Aprobada la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz

Tras más de diez horas de debate y cerca de la medianoche, la Cámara de Representantes le dio vía libre a la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), pero introdujo algunos cambios.

Entre estos, se cuenta el más polémico que corresponde a la exclusión de los beneficios para los exguerrilleros de las Farc a los que se les compruebe que hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad.

La Corporación, aprobó por mayoría absoluta la proposición presentada por el representante a la Cámara del Partido de La U, Efraín Torres, y respaldada por todos los partidos.

“Ante la JEP es una realidad que los violadores y asesinos de niños miembros de las Farc recibirán las penas de la justicia ordinaria, con penas en centros carcelarios, y no los beneficios de la jurisdicción de paz con penas bajas y trabajo restaurativo. Así defendemos y reparamos a todos esos niñas y niñas que fueron abusados sexualmente mientras estuvieron en manos de la guerrilla, una violación o la explotación sexual no tienen nada que ver con el conflicto armado”, explicó el representante Torres.

El congresista de la U además dijo que aquellas personas que hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad no pueden pagar solo cinco años de cárcel.

El Gobierno, a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, se opuso a la propuesta, pero fue derrotado por representantes de las diferentes bancadas al considerar que pensaba más en beneficiar a las Farc que a los menores de edad.

La Cámara también introdujo otras modificaciones al articulado y tumbó las inhabilidades para los magistrados de la JEP que se habían impuesto en el Senado y dejó las que estaban el texto original de la norma y avaló el mismo régimen que tienen los magistrados de las altas Cortes.

Hernán Penagos, ponente de Ley Estatutaria de la JEP, dijo que lo que se había aprobado en el Senado iba en contravía de lo aprobado en el acto legislativo y que de mantener ese artículo, este sería declarado inconstitucional en la Corte.

“Quienes se sometan a la JEP podrán recusar a los magistrados que estén conociendo de los procesos, así como los propios magistrados tendrían la posibilidad de declararse impedidos por creer que han tenido injerencia en algún caso en específico. Los que están elegidos se mantienen”, explicó el representante Penagos.

Una proposición para que los magistrados de la JEP solo estuvieran en los tribunales máximo ocho años no tuvo acogida.

Otros de los temas álgidos que se aprobó, pero sin mayores inconvenientes, fue la participación en política de las Farc, que pasó tal como llegó del Senado.

Al final del debate, el ministro del Interior agradeció a los representantes por “la responsabilidad con que asumieron el compromiso con la historia. Las víctimas del conflicto armado en el país agradecerán este gesto patriótico, esta seriedad con que la Cámara encaró el proyecto”.

Informó que hoy el Gobierno radicará el texto de conciliación para recibir nuevamente el respaldado del Congreso y el proyecto pueda pasar a revisión de la Corte Constitucional.

Los congresistas Alirio Uribe, Ángela Robledo e Iván Cepeda propusieron ayer que se debata y apruebe un segundo ‘fast track’ para que puedan estudiarse los proyectos relacionados con el acuerdo de paz que no fueron tramitados en esta legislatura.

En ese sentido le han pedido al Gobierno contemplar la posibilidad de que además de mensaje de urgencia para el próximo período de sesiones del Congreso de la República se analice la posibilidad de que haya un nuevo fast track, ya que el vigente termina el próximo 15 de noviembre.

La propuesta es audaz pero sin duda inviable en este momento político, pues se necesitaría de ocho debates para aprobar una reforma que permita un nuevo período de mecanismo legislativo especial.

Según el senador Iván Cepeda, si bien el ‘fast track’ o mecanismo de vía rápida para evacuar los proyectos de paz, tiene fecha de vencimiento, la Corte Constitucional blindó el acuerdo por tres períodos y así mismo la obligación del Estado para implementarlo.

El Presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, destacó que en la aprobación de la Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz se lograron sacar adelante temas muy importantes. 

Lara explicó que la plenaria acogió gran parte de las propuestas modificatorias presentadas por el fiscal Néstor Humberto Martínez y se lograron avances frente al castigo de los delitos graves, de los reincidentes y los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Sobre la aprobación de la participación política de los miembros de las Farc, Lara dijo que aunque se acogió el fallo de la Corte Constitucional. “Es muy grave que a los colombianos se les imponga como representantes suyos en el Congreso de la República a personas sobre las cuales aún penden la comisión de delitos de lesa humanidad”.

Se mostró satisfecho con la decisión de la plenaria de no permitir que los responsables de los delitos sexuales contra menores de edad se beneficien de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Los que hayan cometido delitos sexuales contra menores no entrarán a la JEP y serán juzgados en la justicia ordinaria, deben ser castigados con todo el peso de la ley y los responsables, los violadores, deben ir a la cárcel”, concluyó.