Bogotá
Incertidumbre entre los familiares de las víctimas
Resumen de agencias
Rechazo. Decenas de víctimas de paramilitares mostraron su descontento con la extradición. La marcha del pasado 6 de marzo evidenció algunos dramas.
Archivo / El País |
| Después de conocer la orden de extradición de catorce jefes paramilitares a los Estados Unidos, los familiares de algunas de sus víctimas se apostaron a las afueras del aeropuerto militar Catam (en Bogotá) para reclamar las garantías de verdad, justicia y reparación por parte del Estado.
Y es que después del intempestivo traslado, estas personas están viendo lejanos los beneficios.
Mientras, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Francisco Javier Ricaurte, mostró confianza en las autoridades estadounidenses, quienes han manifestado públicamente que “se garantizará el derecho a la reparación a las víctimas y habrá justicia”, las víctimas no creen lo mismo.
Tal es el caso de José Antequera, hijo de uno de los dirigentes de la Unión Patriótica asesinados por las autodefensas, quien piensa que: “Esto es una muestra más de la falta de garantías a la que están expuestas las víctimas en Colombia; es una clara prueba de la impunidad que reina en el país”.
A esta voz se sumó la de Edwin Uribe, coordinador político de Redepaz, quien sostuvo que “es imposible continuar con el proceso de reparación, al que tienen derecho los afectados”.
Una opinión similar tiene Iván Cepeda, líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
“Este es un hecho que deja sin piso el derecho de las víctimas (...) es una violación clara como lo dijo la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Cepeda. “Nos sentimos desamparados, vemos que este es un hecho que ya no tiene reversa”, agregó.
Ahora “nunca sabremos que les pasó a nuestros seres queridos (...) es el momento de que ellos digan la verdad, ¿dónde están nuestras familias?”, dijo María Eugenia Cobaleda, con dos hermanos Jairo de Jesús, de 31 años, y Óscar Alberto, de 41, secuestrados en abril de 1998 presuntamente por bandas paramilitares al mando de alias Don Berna. Si Murillo “no lo admite, ¿cómo voy a saber donde están mis hermanos enterrados?”, agregó.
Víctimas preparan medidas.
Una vez se conoció la orden de extradición, las organizaciones humanitarias y defensoras de los afectados por las acciones paramilitares, decidieron enviar una carta dirigida a Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional de la Haya, quien ha seguido de cerca el Proceso de Justicia y paz.
Uno de los voceros de las organizaciones indicó que el documento contendrá “todos los argumentos”, por los que consideran “se les están violando sus derechos”. Estas organizaciones expresaron que “confían plenamente” en el papel de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, y la Fiscalía.
Congreso dividido
La extradición de los ex jefes paramilitares enfrentó al Congreso de la República en opiniones a favor y en contra de la determinación del Gobierno.
Para la coalición de Gobierno, la medida era necesaria por “las violaciones a la Ley de Justicia y Paz”; mientras que para la oposición, con la ida a EE.UU. de estos líderes de las autodefensas, “también se van los promotores de la parapolítica”.
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Alvaropio / Florida/Pradera
por lo menos las victimas pueden estar satisfechas de ver que esto les duele a los paramilitares mas que qedarse en Colombia, con los beneficios que esto les ha dado siempre ... (Ver Más)
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