Estos son los perfiles de los 38 magistrados de la Jurisdicción Especial para la paz

Este martes finalmente se conocieron los nombres de los 38 magistrados titulares que compondrán el Tribunal para la Paz y las Salas de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de 20 mujeres y 18 hombres.

En el Tribunal para la Paz, quedaron 11 hombres y 9 mujeres, incluyendo 1 indígena, la jurista Ana Manuela Ochoa Arias.

En total se incluyeron cuatro personas indígenas, dos hombres y dos mujeres. Igualmente, hay cuatro afrocolombianos y hay 15 personas que provienen de Bogotá.

El Comité de Escogencia señaló que seis de los seleccionados tienen trayectoria en defensa de los Derechos Humanos, seis son académicos, cuatro han sido jueces, dos han sido jueces penales militares, seis han trabajado en política pública, cuatro en la Procuraduría, cuatro en la Fiscalía, tres han trabajado como litigantes y otros tres en Cortes internacionales de Derechos Humanos.

Además, 12 tienen estudios de doctorado y 16 estudios de maestría. Aunque en algunos sectores de la Rama Judicial no se veía con buenos ojos que en el Tribunal quedara un magistrado actual de las Altas Cortes, por ser un posible caso de "puerta giratoria", el Comité seleccionó al actual magistrado del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourt.

Rojas Betancourt aseguró ante el Comité de Escogencia que la prohibición de pasar de una corte a otra está consignada en la Reforma de Equilibrio de Poderes, que es una reforma de 2015.

Algunos expertos consultados destacaron que esta sea la primera vez que una Alta Corte tenga tanta participación femenina y étnica, dado que en la justicia ordinaria no hay un tribunal con tantas mujeres.

Igualmente, se destacó que hay una composición que tiene diferentes rangos de experiencia profesional. “Es una lista fuerte. Esperemos que el Comité haya hecho lo necesario para que la elección de cada una de las personas sin conflicto de intereses sin ningún tipo de sombra”, dijo César Rodríguez de Dejusticia.

Rodolfo Arango Rivadeneira:

Abogado con doctorado en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Universidad de Kielm, en Alemania. Es profesor asociado del departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes y fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional.

“La JEP es el vehículo concebido en Colombia para garantizar los derechos de las víctimas, los actores del conflicto y la sociedad en general. Cumplir sus postulados permitiría consolidar el Estado constitucional, social y democrático de derecho y cimentar una paz estable y duradera en Colombia”, dijo ante el Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Jesús Ángel Bobadilla Moreno:

Abogado especialista en Instituciones jurídico penales y en Derecho probatorio y exmagistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En su criterio, “es de vital importancia que la aplicación razonada y ponderada del sistema de justicia transicional permitirá que los actores enfrentados en el conflicto, resuelvan sus diferencias, su situación judicial y construyan nuevos escenarios para promover pacífica y políticamente sus ideas y proyectos vitales”.

Eduardo Cifuentes Muñoz:

Expresidente de la Corte Constitucional y exdefensor del Pueblo. Abogado de la Universidad de los Andes y actualmente es profesor auxiliar de esa universidad.

"Si el hiato derecho-realidad no se supera a propósito del acuerdo de paz, integrando los dos momentos de manera pública, sostenida y firme, la suerte de la Nación como un todo quedará sujeta a una ruta trágica de perpetua guerra y venganza", expresó Cifuentes en el documento presentado ante el comité de selección de la JEP.

Zoraida Anyul Chalela Romano:

Abogada, experta en justicia transicional con especialización en Derecho Penal y Criminología. Actualmente es magistrada de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla.

“Constituye un compromiso moral poder contribuir con la paz de mi país y conocer más a fondo la dinámica del conflicto armado desde la orilla del grupo rebelde Farc, y las instituciones estatales aplicando las normas que regularán dicha jurisdicción sobre la base del Acuerdo final de paz y las normas que lo implementen”, dijo.

Sandra Rocío Gamboa Rubiano:

Magister en Defensa de los Derechos humanos y en Derecho Internacional Humanitario, y doctora en Derecho.

“La JEP es un inédito esfuerzo por cumplir las obligaciones del Estado y reconocer a las víctimas al ser un sistema integral y fundarse en la justicia restaurativa. Esta nueva realidad exige funcionarias que reconozcan su valor y busquen realizarla con trabajo esforzado y ético”, dijo al Comité.

Ana Caterina Heyck Puyana:

Abogada, especialista en Derecho Financiero, magister en Laws in Publica International Law y doctora en Estudios de paz, conflicto y democracia.

Fue directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas y actualmente es magistrada auxiliar del Consejo de Estado.

“El Acuerdo de Paz se firmó. Ahora es tiempo de la Justicia transicional como instrumento de reconciliación. Es allí donde quiero aportar lo aprendido en la investigación y en la práctica”, afirmó.

Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra:

Abogada, especialista en Derecho Público con magister en Investigación Social Interdisciplinaria y experta en Derechos Humanos.

“Quiero contribuir de manera directa a la materialización de los acuerdo de paz y hacer efectivo los derechos de las víctimas con una clara y debida aplicación de los procedimientos, las normas constitucionales y legales, haciendo una adecuada ponderación con las garantías del investigado”, expresó.

Mirtha Patricia Linares Prieto:

Abogada con maestría en Administración Pública y Filosofía, fue procuradora para los Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. Actualmente es asesora jurídica de la Contraloría.

