Reincorporación de guerrilleros desata polémica entre Gobierno y la ONU

Una fuerte controversia se presentó ayer entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la Misión de la ONU que hace el acompañamiento de la reincorporación de los excombatientes de las Farc a la vida civil.

La polémica la inició el vocero del organismo internacional, Jean Arnoult, quien aseguró que más de la mitad de los guerrilleros (55 %) que dejaron las armas se han ido de las antiguas zonas veredales ante la desconfianza de que se cumplan los Acuerdos de Paz.

El jefe de la Misión sostuvo que a “la fecha, un muy alto porcentaje de los exmiembros de las Farc ya no están en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr)” y que “el fenómeno llama la atención”.

También precisó que los exsubversivos eran cerca de ocho mil al 20 de mayo, cuando concluyó el almacenamiento de las armas de esa organización, pero que “hoy estimamos a 45 % los que todavía están en los Espacios Territoriales”.

Para Arnoult, las salidas se han dado por la desilusión frente a la ausencia de perspectivas socioeconómicas, como también porque otros han querido reunirse con sus familias, hacer política o buscar reincorporación por su propia cuenta.

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“Sin embargo, el mayor determinante de las salidas es efectivamente, de acuerdo con las entrevistas realizadas por la Misión, la pérdida de confianza en las perspectivas que ofrecen los Etcr. Muchas expectativas incumplidas por mucho tiempo”, declaró el funcionario de la ONU.

Y detalló que las antiguas zonas veredales del Gallo (Córdoba) y Policarpa (Nariño) se encuentran casi abandonadas para buscar mejores lugares de ubicación. “De otros Etcr, que no fueron abandonados, grupos de 20 a 50 exguerrilleros están saliendo con el mismo propósito”, aseguró.

De inmediato, el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, criticó a Arnoult por, según expresó, dejarse llevar por las pretensiones electorales de las Farc, desconocer un canal privado para hablar del tema y ser preciso sobre cambios que se han dado por solicitud de la antigua guerrilla.

“Nos parece injusta (la declaración) porque siembra la sensación de que hay una especie de diáspora de los excombatientes de las Farc”, afirmó Rivera y agregó, frente a la salida del 55 % de los desmovilizados de los Espacios Territoriales, que la “ONU sabe que los miembros de las Farc tenían derecho de salir y entrar en esas zonas”.

Según el funcionario, en la actualidad ya hay 11.400 excombatientes que tienen cuenta bancaria, lo que les permite retirar su dinero en cualquier parte del país.

Con respecto a las actividades que realizan los desmovilizados, subrayó que “más de mil se han acercado a buscar proyectos productivos; más de centenar están en proceso de entrenamiento, como escoltas; otros centenares están en proceso desminado y hay decenas de ellos como agentes de la propia reincorporación” y también que “muchos de ellos están en Bogotá, en actividades políticas”.

El Alto Comisionado indicó que lo dicho por Arnoult tiende una sombra de duda donde se están haciendo esfuerzos grandes y expresó que ojalá la ONU no termine atrapada por la dinámica electoral.

“Es sorprendente que el representante de Naciones Unidas no reconozca el ciclo político electoral en el cual estamos y la necesidad de que ellos no terminen atrapados en la dinámica electoral en la que un actor político, que coincide con ser una de las partes de este Acuerdo de Paz, tiene todos los incentivos en destacar todo lo que falta y no reconocer nada de lo que se ha hecho”.

La Cámara de Representantes designó ayer una subcomisión para estudiar los impedimentos y las proposiciones presentadas en torno a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP, que inició su trámite en esa corporación.

Así lo indicó, vía Twitter, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, quien agregó que “uno de los temas que más preocupa es el sesgo de los magistrados que están en la JEP”, tema que sin duda será uno de los que genere mayor debate, después de lo aprobado al respecto la semana pasada en el Senado de la República.

El ponente Hernán Penagos dijo que la reglamentación debe estar lista antes del 30 de noviembre, que se acatará el fallo de la Corte Constitucional sobre la participación en política de los miembros de las Farc y que los delitos a menores no entrarán a la JEP.

El representante a la Cámara agregó que se propondrá un nuevo régimen en materia de conflicto de intereses, así como de impedimentos para los magistrados del alto tribunal.

En redes sociales fue tendencia ayer el llamado a hacer cacerolazos en distintas ciudades del país para exigir la implementación total del Acuerdo de Paz y rechazar las dilaciones del Congreso frente a la aprobación de los proyectos del ‘fast-track’ y las limitaciones que, según las Farc, la Corte Constitucional le puso a la JEP.

Con el Hashtag #CumplanLoPactado, circularon mensajes de excombatientes y organizaciones defensoras de los diálogos en La Habana desde diferentes regiones del país pidiendo que no haya más retrasos en la aprobación de las leyes necesarias para consolidar el proceso de paz.

En Cali el cacelorazo tuvo lugar a las 7:00 p.m., en la Unidad Deportiva, frente a Cosmocentro.