¿En qué va la restitución de tierras en el Gobierno de Duque?

Cuando fue sancionada en el año 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se convirtió en una victoria con un halo de esperanza para quienes sufrieron en carne propia los embates del conflicto. Hoy, a dos años y medio de terminar su vigencia (11 de junio de 2021), son muchos los logros, pero también los pendientes y los retos que plantea esta política.

Desde uno de los frentes de la ley, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, quien asumió el cargo en octubre pasado, reconoce que son varias las regiones donde el proceso aún no avanza —principalmente— por la presencia de grupos armados ilegales, pero destaca que existen muchos lugares donde la restitución y el acompañamiento con proyectos productivos han transformado la vida de las comunidades.

¿Qué papel juega la restitución en las políticas del Gobierno Duque?

Nosotros incluimos la restitución dentro de los pilares de este Gobierno: legalidad, que tiene que ver con aclarar todos esos procesos donde hubo despojos, destierros, compras ficticias, todo ese tipo de figuras a través de las cuales a la gente se le quitó la tierra, y esto termina en una sentencia judicial.

El segundo pilar de emprendimiento es muy claro, que los proyectos productivos que desarrollemos en esos predios restituidos no solo deben ser para ocupar, sino que permitan una economía, que tengan un comprador de los productos que se obtienen desde esos desarrollos. Esos dos componentes, legalidad y emprendimiento, deben derivar en equidad, que se inscribe dentro del tercer pilar del pacto por la equidad.

Recientemente ha habido debate sobre el tema de segundos ocupantes, incluso la senadora María Fernanda Cabal ha planteado un proyecto de ley que lo aborda…

En la sentencia C330 de 2016 la Corte Constitucional atendió el tema de segundos ocupantes, cuando se trata de campesinos, población vulnerable. El proceso abreviado invierte la carga de la prueba. En ese sentido, el que ocupa, si es un campesino, cómo demuestra buena fe exenta de culpa.

En términos jurídicos es complejo porque es demostrar lo que en derecho llaman la debida diligencia, es decir: que llegué al territorio, me ofrecieron el predio e hice una indagación donde pude establecer que esas tierras no eran de despojo y fueron bien adquiridas. No se trata simplemente de revisar los títulos de propiedad, los certificados de libertad, sino de ir más allá. Eso, para un campesino, es imposible.

Entonces, a través de esa sentencia y desde 2016, se reconocen a los segundos ocupantes cuando son población vulnerable y no tienen que demostrar la buena fe exenta de culpa sino buena fe simple. Y para ellos, los jueces ordenan compensaciones, es decir, que también se les va a reparar.

¿Y qué pasa con esas personas y su permanencia en el predio?

En muchos casos esa población tiene que entregar el predio, pero se ordena que la Unidad le adjudique un nuevo predio, que sea equivalente a una unidad agrícola familiar, y también se acompaña con proyectos productivos. Ese es el tratamiento que hay actualmente previsto. Es decir, algo que la ley no prevía, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional se atiende. El proyecto de ley retoma esas inquietudes y hay mucha casuística en eso. Casos en los que llega el juez, con la Fuerza Pública y la Unidad de Restitución, esa persona tiene allí su proyecto de vida y termina prácticamente en la calle, eso hoy no ocurre.

¿Entonces en su opinión el proyecto de ley no sería necesario?

La Unidad, como tal, ejecuta la ley, no entramos sobre la discusión de modificarla, eso lo hace directamente el Ministerio de Agricultura y en la Presidencia verán la necesidad o no de hacerlo. Nosotros lo que damos son insumos y podría decir que los segundos ocupantes están atendidos. Llegar faltando menos de tres años a hacer una modificación de la ley termina desnaturalizando el proceso.

El 11 de octubre venció el plazo para inscribirse en los procesos de restitución. ¿Es posible que se amplíe?
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Llegué a la Unidad justamente cuando vencía el plazo de presentación de las solicitudes de restitución, esto era a través del Decreto 1167, que fue expedido el 11 de julio de 2018, viene del Gobierno anterior y nos vimos avocados a ver qué manejo se le daba. Aquí hay varias posibilidades: Una es derogar el decreto si se considera que vulneró la ley, porque esta no establece un plazo para el cierre de la presentación de las solicitudes.