“Estoy preparada para asumir el deber ético de ayudar a su cumplimiento y en la JEP administrar justicia restaurativa que sirva a los propósitos de reconciliación, que alivie el dolor de las víctimas y reconozca la voluntad de los excombatientes que acudirán a una jurisdicción cuyo compromiso es contribuir a la reconstrucción de un país que no soporta más guerra”, manifestó Linares.

Yesid Reyes Alvarado:

Abogado y magíster en Ciencias Penales Criminológicas y Criminalísticas y doctor en Derecho Penal.

Su vida laboral ha estado dividida entre la academia y el ejercicio profesional, y fue exministro de Justicia.

“Yo creo que este mecanismo de la JEP es una buena oportunidad de mostrar el funcionamiento de un aparato de justicia en unas circunstancias muy especiales, que es la de la terminación del conflicto armado, aplicando principios generales del proceso penal ordinario con lo que tiene que ver con la finalidad de sanciones”, señaló.

Cr. Camilo Andrés Suárez Aldana:

Abogado especialista en Resolución de Conflictos. Especialista en Derecho Penal y Criminología y exmagistrado del Tribunal Superior Militar.

“Deseosos de contribuir con el propósito de la paz entendemos que el capítulo de justicia es uno de los componentes fundamentales para a garantizar los derechos de las víctimas, alcanzar la reconciliación, esclarecer la verdad, garantizar la no repetición, establecer responsabilidades, fijar sanciones para aquellos que han cometido graves crímenes cometidos en el marco del conflicto”, dijo.

Roberto Carlos Vidal López:

Profesor e investigador al tiempo que actor de la promoción de la paz y los derechos humanos y doctor en Derecho.

“Yo concibo particularmente el escenario de la JEP como el escenario de la reconciliación y el reencuentro de nuestra sociedad como colombianos. Es el escenario, donde el protagonista, el núcleo central son las víctimas y sus derechos. Es el escenario de la visibilización de las víctimas”, señaló.

Raúl Eduardo Sánchez Sánchez:

Abogado especialista en Derecho Procesal Penal con una Maestría en Política Criminal y Derecho Penal Internacional. Ha sido delegado por Colombia en las Comisiones Preparatorias para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional, en Naciones Unidas en Nueva York y en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

“Se debe tener un sistema de procedimiento penal que sea expedito, que sea ágil y sirva a todos los intereses de los intervinientes y sirva para la paz sino también para la reconciliación. Un tercer desafío es ganar credibilidad y por último pensar que esta justicia tenga en cuenta a todos los actores y se refleje a nivel internacional”, dijo.

Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez:

Abogado, especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas y magíster en Ciencia Política, en Migraciones Conflictos y Cohesión Social en la Sociedad Global, en Historia y es doctor en Ciencias Sociales y Humanas.

"El principal reto consiste en terminar con la impunidad que ha reinado respecto a las graves violaciones de las DIH. El objetivo de este Tribunal de ganar legitimidad, de estabilidad y seguridad jurídica y lo más importante, debe ser un tribunal que produzca decisiones oportunas y no darse el lujo de cometer errores o deficiencias", expresó.

Gloria Amparo Rodríguez:

Abogada y tiene especialización en Derecho Ambiental, en Derecho Médico Sanitario, en Negociación, Conciliación y Arbitraje; maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y doctorado en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas.

"Creo que la JEP tiene enormes retos, no solamente con el fin de buscar la anhelada paz. Lo que está haciendo Colombia va a contribuir para que las nuevas generaciones puedan ver los frutos de eso. Esto va más allá de resolver el tema de dejar las armas, es también resolver la marginación de la mujeres y la pobreza en Colombia", expresó.

Ana Manuela Ochoa Arias:

Abogada especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Derechos Humano. Es indígena Kankuama.
“Conozco el país, conozco las necesidades de la gente y creo que mis conocimientos en derechos humanos puede ser mi mayor aporte a este proceso, el más grande reto es reconocer las víctimas del conflicto armado en el país”, señaló.

Danilo Rojas Betancourt:

Abogado, magíster en Derecho Especialista en Derecho Administrativo y especialista en Instituciones jurídico políticas y derecho público.

Es actual magistrado del Consejo de Estado.

“La JEP en general tiene varios retos entre ellos políticos, económicos y sociales. El principal reto político es consolidar una legitimación de referendo al proceso de paz. La JEP tiene una capacidad e irradiación en el acuerdo que tiene que ver con la transformación social”, expresó.

Alejandro Ramelli Arteaga:

Magíster en Derechos Humanos y doctor en Derecho. Es magistrado auxiliar en la Corte Constitucional y fue fiscal tercero ante la Corte Suprema de Justicia.

“Este sistema tiene que apuntar al derecho a la verdad y a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sean realmente efectivas. Otro de los grandes retos es ajustar la justicia transicional a las regiones”, dijo al Comité-.

María del Pilar Valencia García:

Abogada con una Especialización en derecho administrativo, además es Especialista en filosofía y tiene un Master en Alta Gestión Ambiental.

“Uno de los retos más grandes es la generación de confianza de la sociedad en las instituciones especialmente porque en la administración de justicia para las comunidades que ha sido víctimas no han encontrado una respuesta, una satisfacción a sus derechos lo cual está en la base del conflicto en Colombia”, expresó.