Paramilitares | Ampliación 6:35 p.m.
Gobierno abrió debate público al decreto de justicia y paz
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El alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo y el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi. Foto: Colprensa
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| Proyecto de decreto incluye reparación con bienes lícitos e ilícitos, confesión plena y descuento a la pena alternativa del tiempo que los desmovilizados estén en zonas de concentración.
Por lo menos 233 desmovilizados, entre ellos los principales jefes, serán los primeros en iniciar el proceso de Justicia y Paz.
El Gobierno presentó dos decretos más. Uno para reglamentar la ley 702 y otro para que los desmovilizados ratifiquen, ante la Fiscalía, su voluntad de acogerse a la norma.
En la página de la Presidencia se publicará el texto completo y se podrán hacer sugerencias a través de correo electrónico.
La posibilidad que si no alcanzan a reparar con los bienes ilícitos, los desmovilizados lo hagan también con los lícitos, el descuento en la pena alternativa del tiempo que permanezcan en Santa Fe Ralito y la obligación de confesar todos los delitos, serán algunos de los temas del decreto de reglamentación de la ley de Justicia y Paz, que el Gobierno nacional puso este martes a consideración de los colombianos.
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 El Alto Comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, expone el decreto reglamentario de la ley de justicia y paz.  Escuche aquí
El presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, dice que con los recursos actuales es imposible aplicar la ley de justicia y paz. Escuche aquí
El magistrado Carlos Villalva dice que con la aplicación de la ley de justicia y paz, el Gobierno se está jugando no sólamente su prestigio, sino la propia estabilidad del país. Escuche aquí | | Hasta el día sábado de esta semana, cualquier persona podrá pronunciarse y hacer sugerencias para mejorar la ‘carta de navegación’ que los jueces y fiscales seguirán para aplicar los beneficios y obligaciones de la norma a los jefes paramilitares y guerrilleros que han abandonado las armas y se han acogido a un proceso de desmovilización y reinserción.
Los colombianos podrán conocer el texto completo en la página www.presidencia.gov.co y luego dar sus sugerencias al correo justiciaypaz@presidencia.gov.co. Luego, esas observaciones serán analizadas antes de publicar el texto definitivo del decreto.
En rueda de prensa celebrada este martes en Bogotá, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo y el ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, revelaron los pormenores de tres documentos relacionados con el proceso con los paramilitares.
El primero, es un decreto en el que se le autoriza a la Fiscalía General de la Nación llamar en versión libre a los desmovilizados. Esto con el fin de que ratifiquen su intención de someterse a la ley de Justicia y Paz. "Con este decreto se puede comenzar de inmediato la aplicación de la ley y el proceso investigativo y judicial", explicó el ministro Holguín Sardi.
La finalidad de este primer decreto es que la Fiscalía pueda priorizar a quienes se acogerán, para luego determinar si cumplen con las condiciones de elegibilidad para acceder a los beneficios de la norma.
El segundo decreto es una reglamentación de la ley 782, o de Orden Público y que se aplica a los desmovilizados que no tienen en su haber delitos de lesa humanidad y que por lo tanto, pueden ser objeto de indulto.
Sobre este tema, el Comisionado explicó que luego de que la Corte Constitucional tumbara por vicios de trámite la consideración de las actividades de las AUC como delito político, fue necesario hacer este decreto para garantizarle estabilidad jurídica a quienes se desmovilizaron y quedaron libres al no estar acusados de delitos atroces.
"Nosotros, por la vía del decreto, le damos soporte a los beneficios de la ley 782 (amnistía e indulto) al dejar establecido que el concierto para delinquir pueda ser delito político", dijo Restrepo.
Y el tercero, es la reglamentación de la ley de Justicia y Paz, con el que "se pretende estricta sujeción a la sentencia de la Corte Constitucional. Se establecen las obligaciones que debe cumplir el desmovilizado para acceder a los beneficios de la norma, los mecanismos de reparación, la obligación de una confesión plena y los instrumentos que tienen los jueces y fiscales para procesarlos", explicó Holguín Sardi.
Agregó que el texto acoge la claridad hecha por la Corte Constitucional Constitucional en torno a que la Fiscalía no se podía quedar exclusivamente con la confesión del ex paramilitar sino que debía adelantar un proceso investigativo para complementarla. Además, aclaró que serán los jueces quienes determinen si el desmovilizado puede o no recibir los beneficios de la ley.
También fue enfático en reiterar que quien cumpla con todos los requisitos y obligaciones de la norma no será extraditado. Pero en caso contrario, se hará efectivo su traslado a Estados Unidos.
Holguín señaló que entre los requisitos están "el de demostrar la confesión plena, la entrega de los secuestrados, la entrega o la identificación de los desaparecidos, la colaboración para que se puedan encontrar los sitios donde fueron enterradas víctimas" , entre otros.
