Sigue incertidumbre por plazo para que las Farc entreguen armas

El próximo jueves 1 de junio se cumplirá el día D+180 (plazo de seis meses para implementar los acuerdos de paz). Entonces, según el presidente Juan Manuel Santos, las Farc no deben tener ningún arma en su poder.

Sin embargo, dicho tiempo empezó a estar en riesgo desde la semana pasada cuando la Corte Constitucional decidió que el ‘fast-track’, mecanismo por el cual se convierten en ley los acuerdos de paz, debe tener mayor debate en el Congreso de la República. Lo que de inmediato significa que los plazos para la implementación se extenderán.

De hecho, Jesús Santrich, miembro de la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación de la Implementación del acuerdo de paz —CSIVI— habló de tres puntos mínimos que considera debe cumplir el Gobierno y que en ello se podrían ir, al menos, dos meses más. Pero dice que hay una voluntad clara. “Nadie puede dudar de la voluntad de las Farc para terminar esa dejación de armas”.

Para el jefe guerrillero, el Gobierno debe cumplir con tres mínimos: la seguridad jurídica, social y personal. Solo entonces, la Misión de la ONU podrá llegar a las 900 caletas que tendría las Farc: “Ustedes hablan de implementación. La primera observación es que ésta se ha convertido en renegociación; la segunda, sobre la Jurisdicción Especial y la Amnistía es la Corte Constitucional la que tiene que definir si va o no. Y tercero, no tenemos seguridad personal. Al día siguiente que los guerrilleros pongan un pie fuera de las zonas veredales los van a matar. Si han matado más de 120 dirigentes populares que no han tenido las armas, cómo puedo confiar en que sí se va a respetar la vida de los guerrilleros”.

Pero el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, recomendó no ponerle a Santrich “ninguna atención” cuando asegura que la Corte Constitucional va a equilibrar fuerzas para “hacer trizas” lo acordado.

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El último reporte de la Misión de la ONU, hace tres semanas, especificó que al 5 de mayo ya se habían recibido mil armas de las Farc y que se había terminado todo su registro en las zonas veredales, pero faltaban contenedores para el almacenamiento.

“Las condiciones técnicas de la dejación de armas no están listas. Las zonas veredales no están acabadas. ¡Ni una sola! Y ninguna de las zonas veredales tienen los contenedores para dejarlas”, dice Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

Pero el tema no es solo de armas. Por eso los plazos de la implementación en el terreno han sido debatidos para saber si es necesario o no ampliar el D+180.

El Gobierno se encontró con 26 zonas que tenían dificultades de terreno, que eran de difícil acceso y con complejidades que varían con el clima.

El 15 de mayo, según Carlos Córdoba, gerente de las referidas zonas, al menos en 17 de estas se habrían entregado los alojamientos y 24 tendrían sus áreas comunes. Las más atrasadas eran la de Policarpa, las dos de Mesetas y las dos de Caldono.

Por dichos retrasos la misma Misión de la ONU pidió que se extendiera el cronograma, y una propuesta parecida hizo las Farc. El debate terminó en la reunión del pasado 26 de marzo en Cartagena donde se buscó redefinir algunos puntos.

Ese día se fijó que en abril se presentaba el paquete legislativo de la reforma rural, pero a hoy, se continúa en ese proceso; y se prometió crear la Unidad de Búsqueda de personas dadas como desaparecidas -que ya ha tenido reuniones-, y la Comisión de la Verdad, creada por decreto.

El jueves pasado se retomó una reunión, muy parecida a la de Cartagena, pero esta vez en Bogotá, con participación del presidente Juan Manuel Santos: “El Gobierno va a cumplir el acuerdo, es una palabra empeñada, no solamente del Presidente de la República, sino del Estado y del pueblo colombiano y tenemos que trabajar todos: Farc, Congreso, Cortes. Todos, para que los acuerdos se cumplan”.

Otra decisión fue sacar del conteo de los 180 días la búsqueda de las 900 caletas y sobre ello la Misión de la ONU, en voz del Jean Arnault, reconoció que se idealizaron los plazos.

“Recuerdo que la recolección de las caletas estaba programada para el día D+5 y el D+60, sabemos ahora que son 900 caletas y por consiguiente no bastan 55 días para cumplir con esa tarea. No es un fenómeno inusual que en el curso de una negociación uno vea las cosas con más optimismo de lo que se pueden realizar”, dijo Arnault.

Según Ariel Ávila, otro punto que frena el cumplimiento es que no están claros los planes de reincorporación de las Farc, es decir, no se ha respondido con claridad la pregunta: ¿Qué harán los guerrilleros después del jueves de la semana entrante?

