UE impone embargo de armas a Venezuela y anuncia posibles medidas selectivas

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes imponer sanciones a Venezuela, como un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la "represión interna", y abrieron la puerta a la posibilidad de imponer medidas selectivas contra los responsables.

"Además de los esfuerzos políticos y diplomáticos para apoyar una salida pacífica negociada a la crisis política, el Consejo ha decidido este lunes por unanimidad adoptar medidas restrictivas, subrayando su preocupación por la situación en el país", anunciaron los ministros de los Veintiocho en un comunicado.

Los ministros explicaron que las medidas adoptadas hoy se utilizarán de forma "gradual y flexible" y que podrán ser "extendidas" a quienes "no respeten los principios democráticos o del Estado de derecho" o estén implicados en "la violación de los derechos humanos".

Para ello el Consejo ha dado hoy luz verde a la base legal para crear una lista de personas sancionadas a las que congelaría sus bienes o prohibiría entrar en territorio comunitario, pero que por el momento no cuenta con ningún integrante.

Fuentes europeas reconocieron que se están barajando nombre para esa lista, sin dar más precisiones, aunque por el momento se va a esperar para ver si el embargo de armas y de material que pueda utilizarse en la represión surten efecto y fomentan la vuelta al diálogo entre Gobierno y oposición.

Los ministros puntualizaron asimismo que podrán dar marcha atrás a las sanciones "en función de la evolución de la situación en el país".

Se refirieron en particular a la celebración de negociaciones "creíbles y significativas", al respeto a las instituciones democráticas, a la adopción de un calendario electoral completo y a la liberación de todos los prisioneros políticos.

En el mismo contexto, hicieron hincapié en que estas medidas restrictivas "no han sido diseñadas para perjudicar a la población venezolana", cuya apurada situación "la UE quiere aliviar".

"Como siempre, nosotros todo lo que hacemos está orientado a incentivar la celebración del diálogo entre el Gobierno y la oposición con el objeto de alcanzar una solución pacífica, democrática y dialogada a la situación que vive Venezuela", indicó por su parte el titular español, Alfonso Dastis.

Preguntado por la posibilidad de sancionar al entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Dastis afirmó que para ello los países tendrían que ponerse de acuerdo "unánimemente" y que "cada Estado miembro que tenga interés o razones someta nombres y se examinen en el marco de los procesos del Consejo".

"Nosotros preferiríamos que ese diálogo tantas veces anunciado y tantas veces frustrado del que ha vuelto a hablar el presidente Maduro, acabe siendo una realidad y haga innecesario seguir adelante" con sanciones, precisó.

Por su parte, el ministro británico, Boris Johnson, destacó que su país ha liderado estas sanciones y que con ellas confía que Maduro "se dé cuenta de lo que está haciendo".

Los ministros aseguraron que "un diálogo y negociación constructivos son la única manera sostenible de abordar la actual crisis" y de "responder a las apremiantes necesidades del pueblo" venezolano.

Lamentaron que las elecciones a gobernadores regionales del pasado 15 de octubre sucedieran con "numerosas irregularidades" y que los resultados "no fueran reconocidos por gran parte de la oposición", por lo que pidieron "total transparencia" por medio a una auditoría independiente.

La UE expresó además su preocupación por la "falta de respeto a los mecanismos establecidos constitucionalmente" a la hora de nombrar a los nuevos gobernadores.

A su juicio, esto "ha acentuado la polarización política" en el país, mientras que el establecimiento impulsado por Maduro de una "todo poderosa" Asamblea Constituyente "erosionó más a las instituciones democráticas e independientes".

Los ministros reiteraron que la UE no reconoce a esa asamblea o sus actos ante las "serias dudas sobre su legitimidad y representación" y pidieron "respeto a las prerrogativas de la Asamblea Nacional".

Consideraron igualmente una "razón adicional de alarma" los informes del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre violaciones en ese ámbito.