no sabe que decirle, cómo explicarle lo que no eran juegos. Que así no actúa un padre con su hijo.
La niña tiene momentos de crisis y ataques de ansiedad. Pese a que la denuncia fue en enero, el tratamiento psicológico para la niña solo inició este mes de abril. Ya tuvo la primera terapia. En la segunda, la psicóloga atendió a Pilar. Deben esperar la siguiente cita hasta junio.

Los menores víctima de abuso sexual, según la ruta de atención, deben recibir un tratamiento. Un equipo conformado por un psicólogo y un trabajador social debe apoyarlos.

Bienestar Familiar explica que hay una directriz en la que los casos de abuso sexual cometidos por integrantes de la familia son atendidos por las comisarías.

En Cali hay diez comisarías. Actualmente, todas tienen psicólogo y trabajador social, excepto la de Alfonso López. Pero estos son contratos por seis meses. Entonces, dice una funcionaria de la Fiscalía, las terapias no tienen la duración que se requiere y las citas las dan para uno o dos meses después.

Johana denunció el abuso de su hija de 9 años en febrero pasado. Cuando acudió a la EPS para pedir la cita con el psicólogo solo se la dieron para el 19 de abril. Ya acudió y a la niña la atendieron 20 minutos. La próxima consulta es el 6 de junio.

Maritza Isaza, coordinadora de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Cali, explica que las EPS están obligadas a prestarle la atención psicológica a las víctimas de abuso sexual.

El protocolo que manejan es de una terapia de cinco visitas como apoyo psicosocial en un año. La funcionaria agrega que entre los abusos sexuales de menores y los casos de intentos de suicidio y de consumo de sustancias psicoactivas hay una relación.

Un policía de la Sijín, que recibe las denuncias de este delito en la URI, recuerda un caso de una niña de 14 años que se lanzó desde un edificio porque su padrastro abusaba de ella. No contó nada porque él la amenazaba con matar a su mamá si llegaba a hablar.

La menor sobrevivió y en la clínica descubrieron el abuso.
Para el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, la violencia es un círculo vicioso que se enseña y se aprende desde el hogar.

“Garavito es un exmaltratado, violado por un tío en sus primeros 6 años. Esas historias se repiten. En temas de abuso, los niños entre 4 y 9 años y las niñas entre los 10 y 14 años son los más afectados. Los niños abusados pueden ser los maltratadores y abusadores del mañana y las niñas serían mujeres que toleran el abuso hacia ellas y hacia sus hijos porque en su historia aprendieron que no pasa nada”.

1. acudir al hospital o la EPS

El primer paso de la ruta es llevar al menor a un hospital o a una clínica.
Según la ley, todo centro médico está obligado a atender a una víctima de abuso sexual.

Si los médicos atienden a un menor y tienen sospechas de abuso sexual, deben reportarlo tanto a la Secretaría de Salud como al ICBF y a la Fiscalía.

2. URI de la Fiscalía 
La denuncia se instaura en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía. En Cali está ubicada en la Calle 10 con Carrera 6.

Allí el caso es atendido por la Policía Judicial y un fiscal destacado para violencia de género, abuso sexual y maltrato intrafamiliar.

3. Caivas de la Fiscalía 
El menor también es trasladado al Caivas, donde un psicólogo realiza la entrevista.

Los fiscales de Caivas también reciben las investigaciones.
El Caivas está ubicado en la Avenida Roosevelt con Carrera 38, en el sur de Cali.

​4. Medicina Legal
El fiscal entrega una orden para que el menor sea llevado a Medicina Legal, donde le realizan un dictamen médico, que va desde una revisión hasta el exámen sexológico.

Los menores víctimas tanto de violencia sexual como intrafamiliar deben ser objeto de un reestablecimiento de derechos. Si la agresión sucede en el hogar porque el agresor hace parte de la familia el caso es atendido por las comisarías de familia con un comisario, psicólogo y trabajador social.

Los otros casos los atiende el Defensor de Familia. En Cali, tres defensores están adscritos a Caivas para hacer seguimiento a los procesos de los menores.