Lo otro es ampliar el plazo que da el decreto mismo o simplemente lograr que a través de un decreto posterior le demos posibilidad a la gente de que presente las solicitudes hasta la vigencia de la ley. Ya la Presidencia de la República, en la Secretaría Jurídica, tiene el caso para definir cuál sería la mejor opción.

¿De dónde surge ese decreto?
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La dinámica del mercado de tierras, donde hay microfocalizaciones o procesos de restitución, está parado. Esto ya lleva siete años, por lo que muchos inversionistas tienen interés en que se cierre el tema para poder hacer un negocio. Frente a este tema hay una vía que la Unidad puede hacer y es cerrar las microzonas donde ya hicimos el barrido completo y no hay más víctimas que se hayan presentado o estén inscritas en otras bases de datos.

¿Y qué zonas están pendientes?
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Aquellas donde el conflicto se ha reavivado: El Catatumbo, Tumaco, bajo Cauca, toda la cuenca del Pacífico, Urabá, algunos territorios en los Llanos Orientales, una parte de Casanare, Caquetá, Tolima y Huila.

¿Qué tan relacionada está la persecución a los líderes sociales con el tema de restitución?
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El conflicto armado en el país era por la presencia en el territorio, quién lo domina, y obviamente eso se materializa en la propiedad de la tierra. Para nosotros es un tema muy delicado y dentro de los procesos de restitución, en la etapa administrativa, identificamos esos líderes y pedimos a las autoridades que haya protección para ellos. Pero también hay que identificar esos fenómenos y la presencia de grupos armados al margen de la ley en los territorios.

En la medida en que uno conozca bien ese contexto y se pueda mover bien en el territorio, podremos superarlo. El Gobierno Nacional sacó un plan de protección de esos líderes sociales y nosotros acompañamos y apoyamos el proceso.

¿Cuáles son las zonas a las que se les está dando prioridad?
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Esas que mencionaba anteriormente, donde está suspendida la microfocalización o no se ha podido hacer. Cuando usted identifica dónde están esos líderes sociales y dónde han sido perseguidos, asesinados en muchos casos, coincide con estas zonas.

Siempre se habló de cifras mayores en materia de tierras despojadas. ¿Puede haber un subregistro?
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Sí, creo que eso puede estar ocurriendo. Otra situación obedece a que muchas personas no se han acercado porque tienen temor, porque pueden estar presionadas. Hay personas que se acercan, presentan su solicitud y luego se dan desistimientos, retiran la solicitud y termina el proceso.

¿En qué regiones del país ha avanzado más el proceso?
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Toda la Costa norte, desde La Guajira hasta abajo, en Córdoba, pasando por Magdalena, Atlántico, Sucre, Cesar, Bolívar. Todas esas zonas que ya no tienen paramilitares, allí hemos avanzado rápidamente y muchos de los beneficiarios de la restitución ya tienen proyectos productivos.

¿Se tienen los recursos para seguir?
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Los recursos para 2019 están garantizados, y hacemos un esfuerzo de implementar una política de austeridad en el gasto frente a temas de comunicaciones, publicidad, viajes, inclusive desde las nóminas, todo eso se está revisando para este año y hacer unas reducciones significativas.

Pero cuando usted mira esto en términos de la política, esto va a necesitar recursos adicionales. Donde también es importante el apoyo de la cooperación internacional, porque en últimas se vuelve la materialización de lo que ha sido un proceso de paz, la reparación del Estado frente a fenómenos como el conflicto armado.

¿Qué resultados espera obtener tras su gestión?
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A mí me trajeron para que culmine este proceso de manera exitosa. Hay que entender que hay que cerrar este capítulo, no se puede volver una cosa que en el tiempo no tiene fin. Esto ha funcionado muy bien porque es un proceso eminentemente técnico, no está politizado. Uno ve dentro de la Unidad un personal con un compromiso muy grande por sacar esto adelante, pero tiene que terminar bien por ser de justicia transicional.

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