Para limpiar la vida pública

Digámonos la verdad: en buena medida la lucha contra la corrupción no progresa porque la opinión pública no exige suficiente. Ha estado aturdida, confundida por los grandes medios de comunicación. Y es que no son pocas las empresas de ese tipo que en lugar de hacer una fiscalización imparcial se la pasan despotricando, juzgando, acabando reputaciones o dando certificados de buena conducta sin que jamás develen que su apreciación de la realidad pasa por el prisma de sus propios intereses y por los vínculos comerciales que los unen, o los separan, de aquellos protagonistas de la vida nacional a quienes ensalzan o victimizan.

La parte positiva consiste en que los escándalos recientes convirtieron la lucha contra la corrupción en tema central de las próximas elecciones. Así, personajes que buscan consolidar candidatura como Claudia López, se han anticipado a colectar firmas para apoyar iniciativas legales en la materia.

Las organizaciones políticas tradicionales no se quedan atrás. El Centro Democrático impulsa un proyecto que premia delaciones, mientras el Presidente y sus alfiles proponen la financiación integral de las campañas y listas electorales cerradas.

Con relación a las propuestas mencionadas no me hago ilusiones. La delación de los corruptos es un paso en la dirección correcta pero su eficacia es restringida. Requeriría de un sistema de justicia limpio y eficaz, capaz de evitar la cartelización de testigos. Se trata de condiciones que hasta ahora no se han visto en nuestro medio.
Por su parte la financiación total de las campañas puede ayudar, pero no será la solución porque los politiqueros de este país son tan codiciosos que han de comer a doble canal: se quedarán con la plata entregada por el Estado para el proceso electoral y también con todos los contratos y puestos a su alcance.

En cuanto a cerrar las listas el procedimiento podría reeditar la nefasta época del bolígrafo. Sin democracia interna en los partidos, las direcciones centrales ejercían y siguen ejerciendo, una santa voluntad fundada en el amiguismo y en los intereses personales de los jerarcas.

La cuestión de fondo es que la lucha contra la corrupción requiere un enfoque integral, sistémico, que incluye dos aspectos básicos. El primero es hacer que todos los procesos contractuales del Estado y la vinculación de sus servidores, se rijan por la transparencia. Esto significa apertura absoluta de la información sobre las oportunidades, los requisitos contractuales y el perfil de los participantes. Implica también que la contratación, como en otras latitudes, se efectúe por paneles con fuerte participación de los ciudadanos. Un proceder como este podría cortar los recursos espurios que llegan a las arcas de los politiqueros, individuos que, como dice Sergio Fajardo, pagan por llegar y luego deben robar para pagar la ‘inversión’ que hicieron en la campaña.

El segundo aspecto es establecer un sistema que acabe con la detestable intermediación que hacen ciertos políticos con el propósito de sacarle lucro a la ‘mermelada’. En este orden de ideas deberían ser destituidos y castigados en forma ejemplar los congresistas, diputados, concejales y miembros de directorios políticos que con sus gestiones, recomendaciones o insinuaciones pretendan incidir de alguna manera en la contratación pública.

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