Tribunal Supremo de Justicia, el verdugo del parlamento y de la oposición en Venezuela

“Desdichada de la generación que debe juzgar a sus jueces”.

Los venezolanos están comprobando en carne propia la veracidad de esta frase del libro bíblico de Ruth, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lejos de cumplir con su mandato de garantizar “la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales” se ha dedicado a velar por los intereses del Gobierno.

Los dos últimos fallos que el organismo ha dictado esta semana contra la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, con los cuales ha despojado a los diputados de su inmunidad y de las potestades que le restaban, son apenas dos eslabones más de la larga cadena de dictámenes -53- que en los últimos 15 meses ha emitido y con los cuales ha ido reduciendo paulatinamente al Parlamento a un club de debates o tertulias.

El argumento del TSJ para semejante operación, que hoy es calificada como un “golpe de Estado” por varios gobiernos y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, es que el Legislativo está en desacato porque no ha atendido sus instrucciones para desincorporar en un acto público a tres de sus miembros a los que suspendió, mientras decide si en su elección hubo o no irregularidades; y porque no ha reformado su reglamento interno.

“El Tribunal Supremo no está actuando como un tribunal sino como un operador político del Gobierno y como operador político lo que ha venido haciendo es acomodar la situación al Gobierno”, afirmó el catedrático de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, Enrique Sánchez Falcón, quien recordó que el máximo juzgado, y en particular la Sala Constitucional, está totalmente alineado con el Ejecutivo.

Un estudio de la organización Un Estado de Derecho, encargada del monitoreo de la justicia venezolana, le da la razón al jurista, pues tras revisar 45.474 sentencias que las salas Constitucional, Electoral y Político Administrativa dictaron desde 2003 hasta 2014 la agrupación no halló ni una sola que fuera en contra de los intereses del Gobierno.
La actuación del máximo juzgado ocupó buena parte de las audiencias que la semana pasada celebró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela y en ella el consultor jurídico del organismo, Romel Pacheco, negó que las autoridades ganen todos los juicios en los que participan.

1. “El Gobierno perdió 840 juicios en la Sala Político Administrativa y 49 en la Sala Constitucional en los últimos cinco años”, aseveró, pero sin precisar cuántos ganó.

¿Pero debería sorprender la postura del Tribunal Supremo de Justicia? No, en particular si se toma en consideración que ocho magistrados fueron militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) u ocuparon cargos durante las administraciones del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

En el caso de la Sala Constitucional, el principal ariete contra la Asamblea Nacional, cuatro de sus siete miembros tienen son chavistas ‘pura sangre’.

Así, por ejemplo, su actual presidente, el magistrado Juan José Mendoza, fue diputado durante dos legislaturas por el chavismo; mientras que su antecesora, Gladys Gutiérrez, fue embajadora en España y Procuradora; el magistrado Luis Damiani Bustillos fue viceministro de Educación Universitaria, y Calixto Ortega, diputado y vicecanciller con el presidente Nicolás Maduro.

Esta instancia es en sí la más poderosa del Poder Judicial, incluso se ha colocado por encima del pleno del TSJ gracias al uso que ha hecho de su atribución de interpretar la letra y espíritu de la Constitución.
“La Sala Constitucional ha convertido al TSJ en un súper poder para favorecer al Gobierno. Ahora legisla, controla, designa autoridades, aprueba presupuestos, etcétera”, afirmó la abogada Laura Louza, directora de la organización Acceso a la Justicia.

La jurista recordó que con su decisión de arrebatarle todas las facultades al Parlamento la instancia judicial “ha anulado un poder electo por el voto, es decir está irrespetando la soberanía popular”.
En similares términos se pronunció la magistrada emérita del máximo juzgado, Blanca Rosa Mármol de León, quien tiene años abogando por suprimir a la Sala Constitucional, porque “lejos de interpretar y hacer respetar los preceptos constitucionales se ha convertido en una especie de traductora, que nos dice que donde leemos algo en perfecto castellano en realidad dice otra cosa. Ella distorsiona las normas constitucionales”.

Para sustentar su tesis la jurista echó mano del argumento por el cual la instancia se arrogó todas las competencias del Parlamento: el desacato en el que se encuentra, el cual le impide ejercer sus funciones y por lo tanto la hace incurrir en una omisión.

“La Sala no puede asumir las funciones de otro órgano del Poder Público, ninguna norma constitucional se lo permite y por ello está usurpando funciones”, afirmó Mármol.

Y la Constitución le da la razón, pues el numeral 6 del Artículo 336 de la Carta Magna, señala que una vez detectada una omisión debe girar las instrucciones para subsanarla y fijar un plazo para hacerlo, pero no resolverla ella.

Pero la Sala Constitucional no solamente ha salido en defensa del Gobierno, tanto el de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro, sino que de paso ha tomado medidas contra la oposición y ha ido restringiendo derechos a los ciudadanos.

Así lo denunció la organización Transparencia Venezuela la semana pasada ante la CIDH, la cual informó al organismo internacional que estableció unas condiciones que hacen casi imposible el ejercicio del derecho al acceso a la información pública.

La instancia ha dictaminado que los ciudadanos que soliciten alguna información a cualquier organismo público deben explicar para qué la quieren y qué uso pretenden darle y solo después de eso se le dará.
De la misma manera ha restringido el derecho a la manifestación, al proscribir las protestas espontáneas; y la libertad de expresión al imponer la censura previa, como lo hizo el año pasado cuando prohibió a los medios digitales difundir videos de linchamientos de presuntos delincuentes.

Y en el caso de la oposición ha llegado a destituir y encarcelar a alcaldes opositores por supuestamente incumplir sus decisiones.

• El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano del sistema judicial venezolano. Esta entidad sustituyó en el año 1999 a la Corte Suprema de Justicia. 
• Consta de seis salas. Estas son: la Constitucional, la electoral, la Político-administrativa, la de Casación Civil, la de Casación Penal, la de Casación Social. Todas integran la Sala Plena.
• Cuenta en total con 32 magistrados.