Ocupar las zonas de las Farc, objetivo de las 'bacrim' detrás del 'plan pistola'

Desde el pasado 1 de mayo el ‘Clan del Golfo’ -antiguos Urabeños- inició un ‘Plan Pistola’ contra la Policía, con el cual ya ha hecho más de 20 ataques a uniformados dejando 9 uniformados muertos y más 16 heridos, entre agentes y civiles.

Para el director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, este tipo de acciones se están dando porque esa organización se siente acorralada, debido a la operación que la Fuerza Pública adelanta contra ellos.

“Van más de 1300 capturas, más de 53 cabecillas de esta organización han sido neutralizados. Esto lo que hace es que estos individuos se sientan acorralados y debilitados. Por la muerte de nuestros policías han sido capturadas 35 personas implicadas en estos hechos y cuatro delincuentes de estos han sido abatidos”, explicó Nieto.

La banda criminal de Clan del Golfo, liderada por el exparamilitar Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, tiene influencia en 21 departamentos del país y, de acuerdo con la Fundación Indepaz, su accionar afecta a 279 municipios.

Su mayor área de influencia es el Urabá antioqueño y chocoano, pero han pretendido expandirse a los Llanos Orientales, Chocó y Nariño.

“Su intención es llegar a zonas antes controladas por las Farc. Quieren copar los espacios del Frente 58, en el Golfo de Morrosquillo; Frente 34, en el Bajo Baudó; del 30, en zona rural de Buenaventura, y de la Columna Daniel Aldana, en Tumaco. Pero han encontrado resistencia del ELN, que también quiere llegar a estas zonas”, explicó una fuente de inteligencia de la Policía.

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De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, las 22 acciones realizadas en los primeros 15 días del mes se presentaron especialmente en Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Meta, Sucre, Cauca, Nariño y Norte de Santander y se trata de ataques, amenazas, hostigamientos, emboscadas y homicidios.

Para esto, el ‘Clan del Golfo’ está aliado con bandas delincuenciales locales, lo que estaría permitiendo ese despliegue de acciones violentas por las regiones. De hecho, esta semana se conoció un informe de la Fiscalía General de la Nación que da cuenta de una supuesta ‘nómina’ de sicarios, informantes rurales y urbanos, y jefes militares, logísticos y financieros.

Estas personas recibirían entre $200.000 y $2 millones por labores de custodia de laboratorios de coca, cobro de extorsiones a los productores, a campesinos empresas más grandes locales de transporte, planeación y comisión de asesinatos además de la ubicación de víctimas, esto como una estrategia criminal que deriva en una amplia capacidad de control poblacional y territorial, que explica en parte por qué la labor de las autoridades ha sido insuficiente.

Para el analista y director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, esta estructura tiene un largo aprendizaje en el mundo de la criminalidad pues sus jefes, los hermanos Otoniel y Juan de Dios (abatido) Úsuga David, se iniciaron en las guerrillas y luego pasaron a integrar grupos paramilitares.

“Heredaron de las guerrillas el control territorial y social. Después; de los paramilitares, los negocios la capacidad de mover economías ilegales; de Pablo Escobar tomaron el sicariato. Ahora reúnen todas esas capacidades y actúan en red”, explicó Valencia.

Se trata de ‘franquicias’ con cerca de 90 bandas delincuenciales que alcanzarían los 3000 integrantes aproximadamente que tiene el ‘Clan’; y que funciona así en múltiples regiones, especialmente las que ahora están más complicadas como el Bajo Cauca Antioqueño, la costa nariñense y El Catatumbo, entre otros.

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En el Valle del Cauca se aliaron en el 2011 con la banda criminal ‘Los Machos’ para combatir a sus enemigos: ‘Los Rastrojos’, pero tras las capturas de los jefes de esta organización, ‘Los Úsuga’ enviaron a varios de sus hombres de confianza desde Chocó y Urabá para Cali y Buenaventura.

“Pero a estos enlaces, que se han contactado con delincuentes locales, los hemos capturado. Ya cogimos a alias Guagua o al ‘Guajiro’”, explicó un oficial de inteligencia de la Policía.

La operación Agamenón

Hace dos años y dos meses inició la Operación Agamenón contra esta banda criminal. Pero las autoridades le darán un giro para incluir en ella a efectivos de las Fuerzas Militares y buscar, de una buena vez, dar con el paradero de alias‘Otoniel, máximo cabecilla.

Tras dos años en marcha y más de mil capturas de sus integrantes, ‘Agamenón 2’ no estará en manos exclusivas de la Policía Nacional, sino que involucra tropas del Ejército, para atacar de manera focalizada a esta banda, que en muchas regiones es conocida como Autodefensas Gaitanistas y que también se ha dedicado a amenazar a líderes sociales.

Aunque esta iniciativa solo se dará a conocer por el Ministerio de Defensa el 26 de mayo, la ofensiva se desplegará en las zonas donde actualmente el Clan del Golfo tiene mayor presencia como lo son Chocó, Antioquia, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Santander y Meta y se afianzará el objetivo de capturar o dar de baja a ‘Otoniel’, el escurridizo cabecilla de la banda por quien hay una recompensa de $3000 millones y de US$5 millones por parte de Estados Unidos.

En esta operación aparte de las 1300 capturas, incluidos los 53 cabecillas, han incautado 94 toneladas de cocaína, se han realizado más de 440 operaciones de asalto, destruido 81 laboratorios y ocupado 517 bienes.

En ‘Agamenón 2’ tendrán un refuerzo de 250 hombres de la Séptima División del Ejército. La intención, revelaron fuentes de la Policía, es asumir el control territorial en las zonas en las que se esconden alias Otoniel y Gavilán (segundo al mando) en Urabá antioqueño y chocoano, respectivamente.

Pero, ¿será suficiente con este apoyo? Para Valencia se necesita una estrategia integral ya que habría fuertes nexos entre los propios integrantes de la Fuerza Pública, empresarios y políticos con la organización. En su criterio, se necesita que salgan a la luz estos vínculos con una estrategia de sometimiento a la justicia, sin llegar a una negociación de paz.

Se trata de utilizar un esquema de sometimiento que podría ser parecido al de la Justicia de los Estados Unidos, para que, a cambio de ciertos beneficios se entregue información, se garantice el desmantelamiento de la estructura, la entrega de rutas y de zonas.

“Someterlos a la justicia con alternativas de justicia, no políticas, es diferente al trato que se la ha dado a las Farc y el ELN”, señaló Valencia.
Analistas consultados consideran necesario que la operación contrarreste de mejor manera las economías ilegales que sustentan la organización como lo son la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico, así como toda una contrainteligencia que evite la corrupción.