¿Qué tan en riesgo quedará la implementación de la paz tras el fallo de la Corte al 'Fast track'?

Sí, en los últimos seis meses la columna vertebral de los acuerdos de paz se ha ido convirtiendo en ley: la Justicia Especial para la Paz, la participación en política de las Farc, el estatuto de la oposición, la amnistía o el indulto.

Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible dos aspectos del ‘fast-track’ (mecanismo con el que se debaten y aprueban las leyes relacionadas con la paz) por delimitar la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso de la República, generó polvareda entre los ‘amigos’ de los acuerdos.

La razón: Todavía falta por volver realidad la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y otro ramillete de puntos relacionados con lo pactado entre el Gobierno y las Farc.

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Mientras algunos dicen que el fallo solo significa la “jartera” de tener que escuchar “los extensos alegatos del uribismo” para prolongar los debates, otros sostienen que el proceso de paz sí está en riesgo y que incluso, la implementación de lo acordado en La Habana puede prolongarse hasta un año de más de lo planeado.

Pero Iván Duque, el senador del Centro Democrático a quien la Corte le dio la razón con el fallo, dice que no se trata de poner en aprietos o no a nadie. “Se trata de que el Congreso es soberano para hacer las modificaciones que estime conveniente para proteger la legalidad y el Estado de Derecho”.

Coinciden en que si al final del camino todo se vuelve ley, este proceso de paz, que se firmó tras cinco años de negociaciones y un tiempo indefinido de discusiones en el Congreso, será “completamente” legítimo.

La representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, dice que hay que tener claros los tipos de normas que están disponibles para implementar lo que queda pendiente del acuerdo de paz: los decretos, los proyectos de ley y de actos legislativos. 

Así las cosas, unos de los puntos se pueden sortear a través de decretos presidenciales y otros, como las reformas a la Constitución, sí tienen que ir necesariamente al Congreso.

Ese es el caso de la reforma agraria que busca la creación de un fondo de tierras que consiste en entregar tres millones de hectáreas a unos 800.000 campesinos sin tierra y la legalización de otros siete millones de hectáreas que hasta ahora están sin titulación.

“Este tema es fundamental porque no solo está en el corazón del acuerdo, sino de las causas objetivas de la guerra”, sostiene Robledo.

La participación política y apertura democrática fue aprobada hace pocos días, pero a la luz del acuerdo de paz debe hacerse una reforma política y electoral para fortalecer los partidos, hacer más transparente la lucha electoral, acceder a medios de comunicación y la financiación de las campañas. Además, falta la creación de las 16 circunscripciones de paz, es decir, las curules que serán entregadas, bajo condiciones especiales, a comunidades golpeadas por el conflicto armado.

Pero sin duda, el tema de mayor preocupación es el de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz, porque de ella dependen los lineamientos para crear las salas, escoger los magistrados, fijar las instancias procesales, la participación de los protagonistas del conflicto, quienes tendrán que confirmar su compromiso de revelar la verdad y reparar a sus víctimas.

Tal vez por eso, y por que ahora se debe hacer un debate más sesudo, a petición de la Corte Constitucional, las Farc, el Gobierno y algunos sectores oficialistas evidenciaron su temor frente a lo que pueda pasar con la implementación de esos y otros 30 puntos pendientes producto de la paz.

Las cartas ya las puso la Corte Constitucional sobre la mesa, pero serán cada uno de los actores en el Congreso los que decidan cómo se juega con ellas.

Sergio Jaramillo, alto Comisionado de Paz, dice que si se mira pausadamente el fallo de la Corte, a su juicio, “es menos grave de lo que parece”.

Dentro de todo, asegura, hay una noticia muy buena: La corte declaró que todo el acto legislativo es constitucional y reconoció que el tránsito hacia la paz requiere unos mecanismos de excepción y le dio el aval.
En sus palabras, “más blindados no podemos estar”, aunque advierte que ahora el Gobierno y los amigos de la paz tendrán que dar un debate más fuerte y sólido, aunque entiende “el momento de nerviosismo de las Farc”.

