"Ya varias veces la había amenazado de muerte": cuñado de Claudia Johana Rodríguez

Testimonios de familiares cercanos a Claudia Johana Rodríguez, asesinada por su expareja este lunes en Bogotá, dicen que el crimen pudo haberse cometido mucho antes, por la negligencia de las autoridades policiales para proteger adecuadamente a la víctima.

Según Liliana Rodríguez, hermana de la mujer que murió, "ella denunció ante las autoridades que su marido le decía con frecuencia que la iba a matar, y nadie le prestó atención. La gente no nos puso cuidado, ni la Policía ni la Fiscalía".

En ello coincide el cuñado de Claudia Johana, Fernando López, quien dice que hubo situaciones irregulares en la prestación de servicios de seguridad por parte la Policía.

"El cuadrante de la Policía pasaba por la casa de ella, pero no servía de nada, ellos lo dejaban pasar (al homicida) porque decían que él tenía derecho a ver el niño, no le pedían documentos ni le hacían una requisa, nada", cuenta López.

"Ella fue a la Fiscalía y le dieron medidas de protección, pero eso es simplemente un papel que dice que tiene medidas, nada más", agrega.

López también critica las posibles irregularidades en las medidas preventivas, teniendo en cuenta que el homicida, Julio Alberto Reyes, tenía graves antecedentes de violencia sexual, y hace apenas dos años había salido de la cárcel tras pagar una condena de diez años por atentar contra la vida de su primera esposa.

"Si él no nos tuviera a todos amenazados uno podría pensar 'al tipo le dio una locura, y pasó lo que pasó'. Pero él ya la había amenazado, a ella y a nosotros, y por eso era la medida que habíamos pedido a la Fiscalía", agrega.

Ante las acusaciones, el comandante de la Policía de Bogotá, Hoover Penilla, asegura que Claudia Johana sí tenía "medidas preventivas"  con las que "se restringía a este sujeto para acercársele o tener contacto con ella".

"En la residencia donde vivía en Medellín tenía la protección del cuadrante. Una vez llega a Bogotá se hace lo mismo con el cuadrante correspondiente a su vivienda, pero ella no radicó su lugar de trabajo como lugar de protección, pues en la empresa donde trabajaba rotaba constantemente de locales", dijo el oficial.

GMO Ópticas es la organización donde laboraba la optómetra bogotana y, según los familiares y el mismo oficial Penilla, en los locales de esta organización no había presencia de uniformados. Incluso, la familia cuenta que tenían que acompañarla a la entrada y salida del trabajo, por protección.

Precisamente, ese día, a las 7:00 de la noche, la hermana y el cuñado de Claudia Johana se dirigían a recogerla en el centro comercial Santa Fe cuando se dieron cuenta de que algo había ocurrido con su familiar. 

"Cuando le marcamos, no contesta ella (Claudia Johana) sino directamente él (el homicida), quien nos dice que nos tiene una sorpresa. Yo le pregunto dónde está, él me insulta e insiste en que nos tiene una sorpresa, que lleguemos al local. Cuando subimos corriendo ya estaba toda la Policía ahí, estaban evacuando, y nos enteramos de la situación del disparo, que pasó antes de las siete", relató López.

A pesar de que Claudia Johana Rodríguez tenía medidas de protección de la Policía Nacional, de poco o nada sirvieron las mismas para evitar que fuera asesinada por su excompañero sentimental.

Las medidas las tenía en Medellín, ciudad en donde vivía, y Reyes Andrade tenía prohibido acercársele. Ella huyó hacia Bogotá, para tratar de alejarse de la situación, pero fue en vano.

De hecho, lo denunció por violencia intrafamiliar en marzo pasado, denuncia a la que se le suma otra por constreñimiento ilegal, tortura y lesiones personales. Y todo ello es adicional a los antecedentes que Reyes Andrade ya tenía por haber intentado asesinar a su exesposa en 2006, en hechos en donde mató a otras dos personas.

Según Ricardo Ruidiaz, vocero de la fundación Amigos Unidos, las rondas que deben hacerse cuando hay medidas de protección para una mujer no se cumplen y permiten que el agresor ataque a su víctima.

“El porcentaje de personas muertas que habían denunciado se elevó a un 60 % en el último año. Eso lo que quiere decir es que mujer que denuncia, es mujer que muere", dijo Ruidiaz.

Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hoover Penilla, responde que debe haber un cambio de legislación para reforzar las medidas de protección.

Según Penilla, en Bogotá hay más de 16.000 personas con medidas de protección, que es casi el pie de fuerza de la Metropolitana, por lo que cumplir con estas medidas de mejor manera implicaría tener a un policía por persona las 24 horas del día.

“Nos falta ser más agresivos en el momento en que se tiene conocimiento del hecho de una situación de violencia en contra de una mujer. No esperar que ella llame… hay que tomar medidas más drásticas en contra del hombre porque la mujer se ve asediada”, dijo el oficial.

Por su parte la abogada de la Fundación Sisma Mujer, Lilibeth Gómez, aseguró que hay una impunidad alarmante en casos de feminicidio, e indicó que no se está aplicando la ley 1257 de 2008 sobre la no violencia contra las mujeres.

“Las mujeres suelen acudir a las comisarías de familia, donde encuentran una serie de obstáculos para ser atendidas, entre ellos que los funcionarios no conocen la ley 1257. Pero además que subvaloran el riesgo en el que se encuentran las mujeres o tratan de leer lo que sucede como una dificultad familiar, lo que no permite que se ataque realmente la denuncia con las herramientas de ley que se requiere”, dijo en declaraciones radiales.

Para la concejal del Movimiento Mira, Gloria Stella Díaz, una medida que diga que un hombre no se puede acercar a 300 metros de una residencia, no sirve en la práctica.

“No se cumple porque no hay un policía para que esté detrás de cada mujer cuidándola. Solo en el primer semestre del año 2016, en Bogotá, se colocaron 11.928 medidas de protección a mujeres violentadas y de esas, 3023 fueron incumplidas”, afirmó.