Informe de Human Rights Watch rajó a Colombia y sus fuerzas militares

La ONG entregó su informe anual en el que destacó que en Colombia el tema de la impunidad en el caso de los 'falsos positivos' es grave.

La organización internacional Human Rights Watch emitió su informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos en los diferentes países del mundo, enfocándose en aquellos donde esta situación es más grave. Colombia hizo parte de esta lista. La organización registró que sólo en 2014, por lo menos 12 países del mundo hacen uso de armas explosivas en áreas pobladas, en violación de leyes humanitarias internacionales. Entre estos están Siria, Irak, Israel, Ucrania, Libia, Paquistán, Afganistán, Sudán, Nigeria, Somalia, Tailandia y Colombia. En su informe asegura que “ataques como estos, son típicamente indiscriminados porque estos no distinguen entre blancos militares de los civiles, o son desproporcionados porque las pérdidas civiles exceden la ganancia estratégica militar del mismo”. En el capítulo dedicado a Colombia, Human Rights Watch menciona varias violaciones a Derechos Humanos cometidas en el país entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014. Allí se incluyen abusos perpetrados por la guerrilla, bandas criminales sucesoras de paramilitares e incluso agentes del Estado. También registra agresiones contra defensores de Derechos Humanos, sindicalistas, periodistas indígenas y líderes afrocolombianos, así como otros activistas comunitarios enfrentan amenazas de muerte y violencia. El informe critica que “la administración del presidente Juan Manuel Santos consistentemente condena estos ataques, pero la falta de investigaciones efectivas significa que los perpetradores rara vez son arrestados”. La organización también hace críticas al Gobierno, porque dice continúa presentando reformas legales que generan el riesgo de que estos casos pasen de ser investigados por la justicia ordinaria a la justicia militar, que “carece de independencia y tiene un récord muy pobre de investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos”. En el informe, también se ve con malos ojos el hecho de que en noviembre de 2013 la Procuraduría haya removido al Alcalde de Bogotá de su puesto, a pesar de que había una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo para que no lo hiciera. El presidente Santos procedió a implementar una orden judicial para restituir al Alcalde unas semanas después. Abusos de la guerrilla Dice HRW que las Farc rutinariamente siguen atacando civiles, y lo siguieron haciendo entre 2013 y 2014. Hay evidencia convincente de que en el municipio de Tumaco, integrantes de las Farc secuestraron, torturaron y asesinaron a Mónica Julieth Pernia un ciudadana de 25 años de edad. El 15 de septiembre de 2014, el ELN asesinó a tiros a dos trabajadores que estaban inspeccionando un oleoducto en el municipio de Teorama (Norte de Santander). Tanto las Farc como el ELN siguen usando minas antipersona. El Gobierno reportó que estas minas y material militar sin usar mataron a seis civiles y lastimó a 65 en agosto del año pasado. Preocupación por Buenaventura En el puerto de Buenaventura, a orillas del Pacífico, grupos descendientes de los paramilitares como los 'Urabeños' continúan cometiendo atrocidades como secuestrar y descuartizar gente. Esto ha causado que Buenaventura sea el municipio con la tasa más alta de desplazamiento forzado, con más de 33 mil residentes huyendo de sus casas, y 22.383 entre enero y noviembre de 2014, asegura la ONG. Algunas veces, estos grupos se han beneficiado por la tolerancia y la corrupción de los agentes del Estado. En marzo pasado, la Fiscalía ordenó el arresto del coronel(r) Robinson González Del Río, por supuestamente lideras una red de agentes activos y retirados que les vendían armas a 'los Urabeños'. El informe señala que los procesos de Justicia y Paz han sido muy lentos. Para septiembre de 2014, nueve años después de que se comenzara a implementar la ley, sólo 37 de los más de 30 mil paramilitares desmovilizados habían confesado sus crímenes. Hasta el momento y desde 2006, más de 55 legisladores han sido condenados, por vínculos con paramilitares. El 17 de septiembre de 2014, el Senado colombiano sostuvo un debate sobre los supuestos vínculos entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y estos grupos, pero no llegó a ninguna conclusión. Abusos de la fuerza pública Según el informe de HRW, entre 2002 y 2008, las Fuerzas del Estado ejecutaron a varios civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Esta práctica de ejecuciones ilegales, fue denominada por los colombianos como 'Falsos Positivos'. Hasta el momento la mayoría de militares condenados por esto son soldados o combatientes de bajo rango. Allí también se registra que varios de los oficiales y suboficiales condenados por esto “disfrutan de privilegios extravagantes durante su