"Confío en que el Congreso aprobará la JEP": Alto Comisionado para la Paz

Como si fuera un mantra de buena suerte, el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, repite una y otra vez que el Congreso “va a tomar las decisiones responsables y serias que el país necesita”.

Y no es para menos, ya que por cuenta de la resistencia de algunos parlamentarios el primer aniversario de la firma del Acuerdo del Teatro Colón podría coincidir con el hundimiento de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz, JEP, considerada la columna vertebral de lo pactado entre el Gobierno y las Farc.

Sin embargo, con tres meses en el cargo, Rivera sostiene que nunca le ha faltado la fe con respecto a la aprobación de los proyectos que se necesitan para la implementación jurídica del Acuerdo.

Son días difíciles en el Congreso para los proyectos del ‘fast track’ y ni usted se salvó del regaño del senador Roy Barreras por no acudir al Senado...
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Ese día yo estaba en Medellín, presidiendo con el Gobernador el Comité Operativo de Paz y Reincorporación de Antioquia, donde el proceso de paz tiene retos muy grandes en materia de reincorporación. Allá funcionan 5 de los 26 Espacios Territoriales de Reincorporación que reúnen excombatientes de las Farc y estábamos, con el Ministro de Agricultura, tratando de resolver el cuello de botella de las tierras.
Confíabamos en llegar hacia las tres de la tarde, pero lamentablemente la plenaria se levantó por falta de quórum. Lo otro es que se estaban discutiendo impedimentos, en los que el papel del Gobierno es marginal, pues nunca participa en esa discusión.

Lo cierto es que el llamado Plan B del Ministro del Interior tampoco funcionó mucho la semana pasada. ¿Aún tiene fe de que se va a aprobar la JEP?
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Nunca me ha faltado la fe. Yo creo que, como ha ocurrido en el pasado, el Congreso va a tomar las decisiones responsables y serias que el país necesita. No hay decisión más importante en la actual legislatura que la aprobación de la Ley Estatutaria de la JEP, que va a garantizar que a las víctimas se les asegure su derecho a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición. También es importante para garantizar los derechos políticos que se le están reconociendo a través de la Constitución y los Acuerdos de Paz a los reincorporados de las Farc, así como sus obligaciones ante las víctimas. Por lo tanto, sí soy optimista.

Sin embargo, hay congresistas afectos al Gobierno que aún insisten en la conmoción interior como salida al impasse que se ha presentado...
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No crucemos el puente antes de llegar al río. Primero concentrémonos en que el Congreso haga su tarea y no hagamos elucubraciones sobre situaciones hipotéticas que no van a ocurrir. Sobre el proyecto de la JEP había muchas dudas, pero ya se han allanado para garantizar que ni los disidentes ni los desertores ni los reincidentes ni los narcotraficantes, después del 1 de diciembre, tengan acceso a esa ley. También sobre que esta ley sí cobije a servidores públicos que hoy tienen procesos ante la justicia ordinaria por su responsabilidad en delitos ligados y no a terceros que hayan sido víctimas de extorsión o constreñimiento legal por grupos al margen de ley, sino solo a los que sean responsables determinantes de delitos muy graves. Los temas sustantivos se han venido aclarando y confío en que el Congreso va a aprobar el proyecto.

¿Y las dudas sobre la participación política de los jefes de las Farc?
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Me gustaría recordar que el Acto Legislativo de mayo del 2017 establece que la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política... La Constitución hoy es muy clara en que, en el caso de los miembros de las Farc que han sido acreditados por el Gobierno y están en proceso de reincorporación, todas sus condenas por delitos competencias de la JEP están suspendidas y eso incluye las penas privativas de la libertad, por eso es que están en la calle, caminando por el país. También incluyen las penas accesorias de la inhabilidad política, no las tiene que suspender el Procurador, sino que están suspendidas por orden constitucional.

Pero usted dijo que pueden haber incompatibilidades entre el pago de condenas de la JEP y el ejercicio político...
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Ese mismo artículo constitucional dice que la JEP va a ser la encargada de verificar si ellos están diciendo toda la verdad y si están reparando a las víctimas y, una vez le impongan las sanciones, si son incompatibles con el ejercicio de una función pública en el Congreso, una alcaldía o una gobernación, priman las obligaciones ante la JEP.