En eso coincide el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda: “Como se sabe el acuerdo de paz dice que una vez se cumplan los procedimientos de dejación de armas, inmediatamente tienen que entrar unos programas de reincorporación y hasta que éstos no estén claros, a mi modo de ver, hablar de una fecha es especular”.

Lo que dice Santrich al respecto, es que ahora “tenemos el proyecto ‘Escalona’: el de la casa en el aire”.

“No hay que alarmarse si de aquí al 31 de mayo o 1 junio no se da el proceso de dejación”, dijo Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las Farc. A esta consideración se sumó Jean Arnault, jefe de la Misión de la ONU, quien señala que aunque se deben poner plazos perentorios con el ánimo de cumplir un obligación, modificar los calendarios es normal en estas negociaciones, “lo fundamental es que la base del proceso sea sólida”.

Lo que se teme, sin embargo, es que con la ampliación y nuevos posibles retrasos se demore mucho más la dejación de armas, aunque señala Iván Garzón, director del programa de Ciencia Política de la Universidad de la Sabana, que a las dos partes les conviene que todo quede listo este año.

“Los procesos que no se adelanten este año van a entrar en arena movediza porque en campaña la oposición va a presentar eso como fracaso y ambas partes -que tienen intereses electorales-, van a salir damnificadas”, afirma.

Y es que entre más se demoren las Farc en dejar las armas, más se demorará la creación de su partido y su libertad para hacer política. Por lo pronto, Garzón cuestiona que se le atribuya a la Corte Constitucional el poner trabas jurídicas.

“A uno le da la impresión que ambos están haciendo política: las Farc con su papel de victimización y el Gobierno que sigue con el cuento de que si no respaldamos todos la paz entonces el proceso va a fracasar”, dice.

De los catorce decretos ley expedidos por el presidente Juan Manuel Santos, cinco de ellos ya tienen fallo de la Corte Constitucional con tres “cuerpos normativos” declarado inexequibles: El 2204 (que creaba la Agencia para la Renovación del Territorio); el 154 (que crea la Comisión Nacional de Garantías) y el 249 (que otorgaba facultades de contratación directa a la Policía para la erradicación de cultivos ilícitos), dos de estos parcialmente inexequibles.

Hay otro decreto ley, el 248, (que destina los saldos del Fondo Nacional de Regalías que no están comprometidos para la implementación de los acuerdos) que la Corte declaró exequibilidad en el inciso primero.

En cuanto a los actos legislativos aprobados por el Congreso de la República y fallados por la Corte Constitucional, el de mayor impacto es el del ‘fast-track’, que prohibió que se aprobaran en bloque los artículos de los proyectos relacionados con la paz. Así las cosas, tendrá que ser estudiado y votado artículo por artículo.

Hasta el momento se han aprobado tres actos legislativos: el de la Jurisdicción Especial para la Paz; el que le da estabilidad jurídica al acuerdo; el de la reincorporación política de las Farc. Y tres leyes: la de la amnistía, el que permite que Voces de Paz apoye el trámite legislativo de las iniciativas en el Congreso; y el estatuto de la oposición.

Entre los decretos presidenciales el que crea el Consejo Nacional de Reincorporación, el de las zonas veredales, el de la CSIVI, y el que crea la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad.

Jesús Santrich, líder de las Farc, afirma que “esta Corte, así como está, no da ninguna garantía para seguir avanzando”, añade que hay catorce decretos ley expedidos por el presidente Santos y de ellos cinco tienen fallo de la Corte Constitucional. “Tres de esos cuerpos normativos los ha declarado inexequibles”, recuerda y agrega que “¿Si a la ‘cortesita’ se le ocurre que la amnistía es inexequible, en qué quedamos?”, señaló Santrich.

Y en eso coincide Ávila, quien pone este aspecto dentro de las razones para no cumplir con la entrega de las armas el día D+ 180.

“Después del frenazo de la Corte Constitucional o más bien el portazo que le mandó la Corte Constitucional al proceso, realmente es muy difícil que cumplan con el cronograma porque no hay garantías de que les vayan a cumplir”, dice el especialista.

Sin embargo, el jueves fueron aprobaron dos actos legislativos que cursan aún en el Congreso con la nueva versión del ‘fast track’, y no se generaron problemas o dificultades para su aprobación.

Pero esto no es una señal suficiente para que se dé tranquilidad, dice el senador Iván Cepeda: “Yo creo que es muy importante que se haya hecho ese trámite de los proyectos pero, por supuesto, acá el problema es más global, pues tiene que ver con cómo va a desarrollarse el cronograma de las leyes y los actos legislativos en el Congreso, cómo van a ser tomadas las decisiones en la Corte”.