Algunos aspectos del decreto
Reparar con bienes lícitos e ilícitos.
En el decreto reglamentario de la ley de Justicia y Paz se establece que uno de los requisitos que deben cumplir los desmovilizados a la hora de acogerse a la norma, es entregar todos los bienes ilícitos. Sin embargo, si éstos no alcanzan para hacer reparación total de las víctimas, el ex paramilitar deberá entregar también los bienes lícitos.
Se descuenta el tiempo en la zona de concentración.
El propio Luis Carlos Restrepo reconoció que "en este punto y sólo en este punto" la norma difiere del fallo de la Corte, que declaró inexequible el artículo que permitía que la permanencia en la zona de ubicación temporal fuera descontado de la pena alternativa.
"Si el ámbito de la ley permite su aplicación desde el momento de la decisión de desmovilizarse, y la permanencia en zona de ubicación temporal bajo el marco de la 782, se realizó atendiendo a ese componente voluntario y subjetivo propio del proceso de paz, entonces creemos que ese tiempo de permanencia en zona, previo al fallo de la Corte, puede ser recuperable (...)nosotros sí consideramos que se puede mantener este beneficio", dijo el Comisionado.
Confesión plena
Quedó establecido que el desmovilizado quiere acceder a la pena alternativa, debe confesar todos los delitos cometidos o perdería los beneficios.
Elegibilidad
Serán los jueces quienes determinen si un desmovilizado tiene derecho o no a recibir la pena alternativa de 5 a 8 años prevista en la ley de Justicia y Paz.
Delito político
En la ley de Justicia y Paz no se contempla. Sin embargo, el gobierno expidió un decreto en el que, según el Comisionado, se le da solidez jurídica a la decisión de darle indulto, de acuerdo a la ley 782 o de orden público, a aquellos desmovilizados no cometieron delitos atroces. "De tal manera que el concierto para delinquir atribuido a los miembros de las autodefensas, pueda ser entendido como un delito contra el régimen constitucional y legal", dijo el Comisionado. | | ¿A quiénes se aplicará?
A su turno, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, reveló que hay 2 mil 695 solicitudes de desmovilizados que esperan acogerse a la ley de Justicia y Paz. Cada uno de ellos, individualmente, tendrá que ratificar su voluntad de someterse a la norma, para de inmediato iniciar el proceso de la versión libre y la investigación por parte de la Fiscalía.
Sin embargo, de ese total, ya está claro quiénes serán los primeros en iniciar el proceso judicial: los 28 comandantes recluidos luego del ultimátum del presidente Álvaro Uribe Vélez, donde los conminó a presentarse ante las autoridades de forma inmediata so pena de perder los beneficios. De ellos, 25 están en la sede de Prosocial en La Ceja (Antioquia) y tres se encuentran en diferentes estaciones de policía.
Además de ellos, hay 205 desmovilizados que se encuentran recluidos en zonas de ubicación temporal y que están a la espera de definir su situación jurídica.
También hay una lista de 2 mil 415 presos en diferentes partes del país, a
quienes los miembros representantes de las Auc consideran como integrantes de esa organización armada ilegal. En este caso, serán exclusivamente las autoridades judiciales las que determinen si son elegibles o no.
"Del total de 2 mil 695 postulados, 16 tienen requerimiento de extradición por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Y del total de 2.415 presos de las AUC acreditados por sus miembros representantes, hay 8 que tienen solicitudes de extradición. Hasta el presente el Gobierno Nacional ha suspendido, mediante resolución formal, cuatro extradiciones condicionadas al cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz. Se trata de Salvatore Mancuso, Don Berna (Diego Fernando Murillo), Juan Carlos Sierra y un señor de apellido Vengoechea", aclaró el Comisionado.
El último hombre al que se refirió Restrepo es Eduardo Enrique Vengoechea Mola, alias ‘El Flaco’, supuesto integrante de la organización narcotraficante de "Los Mellos" o "Los Mellizos" y quien además es considerado un importante jefe paramilitar perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta y cuyo jefe máximo era el desmovilizado Hernán Giraldo.
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HECTOR / NORTH FORMYERS
ESA FOTO DE HOLGUIN SARDI....CON CARA DE DICTADOR...SERA QUE EN CONDICION DE TERRATENIENTE DEL VALLE...ESTA EN CONDICION DE CEDER ALGO DE SU TIERRA>???? humm
batman / cali
muy buen aporte chico maravilla
Robin / Cali
El proyecto de reparacion con bienes licitos e ilicitos , deberia ser ampliado para todo crimen que deteriore el bienestar psicologico social y economico de los colombianos y adicionalmente deberia de ... (Ver Mßs)
Andres / Colombia
Cuales serán los bienes lícitos? o mejor como los conseguirían?
Genaro / Buga la Grande
La proxima semana mas cuentachistes!!!
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