Que haya debate

A dieciséis días de terminarse el plazo para el Fast Track sobre el acuerdo con las Farc, y a cinco semanas de culminar la legislatura ordinaria, se espera que se cumplan los principios que hacen del Congreso el escenario de la democracia. En especial, es de gran importancia que exista un debate amplio mediante el cual el país quede enterado con suficiencia sobre decisiones que afectarán el rumbo del Estado y la vida cotidiana de los colombianos.

Uno de los aspectos positivos de la política consiste en permitir la definición de los puntos más importantes del devenir público y los que son esenciales para la marcha del Estado. Alrededor de ellos debe existir el conocimiento de las instituciones encargadas de debatir las iniciativas que se presenten y la toma de decisiones en asuntos que se consideren fundamentales para la Nación.

En nuestro caso, la actividad del Congreso se concentra hoy en dos aspectos de especial relevancia. El primero de ellos son las iniciativas ordinarias, de las cuales la ley de presupuesto tiene sitio especial. Aunque el interés está en los desarrollos sobre el acuerdo con las Farc, los legisladores no pueden dejar de lado el debate a un aspecto del cual dependen la buena marcha del Estado y los ajustes que requiere su funcionamiento frente a las necesidades de los colombianos.

El segundo es el cumplimiento de los pactos de La Habana, y la angustia resultante de saber que quedan pocos días para tomar decisiones legislativas sobre los compromisos allí establecidos, además de la espera de conceptos cruciales que deberán ser emitidos por la Corte Constitucional.

En los próximos días, y mientras la Corte emite su sentencia sobre el Acto que creó la Justicia Especial de Paz, en el Congreso deberá decidirse la suerte de la ley reglamentaria. Ese es el corazón de los acuerdos, empezando por las excepciones que el Estado deberá hacer para cumplir los compromisos. Por eso, y aunque ha existido una polémica amplia en los medios de comunicación, y se han conocido ajustes a los proyectos originales, al Legislativo le corresponde dar el debate en el cual participen las fuerzas políticas allí representadas.

Es claro entonces que debe producirse un pronunciamiento de la Corte, y a la vez la norma que dé vida a la JEP. En el último caso, y debido a que es una decisión de contenido político, es obligación del Congreso enterar a los colombianos sobre las determinaciones que tomará. Y evitar las deliberaciones de último momento en las cuales se actúa de prisa y en función de compromisos, lo cual dificulta la aplicación de principios que forman parte integral de la democracia.

Igual debe predicarse en el trámite de las leyes que se aplicarán en materia de tenencia y de tierras, de circunscripciones especiales y de la que permitirá la participación de las Farc en los procesos electorales. Lo mismo debe ocurrir con respecto a una reforma política que ha sido permeada con propuestas que más parecen dirigidas a resolver problemas de los partidos.

Por todo ello, el debate parlamentario debe ser amplio y suficiente.