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Ese grupo expresó el pasado jueves que aunque la situación generada por el fallo es de “suma gravedad” y modifica “sustancialmente” el trámite de las normas, se mantienen en la decisión “indeclinable” de cumplir lo acordado.

Un día después, Enrique Santiago, asesor jurídico de la guerrilla, dijo para una cadena radial que sería “grave” si el Congreso introduce modificaciones de fondo al acuerdo.

Una apreciación similar tiene el senador Iván Cepeda quien sostiene que no solo es un riesgo, sino una advertencia: “El uribismo quiere llegar a un plano en el que destruya los fundamentos de los acuerdos, tampoco es nada nuevo; lo ha venido haciendo no solo ahora en el periodo de legislación de los acuerdos, sino desde el comienzo de las negociaciones de paz”.

Aunque el senador Duque reitera que no es un tema de “satisfacción”. Sostiene que el Congreso aprobó un adefesio. “Ahora el reto es que el Congreso se libere de la presión inmediata con mermelada que ejerce el Gobierno santos, ahí me sentiré satisfecho”.

Pero el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional (2001), Alfredo Beltrán, asegura que esos temores son infundados porque no se podrá incluir nada que no esté ya en el acuerdo final de paz. “O sea, el acuerdo es el límite para la presentación del proyecto y no podrían ir más allá, ni desvirtuar el acuerdo porque violaría el literal A del Acto Legislativo para la Paz (hoja de ruta para la implementación y que ya tiene el guiño de la Corte)”.

Sin embargo, reconoce que la dificultad “a la que podrá dársele manejo político” estará en que ahora el Gobierno no podrá decidir qué proposiciones hacen los congresistas y cuáles no, lo que representaría más tiempo para cada debate. Pero para ello también hay una solución: el reglamento del Congreso tiene normas específicas que regulan las discusiones.

La representante a la Cámara Ángela Robledo aclara que como estaba el ‘fast-track’ sus discusiones podían prolongarse hasta diciembre próximo, pero con la decisión de la Corte, “vamos a necesitar mucha disciplina, y quizás vamos a demorarnos un poco más, y ello va a exigir un gran acuerdo político entre quienes, más allá de la unidad nacional, hemos apoyado la paz”.

El senador de la U y negociador en La Habana, Roy Barreras, sostiene que se necesita más firmeza para defender la paz, “no basta con haberla firmado”.

Pero “esa disciplina” y “firmeza” de la que hablan Robledo y Barreras se puede echar a perder porque el país está entrando en campaña electoral para Presidenciales y Legislativas, por lo que las ocupaciones de senadores y representantes pueden variar.

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Robledo dice que este Congreso ha dado muestras en momentos de crisis de responder a los retos históricos que tiene el país, mientras que Duque indica que reto va ser observar, a pocos meses de las elecciones, quiénes van a defender el interés general y quienes serán “estafetas” de las presiones del Gobierno.

Acto legislativo. A través de estos proyectos se hacen reformas a la Constitución. De manera ordinaria se requiere de ocho debates en dos vueltas en el Congreso y mayoría absoluta. Con el ‘fast-track’ se surten cuatro debates únicamente con deliberaciones abreviadas y para introducir el proyecto se necesitaba el aval del Gobierno, con la decisión de la Corte Constitucional, ya no será necesario.

Proyectos de Ley. Habitualmente requieren de cuatro debates. Uno en comisión de Senado y Cámara y luego las respectivas plenarias. Con el ‘fast-track’, el primer debate se hace en comisiones conjuntas, aunque cada cámara se divide al momento de la votación. El segundo debate se hace en las plenarias, por separado.

Decretos. Con el Acto Legislativo para la paz, que da los “instrumentos jurídicos para implementar el acuerdo de paz”, se le dieron facultades especiales al Presidente de la República por un tiempo de 180 días (que se cumplen la próxima semana) para que introduzca decretos por fuerza de ley que permitan el desarrollo de lo firmado en La Habana entre el Gobierno nacional y las Farc, pero que no represente una modificación a la Constitución Política de 1991.