Tensión entre Farc y Gobierno por cambios a la Justicia Especial para la Paz

El debate por cuenta de la aprobación de ley que regula la Justicia Especial de Paz (JEP) que se encargará de judicializar a personas por sus responsabilidades en el conflicto armado no cesa.

La presidenta electa del Tribunal de Paz, dirigentes de Voces de Paz y Reconciliación y de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común elevaron un grito desesperado por lo que consideran una “falta” a lo acordado en La Habana, mientras que el Gobierno celebró que por fin el Congreso haya avanzado un paso en la implementación de la paz.

El Artículo 100 de ese proyecto que establece los requisitos para quienes sean elegidos magistrados del Tribunal para la Paz fue el punto de discordia.

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En la noche del martes, los senadores establecieron entre otras cosas, que “quienes dentro de los cinco años anteriores a la fecha de posesión hayan ejercido en representación judicial o administrativa en actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido representación” estarán inhabilitados para el cargo.

También ocurrirá lo mismo para quienes en los últimos cinco años hubieran sido representantes o defensores de Derechos Humanos o en ese mismo lapso hayan litigado contra el Estado colombiano.

Las inhabilidades no serían un inconveniente si los 51 magistrados y directivos que componen la Justicia Especial de Paz no hubieran sido elegidos desde hace casi un mes. Por ello, Patricia Linares Prieto, presidente de la JEP, a través de un comunicado dijo que las inhabilidades aprobadas “parecen darse a partir del ejercicio lícito de la profesión de abogado, esa disposición sería inconstitucional”.

Y aunque se mostró preocupada, aclaró que todavía falta un debate en la Cámara de Representantes y de no haber cambio en esa Corporación, será la Corte Constitucional la encargada de “dirimir el tema”.

Pero Efraín Cepeda, presidente del Senado, explicó que los magistrados sí podrán tomar posesión de su cargo, pero en caso de haber llevado adelante procesos con las Farc deberán declararse impedidos.

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Sostuvo que en otros poderes judiciales funciona este mecanismo y la Justicia Especial Para la Paz no podría ser la excepción a esta norma.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que en la Cámara el Gobierno buscará revocar las inhabilidades a los magistrados de la JEP.
Entre tanto, Farc indicó, en una rueda de prensa a primeras horas del día, que la idea de establecer la JEP no era solo para habilitar el tránsito de la guerrilla a la vida civil.

“Al sacar a los civiles y agentes del Estado se preserva la impunidad, y se desprecia a las víctimas. No contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad”, comentó Luciano Marín, quien busca un escaño en el Senado de la República en las elecciones de 2018 por ese partido.

Mientras que ‘Jesús Santrich’, quien también es candidato, dijo: “Asistimos a la crónica de una perfidia anunciada, esto es como el inicio del fin de la paz”.

Para Farc, aunque no se refiere explícitamente al tema de la extradición, hay en la JEP queda claro que el incumplimiento de cualquiera de las exigencias del régimen de condicionalidad conlleva “la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso”.

Por lo que ellos consideran un incumplimiento de lo pactado en La Habana, están convocando un cacerolazo ante el Congreso de la República para el próximo martes.

Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Paz indicó que respetaba las posiciones de los exintegrantes de la guerrilla, por lo que analizarán sus argumentos.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, agregó por su parte, que la Justicia Especial de Paz no permitirá que crímenes graves relacionados con el conflicto queden en la impunidad.

“Es una institucionalidad sin impunidad, recoge los crímenes más graves, con énfasis en las víctimas. Todos los crímenes de guerra, de lesa humanidad todos entrarán en la JEP”, señaló Villegas.

El legislativo aprobó un artículo nuevo para que los delitos sexuales contra menores vayan a la justicia ordinaria y no a la especial. La propuesta es de la senadora Maritza Martínez y Jimmy Chamorro (de La U); Mauricio Aguilar y Doris Vega (Opción Ciudadana) y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, solicitó a la plenaria no avalar el artículo pues no hacía parte de este proyecto, pero no fue escuchado.

“Las sanciones a las que hace referencia el título IX de la presente ley (sanciones) no serán aplicables a quienes cometan cualquier tipo de delito sexual grave contra niños, niñas o adolescentes. A quienes incurran en las conductas a las que se hace referencia en el inciso anterior se les aplicarán las penas y sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000 (Código Penal) o la que haga sus veces y no procederán ninguna clase de beneficios”.

Así las cosas, guerrilleros que hayan cometido este tipo de delitos recibirían penas entre 20 y los 40 años de prisión sin beneficio.

El presidente Juan Manuel Santos agradeció la aprobación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el Senado de la República y agregó que la justicia es la base para la construcción de la paz.

“El Senado, en algo que agradezco, aprobó la Ley Estatutaria que le da vida a la Justicia Especial de Paz. Quiero agradecer a los senadores que cumplieron con su función y responsabilidad, ahora le corresponde a la Cámara hacer lo propio, es muy importante que la Cámara también cumpla con sus responsabilidades”, dijo el Mandatario.

Y agregó que “cumplirles a la contraparte y a la comunidad internacional pero sobre todo a las víctimas, es un compromiso en un proceso de paz donde también se pueda ejercer la justicia, que es la base de la paz”, dijo Santos durante la posesión de Octavio Tejeiro, magistrado Corte Suprema de Justicia.

El Presidente agregó que el hecho de haber aprobado la JEP “nos lleva a un nuevo panorama de Justicia, una justicia especial de transición, diferente, algo que a muchos colombianos les queda difícil entender, una justicia más reparativa; esta justicia se creó para cerrar conflictos no para mantener las heridas abiertas y la forma de cerrar los conflictos es hacer el esfuerzo de que no haya impunidad y garantizar los derechos de las víctimas”, afirmó.