Un carcelazo no se le niega a nadie

Sigifredo López quedó libre. Aunque el proceso en su contra no ha terminado, el Fiscal General manifestó que los testimonios en su contra han sido desvirtuados. La otra prueba alegada contra López ya fue desechada: el FBI no pudo afirmar que era de él la voz de la grabación en donde se explica a los guerrilleros la distribución de las oficinas en la asamblea del Valle.Por el impacto mediático que produjo que López fuera capturado después su secuestro por las Farc, el episodio obliga a reflexionar sobre el sistema judicial. Primero, sobre la importancia de que el Estado prive de la libertad solo en circunstancias excepcionales. En las democracias modernas la libertad es, después de la vida, el más importante de los derechos y la base indispensable para el ejercicio de ellos, por tanto, un bien fundamental que exige ser protegido con el mayor cuidado y efectividad.De manera que la libertad es la regla general y su privación una excepción que debe estar plenamente justificada. No tiene discusión cuando una persona es condenada por cometer un delito grave y debe pagar por sus actos. Tampoco la hay en los casos de flagrancia, si el delito de quien es cogido con las manos en la masa amerita prisión.Es la “detención preventiva”, la privación de la libertad como “medida de aseguramiento”, la que exige las mayor precaución. No dudo de que en un país como el nuestro, azotado por terroristas, homicidas y narcotraficantes, hay que buscar un equilibrio entre la importancia radical de proteger la libertad de quien se presume inocente y las necesidades de seguridad de la sociedad y de garantizar la comparecencia en el proceso penal del presunto delincuente. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es que se prive de la libertad de manera arbitraria, bajo la premisa de que “un auto de detención no se le niega a nadie”. Estamos retornando a los tiempos en que se encarcelaba para investigar, en lugar de investigar para encarcelar. Es buena parte del problema: nuestros organismos de investigación son tan deficientes que resultan incapaces de proveer las pruebas materiales que aseguren la responsabilidad de los inculpados. Frente a semejante debilidad se acude a los testimonios.El caso de López, especialmente cruel por haber sido injustamente privado de la libertad antes por los violentos y ahora por el Estado, pone de presente una vez más la flaqueza y peligros de las pruebas testimoniales. Peligros aumentados por el afán de los fiscales de negociar beneficios con delincuentes a cambio de sus testimonios contra terceros. No es el único caso de falsos testigos. Plazas Vega está condenado con base en un único testimonio llenos de falsedades, recogido en circunstancias sospechosas y que no fue rendido por el supuesto suboficial que aparece declarando. Y como él, cientos más. No son extraños los casos de ofrecimientos de dinero y se habla ya de un cartel de testigos.Finalmente, el propósito de la Fiscalía no es el de encarcelar a los ciudadanos, sino el de acopiar las pruebas que permitan sancionar a los responsables de los delitos. Encarcelar puede ser, como en los casos señalados, profundamente injusto. Y da lugar, cuando el Estado se equivoca, a indemnizaciones millonarias que pagamos usted y yo y los que pagamos impuestos. Dineros que deberían usarse para garantizar seguridad, educación y salud y no a reparar los afanes de persecución de nuestros fiscales.