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Población. En el 2001 Buenaventura tenía cerca de 260.000 habitantes y hoy, con el mismo sistema de acueducto atiende a más de 410.000, muchos de ellos ubicados en invasiones con conexiones ilegales. | Foto: Foto: Álvaro Pío Fernández | El País

BUENAVENTURA

¿Por qué ninguna plata alcanzó para llevar agua a Buenaventura?

Entre la corrupción y la falta de planificación se esfumaron más de $150.000 millones que iban para el acueducto. ¿Quién se los llevó?

5 de marzo de 2017 Por: Hugo Mario Cárdenas | Reportero de El País 

Con el acuerdo al que llegaron la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Buenaventura con Hidropacífico para ceder el contrato de operación del sistema de acueducto y alcantarillado en la ciudad portuaria, se cierra la crónica extendida de una liquidación anunciada.

Han pasado 15 años desde aquel Día de los Inocentes, 28 de diciembre del 2001, cuando la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura (Saab), empresa conformada cinco meses atrás, firmó el contrato de operación, diseño e interventoría con Hidropacífico, que llevaba menos de 24 horas de inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, para llevar agua a Buenaventura las 24 horas.

Sin embargo, hoy el puerto más importante sobre el pacífico colombiano navega en ironías. Pese a poseer 7 enormes cuencas hidrográficas que producen millones de M3 de agua cada mes y de haber recibido recursos por más de $200.000 millones en los últimos años, apenas cuenta son un sistema obsoleto de acueducto por el que cada vez sale menos líquido.

¿Por qué se ahonda la crisis del agua en Buenaventura? ¿Dónde quedaron las inversiones del Municipio y del Estado? ¿Qué ha pasado con las obras? ¿Dónde estuvieron los entes de control durante estos años?

Lea también: Liquidan contrato de Hidropacífico en Buenaventura por crisis de agua.

Llegaron a aprender


El diagnóstico dice que Buenaventura presenta baja cobertura en acueducto y alcantarillado, que más del 70% de las aguas servidas va directamente al mar y que por su importancia en el contexto nacional, el Gobierno dará prioridad a las inversiones para disminuir el atraso en saneamiento básico.

Aunque parezca la radiografía de la situación actual, fueron esas las razones por las que el Gobierno Nacional aprobó el 10 de junio de 1996 el documento Conpes 2861 destinando recursos por US$17 millones para el acueducto y alcantarillado del Puerto.

Para hacer uso de los recursos, debía crear una empresa que administrara el sistema y el 30 de julio del 2001 se creó la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura (SAAB), con dinero de la Alcaldía y con cuatro socios que pusieron mil pesos cada uno.

Como la SAAB no tenía experiencia, debía contratar un agente externo que operara el sistema que dejaba Acuavalle y a la licitación solo se presentó Hidropacífico, que llevaba menos de 24 horas de constituido.
El acuerdo era que Hidropacífico operara el sistema, la SAAB contrataba las obras para el buen funcionamiento y el Municipio haría la gestión para jalonar recursos para su optimización. Las obras se contrataron y los recursos llegaron, pero el agua no apareció.

Algunas auditorías sin trascendencia señalan que lo que quedó en Buenaventura fue un reguero de obras inconclusas, canceladas casi en su totalidad y equipos que fueron desmantelados sin ser utilizados.

El secretario de Infraestructura de Buenaventura, Juan Carlos González, consideró que la responsabilidad por la crisis de agua en la ciudad recae en el contrato de operación y mantenimiento otorgado a Hidropacífico. “El operador presentó deficiencias en el manejo del sistema, con agua no apta para el consumo e índices elevados de agua no contabilizada.

El Distrito hizo inversiones importantes porque el operador hacía el diseño e interventoría de obra y vemos que esas obras que diseñó Hidropacífico no eran las apropiadas o fueron mal diseñadas”, dijo.
Gustavo Adolfo Duque, gerente de Hidropacífico, dijo que el contrato para ellos era sin inversión, que no manejaron recursos, que presentaban las obras que debían hacerse para el óptimo funcionamiento del sistema y que la SAAB las contrataba.

