80% de la minería en Colombia es ilegal, alerta la Contraloría

Para el contralor General, Edgardo Maya Villazón, es alarmante el que hoy el 80% de la explotación minera en Colombia sea ilegal. “Es un tema que inquieta y duele porque la minería ilegal está devastando amplias zonas del territorio nacional”, agregó Maya.

De acuerdo a un informe de la Contraloría que detalla el estado de los recursos naturales, la minería ilegal está arrasando distintas regiones de la geografía nacional, sin que haya una respuesta institucional efectiva.

“El Gobierno y los diversos programas no han dado una solución contundente a este fenómeno de la minería ilegal que amenaza con convertir en grandes desiertos amplios territorios, y secar ríos como sucedió con el río Sambingo en el Cauca. Esto demuestra la carencia de una política pública de Estado para enfrentar exitosamente este terrible fenómeno”, manifestó el contralor.

El estudio sostiene que “el modelo extractivista bajo el cual se desarrolla la industria minera del país desconoce las realidades de las pequeñas y medianas explotaciones; no se armoniza con las políticas ambientales ni de ordenamiento territorial; omite las particularidades socioculturales de los territorios; favorece la existencia de minería ilegal e inevitablemente conduce a la conformación de pasivos ambientales que afectan el bienestar de la población en extensos territorios del país”.

El contralor insistió en que mientras no se vea una eficaz acción del Estado para combatir la minería ilegal seguirá avanzando desaforadamente la generación de pasivos ambientales. “El gran desafío que representa enfrentar el problema está lejos de atenderse, en la medida en que las políticas mineras y las ambientales sigan caminos divergentes”, afirmó Maya.

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En general, al evaluar el estado de los recursos naturales y del ambiente en el período 2016-2017, la Contraloría General encontró lo que podría catalogarse como un sombrío panorama”, indica el documento.

El texto afirma además que se efectuó un examen a los recursos destinados para el gasto ambiental en la vigencia 2016 y se encontraron bajas ejecuciones presupuestales de una importante cantidad de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), beneficiarias de recursos de inversión tanto del Presupuesto General de la Nación como de recursos propios.

“Del análisis de los recursos comprometidos por las CAR para gastos de inversión en 2016 se evidenció una ejecución de tan solo el 43%, mientras que se constituyeron reservas presupuestales por el restante 57%”, indica el informe.

El texto agrega que “no es congruente que este sector, que en materia presupuestal ha sido castigado por sucesivos gobiernos con bajas asignaciones presupuestales, no ejecute de la mejor manera lo que se le transfiere del Presupuesto General de la Nación, incluso que las corporaciones que dependen en gran medida de los recursos del Presupuesto General no ejecuten la totalidad de los recursos de inversión".

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“Tampoco resulta coherente que en las arcas de las corporaciones autónomas más robustas reposen los recursos propios destinados a inversión, mientras sus regiones claman por soluciones urgentes al deterioro ambiental de ecosistemas estratégicos como páramos o humedales, para citar sólo dos de ellos”, complementa el informe.

Ante este hecho, el contralor le pidió al Congreso definir la naturaleza jurídica y el alcance constitucional de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. “Es necesario que se adopte un estatuto presupuestal unificado y unas reglas claras para la gestión en esta materia. Hoy existen 33 estatutos presupuestales diferentes, uno distinto por cada corporación”, indicó Maya.

El ente de control también hizo énfasis en el déficit de la implementación de la política dirigida a la protección y conservación de páramos.

“Es alarmante que la mayor parte de la superficie de ecosistemas de páramo aún no se encuentra delimitada, lo que equivale a cerca de 2 millones de hectáreas, de las cuales el 60% no cuentan con algún sistema de protección en el sistema de áreas protegidas”, indica el texto.

“Esta situación resulta más grave si se tiene en cuenta que la superficie sin delimitar es la que tiene mayor presencia de actividades agropecuarias, así como títulos y/o actividades de minería e hidrocarburos, cercanas a las 367 mil hectáreas en 16 complejos de páramo sin delimitar”, afirma la Contraloría.

Así mismo, el ente de control fiscal evidenció en su informe que las capacidades institucionales de las corporaciones, orientadas a la implementación de los Acuerdos de Paz, son limitadas para afrontar la agudización de los desafíos ambientales del posconflicto.

“La implementación de los Acuerdos de Paz es un proceso complejo que implica un cambio del entorno institucional y de los arreglos institucionales vigentes, sin embargo, las evidencias permiten concluir que estas entidades no son consideradas un actor relevante para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, prueba de ello, es que no está definido el rol que jugarán en la ejecución de los contratos paz ni en los programas de desarrollo con enfoque Territorial”, dijo el contralor.