¿Qué es la emergencia económica que piden declarar en Buenaventura?

La Constitución Política de Colombia indica en su Artículo 215 que el Presidente puede declarar la emergencia económica, social y ecológica cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar “en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”.

Dicho estado se puede determinar por periodos hasta de treinta días en cada caso, pero no pueden exceder los noventa días en el año.

Recientemente se adoptó esa medida en Mocoa para atender la emergencia invernal y en el año 2011 se hizo lo mismo para aliviar la situación de las personas y las empresas afectadas por el cierre unilateral de la frontera venezolana.

Durante el periodo de la emergencia el Presidente puede emitir decretos destinados exclusivamente a conjurar la crisis, asignar presupuestos, mover recursos o contratar de manera más rápida obras.
El Gobierno tendrá que enviar a la Corte Constitucional los decretos legislativos que dicte en el tiempo de la emergencia, para que se decida sobre su constitucionalidad. Si resulta inconstitucional las decisiones tendrán que invalidarse.

De esta forma la Corte Constitucional ha indicado que la emergencia económica, social y ecológica se debe decretar cuando:

1-Sucedan hechos extraordinarios que alteren el orden económico, social o ecológico y que se puedan verificar físicamente, es decir, que no sean percepciones.

2-Que sean hechos de carácter repentinos, inesperados e imprevistos.

3- Que la gravedad de estos hechos amenace el orden social, económico o ecológico en todo el territorio nacional, que tengan impactos en la sociedad colombiana.

4-Que haya la necesidad de recurrir a los poderes extraordinarios.

El diálogo entre el Gobierno Nacional y el comité de paro de Buenaventura se suspendió y se retomará mañana cuando se espera conocer un concepto jurídico sobre la posibilidad de declarar la emergencia económica, social y ecológica en el puerto.

Las negociaciones se retomaron desde horas de la mañana de ayer, sin embargo el avance fue poco porque la comunidad insiste en que las salidas para el municipio están en esa declaratoria y no avalaron otras alternativas presentadas por el Gobierno Nacional.

El viceministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que sería más eficiente viajar a Bogotá y apurar el concepto jurídico que fue solicitado a magistrados expertos en el tema y regresar a Buenaventura con ese resultado. “Positiva o negativamente tendremos más claridad de cómo vamos a actuar”, dijo.

Agregó que el Gobierno Nacional no considera constitucional la declaratoria de emergencia, “por eso insistimos en que si se toma esa decisión se corre el enorme riesgo que sea declarada inexequible por la Corte y no ofrezca las soluciones que la comunidad de Buenaventura está esperando”.

El Gobierno presentó dos instrumentos para desarrollar los proyectos en Buenaventura, en lugar de la emergencia económica: colocar los recursos en un patrimonio autónomo que se rige por el derecho privado y utilizar la figura de obras por impuestos que incluyó la reforma tributaria para que las empresas desarrollen obras como parte del pago del impuesto sobre la renta.

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Según los primeros cálculos del Gobierno, se podrían contar en un periodo de 10 años, con unos $200.000 millones de impuestos que deben pagar las compañías y que podrían destinarse a obras concretas.

La ventaja es que esos recursos los ejecuta el sector privado.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió a los promotores del paro considerar la iniciativa de obras por impuestos para ejecutar los proyectos que requiere Buenaventura.

“Hay empresarios de puertos, compañías muy grandes como la Epsa y otros que pagan renta al Gobierno Nacional y algunos de esos recursos, un porcentaje de más o menos el 50%, se podrían utilizar para hacer obras que se concertarían con la comunidad, con la Alcaldía, con el Departamento y la misma Nación para lograr que se genere mayor desarrollo económico”, dijo.

Narcilo Moreno, miembro del comité del paro de Buenaventura, afirmó que las propuestas que llevó a la mesa la Nación sobre el patrimonio autónomo y otras, “es lo mismo que se viene presentando desde hace varias semanas. Nosotros insistimos en que la emergencia económica y social resuelve los problemas planteados por la comunidad”.

El abogado Carlos Hernán Escobar, dijo que la figura de la emergencia económica y social no se ajusta a la problemática de Buenaventura. “Estamos hablando de unas necesidades económicas que se han presentado en el Distrito hace mucho tiempo y la figura de la emergencia podría conducir a más inconvenientes”.

Los líderes del paro cívico le enviaron al alto Gobierno Nacional un documento que señala los temas claves que requieren de atención inmediata.

Entre ellos se destacan los siguientes: educación, agua, vivienda, respeto por los territorios autónomos, la salud, el empleo, las víctimas y las condiciones ambientales del puerto.

Según Víctor Vidal, miembro del comité, en educación “necesitamos que el Gobierno invierta en infraestructura educativa, sobre todo la de la zona rural, el último colegio que se construyó fue la normal Juan Ladrilleros, hace 20 años”.

En cuanto a salud, no solo se exige que el Hospital Distrital, que hace tres años fue liquidado, aún funciona como un puesto de salud, además se busca que sea creada una red de salud eficiente que permita tener una mejor atención en salud.

Buenaventura tiene una sola clínica de nivel tres sin la cobertura suficiente para una población de más de 400.000 habitantes.

En relación con el tema del empleo el comité dice que se deben acelerar las actividades económicas propias del Pacífico, como la agricultura, la pesca y el turismo.

“Necesitamos reactivar la pesca, nuestra agricultura, esto es un gran generador de empleo, al chontaduro le cayó una plaga y el Gobierno no ha querido prestar atención a esto”, mencionó.

En el tema ambiental, hay dificultades que deben resolverse, debido a que según el comité, en ninguna otra ciudad, el carbón se almacena a cielo abierto en la zona urbana, además de la preocupación que existe por la contaminación de la bahía debido al precario alcantarillado y al impacto de la minería ilegal.

El comité manifestó que el tema del agua se está tratando solo en la zona urbana y que la población rural también se ve afectada por la falta del suministro de agua potable.

“No nos pueden decir que con el plan de choque y el préstamo del BID se resuelve el problema del agua, no alcanza ese dinero, Buenaventura necesita un nuevo acueducto” indicó Vidal.

Los transportadores de carga agremiados en la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), le pidieron al Gobierno Nacional que intervenga de manera directa en la crisis que por estos días se vive en Buenaventura y que afecta al sector.

Cálculos del gremio indican que las pérdidas superan los $60.000 millones, a lo que se suman el hurto de mercancías y daños a locales en hechos de vandalismo registrados el pasado viernes.

Tractomulas y camiones mueven cerca de 100.000 toneladas diarias de mercancía, desde y hacia el puerto de Buenaventura. En las últimas 24 horas se logró la movilización de unos 1200 camiones.