Ya funciona la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía

Ya empezó a funcionar formalmente la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación.

Esta tiene el fin de dar con los responsables de los asesinatos y amenazas contra los defensores de derechos humanos y la población civil, entre otras situaciones de violencia que han afectado a Chocó.

Según la Fiscalía, en las regiones del Darién y el Bajo Atrato se ha registrado un incremento del 271 % en los índices de criminalidad en lo corrido del año.

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Esto, pues hasta la fecha se han perpetrado 38 homicidios dolosos, frente a 14 registrados en 2016, solo en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Acandí y Unguía. Adicionalmente, la Fiscalía ha recibido más de 25 denuncias por intimidaciones contra defensores de derechos y reclamantes de tierras.

Los recientes hechos de violencias están relacionados con los crímenes de los reclamantes de tierras, Mario Castaño Bravo y Luis Hernán Bedoya, ocurridos entre el corregimiento de Belén de Bajirá y el casco urbano de Riosucio (Chocó), el 26 de noviembre y el 8 de diciembre de 2017, respectivamente.

El fiscal Néstor Humberto Martínez Neira visitó este jueves la región y anunció que un primer grupo itinerante de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la entidad se quedará en la zona para identificar e investigar a los integrantes de los grupos armados ilegales del departamento.

El equipo especializado está conformado por dos fiscales, analistas e investigadores, y tiene apoyo de policía judicial del CTI de la Fiscalía y de la Dijín.

Por otro lado, la Fiscalía señaló que el origen de la mayoría de hechos violentos en Darién y el Bajo Atrato chocoano estaría ligado a problemas relacionados con la titulación de tierras y el desplazamiento de familias, "que a finales de la década de los noventa salieron de estas dos regiones por presión de los grupos paramilitares y sus redes de apoyo".

Para esclarecer estos hechos, la Fiscalía analiza más de 85 expedientes sobre terceros civiles y agentes estatales que presuntamente habrían apoyado a grupos de autodefensas entre 1994 y 2006.

Asimismo, han sido identificadas 88 noticias criminales sobre eventos ocurridos en los últimos años, que tendrían relación con los reclamos por las tierras de los consejos comunitarios y las comunidades indígenas y mestizas en la zona.