¿A un año de la firma del Acuerdo, cuáles son los mayores riesgos que enfrenta el proceso de paz con las Farc?
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Yo espero que pronto ambas partes en la negociación autoricemos la publicación del informe del Instituto Krof, que es la autoridad prevista por el Acuerdo para monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, y vamos a encontrar, en blanco y negro, las cosas que van bien, las que van regular y las que van mal.
Vamos a encontrar que no todo va tan bien como dicen los más optimistas ni todo va tan mal como dicen los más pesimistas. Basados en fines políticos, a veces se hacen declaraciones que tienen esa clase de intencionalidad, pero es bueno que una institución independiente, que tiene las bases de datos de todos los procesos de paz desde el año 89, que son 34, compare lo que se ha hecho en Colombia con otros procesos similares.

¿Y cuál es el balance del Gobierno?
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El Gobierno ha reconocido que es un proceso complejo, con dificultades, que estamos recorriendo un territorio que no está mapeado, que no lo hemos recorrido antes, pero hemos tenido avances notables en la implementación. ¿Dónde tenemos las mayores dificultades en este momento? En el cuello de botella de la definición de los terrenos en los cuales se va a hacer la reincorporación productiva sostenible y definitiva de los miembros de las Farc. Una vez se supere ese cuello de botella, lo que estamos trabajando con mucha firmeza con el Ministro de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras y en concertación con las Farc, es la definición de proyectos productivos que realmente sean sostenibles en esas tierras y que garanticen un ingreso sostenible para esa población, o sea, que tengan también resuelto el tema de la comercialización de los productos que allí se van a producir.

¿Y qué hay de la seguridad de los excombatientes, siguen los asesinatos?
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Por fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ellos tienen medidas individuales de protección que están funcionando y en los Espacios hay medidas colectivas de protección que funcionan, pero cuando ha habido miembros que han salido de esas zonas y se exponen a los riesgos normales que tiene el resto de la población, ahí hemos seguido teniendo una siniestralidad sobre la cual tenemos que seguir trabajando.

Usted reconoce que la falta de tierra es el actual cuello de botella de la implementación. ¿Cómo solucionarlo?
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Estamos trabajando con toda voluntad. El Ministro de Agricultura ha dado órdenes de que se proceda con la mayor celeridad, la Agencia Nacional de Tierras está trabajando en un modo excepcional para resolver el tema y también le hemos pedido a las Farc que ellos contribuyan con decisiones que son indispensables para poder avanzar en esta dirección, porque esto no puede ser resuelto unilateralmente por el Gobierno, no puede ser impuesto, tiene que ser acordado. Por eso hemos venido trabajando en 16 de los 26 Espacios para resolver este tema que, en la práctica, ha dificultado poder definir de fondo los proyectos productivos que van a garantizar la reincorporación colectiva de los excombatientes.

Hay quienes dicen que una de las dificultades es que faltan recursos para adquirir los predios. ¿Sí hay músculo financiero para sacar adelante la Paz?
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En los temas que le he mencionado no ha habido dificultades fiscales. El Gobierno ha hecho la reserva presupuestal para que esos compromisos se puedan cumplir. El asunto es que hay trámites que no se pueden obviar porque el Estado de Derecho funciona con sujeción a la ley y las instituciones tienen que cumplirla. Pero estamos asistiendo a un cambio cultural muy fuerte en las instituciones y es que se les está pidiendo que actuemos de manera excepcional, como corresponde a un Acuerdo de Paz en el cual se ha empeñado la seguridad y la reconciliación.

No obstante, el Estado aún no llega a hacer presencia en los sitios más afectados por la guerra, como Tumaco, que se supone que es el gran logro del proceso de paz...
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Allí el Gobierno está actuando con integralidad. Hay medidas concretas que están siendo dirigidas por el vicepresidente Óscar Naranjo, después de estar en Tumaco varios días, que comprometen la actuación de casi toda la institucionalidad, no solo con medidas en materia de seguridad, sino en materia social, de erradicación y sustitución de cultivos, de educación, de salud y, por supuesto, en materia de reincorporación de los excombatientes que están en la zona de La Variante, de modo que se tiene una política de intervención integral que enfrente los síntomas y las manifestaciones externas de los problemas que se advierten en esa zona del país.

¿En algún momento se ha arrepentido de haber asumido el reto de la Alta Consejería para la Paz?
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No, en absoluto. Soy un convencido de que, después del esfuerzo descomunal que ha hecho Colombia en su historia para lograr la seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas, lo mejor que le puede ocurrir al país es cosechar las consecuencias de esa determinación de firmeza de nuestra sociedad y de nuestro Estado, y esa cosecha es este Acuerdo de Paz. Además, poder contribuir a explicar la lógica del Acuerdo de Paz, a la implementación adecuada del Acuerdo y a la propia negociación que se está adelantando con el ELN, es realmente un privilegio. Me siento muy satisfecho por tener la oportunidad de contribuir en este propósito de construcción de paz.