El humedal El Cortijo, ubicado en el sector de Valle del Lili y en inmediaciones a la zona donde se proyecta la construcción de la Terminal Sur del MÍO, ha sufrido modificaciones que afectan los suelos y la cantidad de agua que alimenta el ecosistema.
Así lo determinó el estudio de impacto ambiental de la Terminal Sur que realizó la Universidad del Valle, previo mandato del Consejo de Estado, que señaló que dichas afectaciones fueron generadas por la intervención de dos diques para la mitigación de inundaciones -que se hicieron previamente- y la modificación de escorrentías.
“Hubo una alteración del ecosistema en general, particularmente en lo relacionado con los componentes: el suelo, el agua, el ambiente (entorno), la vegetación y la fauna”, reza el documento, que entre sus recomendaciones destaca la necesidad de implementar un plan de manejo ambiental.
El estudio señala que si bien la resolución 710 de 2016, expedida por la CVC, autorizó la erradicación de 238 árboles de este sector, la erradicación de estos “significa una alteración en las especies vegetales que se encuentran en la zona, así como la manera cómo interactúan entre ellas...”
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Y añade: “cualquier erradicación de árboles, bien sea aislados o en relictos boscosos, afectan el paisaje de forma visual y ecosistémica, ya que con la erradicación de los árboles se producen desplazamientos de fauna, se pierde capacidad de intercambio de CO2 por parte de los árboles, aumenta la temperatura ‘in situ’, se pierde capacidad portante del suelo y puede desaparecer la flora asociada a los árboles”.
El documento agrega: “si se considera la disminución de hábitat solo como el área del hábitat, entonces sí se dará una alteración, debido a que aproximadamente 60.000 hectáreas (SIC) se verán intervenidas por el desarrollo de la obra”.
El estudio recomienda que dentro del plan de restauración ecológica del proyecto se recupere una hectárea del humedal, mediante el enriquecimiento con especies forestales y un aislamiento.
El estudio de impacto ambiental de la Terminal Sur fue radicado el pasado 3 de mayo ante John Erick Chávez, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo que lleva el caso. De su concepto depende que el Consejo de Estado levante la suspensión de la obra que, desde julio de 2018, tiene paralizada en el 9 % el avance del proyecto. En total, la obra tiene un costo de $60.930 millones.
De otra parte, El País conoció un concepto emitido por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales el pasado martes, 14 de mayo, en el que el ente de control concluye que “el proyecto es indispensable para la ciudad de Cali y va a favorecer este sector, pero también es indispensable la conservación y protección de áreas protegidas, como la protección de cuerpos de agua y en este caso el humedal El Cortijo”.
Para Rocío Ruiz, presidenta de la JAC de la Urbanización Lili, los resultados del concepto técnico son favorables para la comunidad y las apreciaciones que hicieron acerca del proyecto.
“Ya se dañó el diseño paisajístico, hay especies como los guaduales, ceibas y samanes, que han erradicado; también ahuyentaron muchos guatines, iguanas y ardillas que vivían allí. No estamos en contra del proyecto, solo solicitamos la reubicación de la Terminal para que no afecte el medio ambiente”, asegura Ruiz.
Entre tanto, Ricardo Rincón, líder del sector de Valle del Lili, señala que “lo primero que hace la Universidad del Valle es ratificar que allí hay un humedal, algo que Metrocali ha desconocido o que decía que solo era un charco; el humedal hay que respetarlo. Esto tiene que ser determinante para que se reubique el proyecto, porque aquí hubo daños gravísimos y esta es una obra de alto impacto que acabaría con ese corredor biológico que hay sobre la ronda del río Lili”.
Rincón añade que “la Universidad del Valle también dice, claramente, que el dique que van a hacer de corrección pasa sobre el humedal El Cortijo. Esto es lo más grave, porque Metrocali dijo que el humedal no se iba a tocar y las obras quedarían a 80 metros, pero no era así”.
Entre tanto, la concejal María Grace Figueroa advierte que “es incomprensible que hoy se sigan sacando diseños y licitaciones sin tener clara la parte ambiental de los proyectos. Esto lo que trae como consecuencia es el cambio de todo lo que se hizo previamente y sobrecostos; estos son errores reiterados que a la ciudad le cuestan en desarrollo”.
El País buscó a voceros de Metrocali para obtener un pronunciamiento, pero se abstuvieron de entregar declaraciones hasta tanto el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle no expida un pronunciamiento oficial.
Obra, en la mira de Contraloría
La Contraloría Municipal encontró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal en el proceso contractual de la Terminal Sur.
El ente de control señaló que Metrocali desembolsó a la firma Sainc S.A., contratista de la obra, $8064 millones. No obstante, solo habría respaldo en ejecución de $1030 millones.
Ante esto, Metrocali dijo que el anticipo girado a Sainc S.A. se realizó para adquirir materiales y que hay facturas que respaldan la ejecución de recursos.