¿En qué va el conflicto de tierras en Tumaco?

El Alto Mira y Frontera, en Tumaco, es uno de los 16 Consejos Comunitarios que existen en el Pacífico sur. Se trata de 46 mil hectáreas que el Gobierno reconoció como territorio colectivo de las poblaciones afro en 2003, en la frontera con Ecuador. La resolución de ello la emitió el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.

Según cálculos realizados por Ocampo Ricaurte, integrante del Consejo, allí viven por lo menos 8000 personas, que se encuentran en las 5 zonas en las que está dividido este territorio. En total son 42 comunidades, la mayoría afro (también hay resguardos indígenas) aunque igualmente miles de hectáreas están ocupadas por campesinos y colonos.

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Esa justamente, la de la tenencia de la tierra, es una de las grandes tensiones que se viven en la zona desde tiempo atrás y que el Gobierno deberá resolver para comenzar a aplicar el programa de sustitución de cultivos ilícitos. No es posible ofrecer los recursos del programa a quien no tenga tierra para sustituir cultivos. En el Alto Mira, por cierto, se sospecha que 5000 hectáreas estarían sembradas con coca.

Hay varias versiones sobre cómo, entonces, llegaron los campesinos y colonos al Alto Mira. Según una fuente de El País que pidió la reserva de su nombre, una gran parte de ellos arribaron del Caquetá y del Putumayo en tiempos de conflicto armado, “con la venia de las Farc, que históricamente ha hecho presencia en este territorio”.

Organizaciones sociales y de campesinos se concen- traron ayer en el centro de Cali para protestar por faltas del Gobierno con ellos y por el asesinato de líderes.

Otros de los campesinos, reconocen en el mismo Consejo Comunitario del Alto Mira, llegaron por su cuenta, sin la complacencia de ningún grupo armado, pero igualmente ocuparon terrenos de propiedad colectiva. Por ello precisamente en el Consejo los llaman ‘colonos’: personas que colonizan.

Sin embargo, José Santacruz, integrante de las Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, Asominuma, una de las entidades que representan a los campesinos del Alto Mira, tiene otra versión.

“Aclaramos una cosa: nosotros somos población civil, no armada. Ninguno de los campesinos es actor armado. A las Farc tocará preguntarles si desplazaron a la gente para quedarse con tierras. O si ejercieron presión para que llegaran comunidades. Pero en el caso nuestro de campesinos como población civil, llegamos a adquirir la tierra antes de que fuera declarada Consejo Comunitario. En los archivos de las JAC están los contratos. La mayoría de las JAC los tienen que tener porque entre otras cosas, es reglamentación interna de cada junta”.

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Santacruz continúa: “Me preocupa tanta estigmatización hacia nosotros. Quienes llegamos antes de ser Consejo Comunitario, repito, compramos nuestro pedazo de tierra. Otros lo hicieron después, eso es cierto y eso se tendrá que aclarar. Y también es cierto que son tierras que la mayoría utilizó para sembrar coca ante la falta de oportunidades y la inexistencia del Estado en nuestros pueblos, eso nadie lo puede negar, pero es otra discusión. Muchos de los campesinos, insisto, tenemos derecho a la propiedad en el Alto Mira”.

Santacruz agrega que en la resolución que declaró el Consejo Comunitario de Alto Mira hay grandes extensiones de tierra que se dejaron por fuera del Consejo, como por lo menos 200 hectáreas de la vereda el Azúcar. Y además hay 140 predios “que no sabemos de quién son, qué pasó con esas tierras, y si están o no en el territorio colectivo. Hay mucha confusión sobre la propiedad”.

Desde el Consejo Comunitario responden que las únicas tierras que no están a nombre del Consejo en el Alto Mira son las de las empresas palmeras que también están en el territorio, por lo cual, insisten, “la presencia de los campesinos es irregular”.

En cualquier caso este conflicto por la tenencia de la tierra ha generado enfrentamientos en este trozo del departamento de Nariño. Y pese a ello, tanto campesinos como afros están de acuerdo en dos puntos fundamentales.

De un lado y otro dicen tener la voluntad de acogerse al programa de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, con el acompañamiento del Estado. Pero para que eso se dé, solicitan que se aclare el lío de la propiedad de la tierra y lo que pasará con los que definitivamente deben estar en otro lugar.

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“Insistimos en el cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz que señala: como gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, el Gobierno, las Farc y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos, se comprometen a desarrollar un programa de asentamiento, retorno y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak, el Embera Katío del Alto San Jorge, resguardo Cañaveral, así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y Curvaradó y Jiguamiandó”, escribió el Consejo en un comunicado tras el asesinato de Jaír Cortés, un líder que promovía la sustitución voluntaria en el territorio.

El Gobierno aseguró que iba a actuar al respecto desde esta semana. Por lo menos ese fue el anuncio del director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, quien dijo que arrancará un “acucioso proceso de delimitación del territorio colectivo en los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera, de tal forma que facilite la reubicación de cerca de 3000 familias campesinas que hoy ocupan predios (incluso privados) dentro de los colectivos”.

Según Strouss, el censo arrancó este martes cuando llegó al Alto Mira un grupo de topógrafos de la Agencia que iniciaron con el proceso de delimitación del territorio, y una vez terminen, a los campesinos que no tienen propiedad de la tierra se les ofrecerán dos caminos: o retornar a su lugar de origen o ser reubicados.

Pero retornar, dicen desde Asominuma, no es una opción viable. Aseguran sentir miedo de volver a zonas desde donde algunos se desplazaron por la violencia como el Putumayo o el Caquetá. Y además no ven cómo, ni con qué ni tampoco dónde el Gobierno podría reubicar a 3000 familias. “El Gobierno lo ve muy fácil, pero el de las tierras es un problema muy complejo de resolver”, dice José Santacruz.