detención”. Según el informe, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón y los oficiales de más alto rango de la Fuerza Pública han tomado acciones para desacreditar las investigaciones por estos 'Falsos Positivos'. En septiembre, cuando los medios reportaron que la Fiscalía había ordenado investigaciones sobre nueve generales actuales y retirados, por su posible rol en los 'Falsos Positivos', el ministro Pinzón afirmó públicamente que “la Fiscalía estaba prestando excesiva atención a los testimonios en los que basaron estas investigaciones”. En febrero el presidente Santos despidió al comandante de las Fuerzas Militares, después de que la Revista Semana publicara un audio de 2012 en que el General le dijo a un coronel del Ejército que “creara una mafia” para desprestigiar a los fiscales. Ese mismo mes, el jefe de Inteligencia fue removido de su puesto, luego de que se revelara que las autoridades judiciales habían allanado un lugar donde el personal de inteligencia militar supuestamente interceptaba las comunicaciones de los negociadores de paz del Gobierno Nacional y otras personas involucradas con el tema. Reformas que promueven la impunidadAgrega HRW que en 2013 y 2014 el Ministro de Defensa tramitó tres diferentes propuestas ante el Congreso de la República que abrirían la puerta para que los casos de 'falsos positivos' fueran transferidos de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. Bajo estas propuestas, la justicia militar también pasaría a manejar otros abusos pasados y futuros de las Fuerzas Militares en contra de los Derechos Humanos, así como los casos en que miembros de éstas han conspirado con paramilitares o narcotraficantes. Otra de estas propuestas autorizaba a las Fuerzas Militares a usar fuerza letal en contra de civiles, en un peligroso rango de situaciones. El informe recuerda que “esta reforma es similar a una que el presidente Santos impulsó a través del Congreso en diciembre de 2012 que la Corte Constitucional derrumbó en octubre de 2013”. En junio de 2012 el Congreso aprobó la propuesta gubernamental del Marco Jurídico para la Paz, que prepara el camino para la impunidad de las atrocidades cometidas por la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas del Estado, si se alcanza un acuerdo de paz con la guerrilla. Según esta ley, solo serían condenados aquellos individuos considerados como “principales responsables” de estos crímenes, categoría que la ley no establece claramente. Desplazamiento interno El informe recuerda que más de 5,7 millones de colombianos se han desplazado internamente desde 1985 y que 2013 el Gobierno registró más de 220 mil nuevos desplazados. La implementación de las leyes de restitución de tierras sigue siendo lenta. La ley que desde 2011 ordenó restituir millones de hectáreas robadas y abandonadas por el desplazamiento forzado interno, se proponía que para finales de 2015 ya habría 150 mil casos adjudicados. Sin embargo, en septiembre de 2014 el Gobierno había logrado títulos de restitución para solo 1.546 de las cerca de 68 mil reclamaciones recibidas. Esto se debe en parte a que muchas víctimas que tratan de reclamar sus tierras son objeto de amenazas contra su vida e integridad física. Violencia de género El informe cuenta que la violencia de género, está esparcida por toda Colombia. La falta de capacitación y la pobre implementación de protocolos generan obstáculos para que mujeres y niñas busquen ayuda después de ser violentadas. Esto hace que no puedan acceder a tiempo a los cuidados médicos necesario y que los responsables de esto rara vez sean llevados ante la justicia. El Gobierno promovió en junio una ley para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, dando prioridad a aquellas que lo han sido en el marco del conflicto armado. Violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas El informe cuenta que la Fundación para la Libertad de Prensa reportó 2 periodistas asesinados y 75 amenazados en 2013, y 58 víctimas de amenazas entre enero y junio de 2014. Por su parte, la Escuela Nacional Sindical reportó que en septiembre de 2014, la Fiscalía había abierto investigación por 110 casos de asesinatos de sindicalistas cometidos desde 2009, pero solo había emitido condenas por nueve casos. El Procurador General de la Nación, continua su investigación en contra del senador Iván Cepeda, por recolectar información sobre los posibles abusos cometidos por paramilitares y presentarlos ante las autoridades judiciales competentes. La investigación relaciona las entrevistas que ha tenido el senador Cepeda, con ex-paramilitares acerca de los supuestos vínculos del expresidente Uribe con los grupos paramilitares. Según HRW esta investigación parece carecer de fundamentos y podrían desalentar futuras investigaciones que buscan justicia sobre los abusos contra los Derechos Humanos cometidos por paramilitares y sus aliados políticos.