Según Duque, en 2002 y 2003 no hubo inversión en obras y solo en 2004 se contrató el reforzamiento de tanques, redes matrices y puesta en funcionamiento de algunas redes en la isla. “La siguiente inversión fue en el 2007 con un dinero de regalías, pero el contratista quebró y no hizo las obras”.

La danza del despilfarro


Cerca de $200.000 millones han llegado al Puerto en la última década del Gobierno Nacional, el Fondo Nórdico, el Plan Pacífico, el Plan Carrasquilla y el Fondo Nacional de Regalías, pero Buenaventura sigue siendo el único puerto importante del mundo donde escasea el agua.

Ninguno de los cuatro alcaldes que estuvo hasta el 2015 salió ileso de los escándalos por corrupción administrativa y en casi todos los casos por irregularidades con las obras de acueducto y alcantarillado.

Y aunque la pasividad de los entes de control reinó en la primera década del 2000, en el 2009 la Fiscalía General de la Nación le abrió investigaciones al exalcalde Jaime Mosquera por posibles delitos de corrupción administrativa porque el alcantarillado debió estar construido en 1999.

Luego fue el propio presidente Álvaro Uribe quien en el 2008 alertó que el paquete de obras que el exalcalde José Félix Ocoró adjudicó en el 2007 a la firma P&H, cuyo representante legal es Diego Perea, tenían más del 80% de retraso, pese a que ya se habían pagado más de $18.000 millones.

Esas mismas obras, para la optimización de la Planta Escalerete, la construcción del tanque de almacenamiento Venecia II y la sectorización hidráulica de la ciudad apenas se encuentran hoy, una década después, en construcción bajo la lupa de Findeter.

Solo por el Plan Carrasquilla la ciudad recibió entre el 2002 y el 2010 recursos por $60.910 millones que se adjudicaron en tres paquetes de obras, de las cuales solo se tiene un estimativo de cuánto se habrían perdido en cada una de ellas, según la Procuraduría.

En el 2014 la alarma la encendió el presidente Juan Manuel Santos cuando en un acto público en Buenaventura aseguró que “la plata del agua y el alcantarillado se la han robado muchísimas veces y en varios gobiernos”.

Por estas razones Humberto Hurtado, miembro del Comité del Agua, tiene claro que la crisis que están viviendo es más por corrupción y despilfarro que por falta de agua en Buenaventura. Ahora esperan que con la liquidación del contrato de Hidropacífico y los US$80 millones que anunció el Gobierno Nacional, tener agua las 24 horas no sea más una inocentada.

Las inversiones

Año 2004. Se contrataron las primeras obras bajo la operación y la interventoría de Hidropacífico con un préstamo que fue otorgado por el Instituto Idea de Antioquia para mantenimiento de tanques y extender algunas redes.


Año 2007. La Nación destinó en febrero recursos del Fondo Nacional de Regalías por $22.000 millones para la construcción del acueducto del Puerto y aseguró que esperaban que con ese dinero la cobertura en servicio fuera 98%.

Año 2009. El 26 de noviembre de este año el Ministerio de Ambiente anunció el desembolso de $32.000 millones para Buenaventura, que serán destinados a mejorar el acueducto y alcantarillado.

Año 2009. La CVC adjudicó
el 26 de noviembre al Consorcio Aguas Juanchaco el contrato por $11.400 millones para la construcción del acueducto de Ladrilleros, Juanchaco y La Barra, en Buenaventura.

Año 2011. A comienzos de año la Contraloría Distrital halló anomalías y un presunto detrimento patrimonial en la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura por $2396 millones.

Año 2012. El Ministerio de Ambiente, en cabeza de Juan Lozano, aseguró que en las vigencias 2008, 2009 y 2010 se desembolsaron más de cien mil millones para el acueducto de Buenaventura. Incluidas regalías.

Año 2013. La Contraloría General reveló el 25 de febrero que importantes proyectos financiados con regalías en el país tiene hallazgos, entre ellos obras inconclusas de acueducto en Buenaventura.

Año 2014. En el mes de enero la Contraloría Distrital de Buenaventura alertó sobre un posible detrimento patrimonial de $63.000 millones de varias entidades públicas en el principal puerto colombiano.

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