La decisión del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de retirar el artículo del proyecto de Plan de Desarrollo en el que solicitaba facultades para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, fue respaldada por varios sectores.
Sin embargo, expertos consideran necesario revisar las demás disposiciones en las que se mantendrían otras potestades.
Ante los cuestionamientos que venían manifestando varios concejales desde la semana pasada con respecto a las facultades que pedía la Administración Municipal, el Mandatario anunció ayer a través de Twitter su determinación:
“Es un imperativo ético y político de mi parte retirar del Plan Distrital de Desarrollo ‘Cali, Unida por la vida’ facultades omnímodas para cambiar el POT. Lo que no significa que para gestionar con pragmatismo, realismo y celeridad la ciudad no debamos tener ciertas facultades”, escribió.
La directora del Observatorio de Políticas Públicas, Polis, de la Universidad Icesi, Lina Martínez, considera sensata la decisión del Mandatario caleño porque, de no modificarse, “básicamente, significaría que él estaría en facultades de hacer cualquier cosa”.
“El Plan de Ordenamiento Territorial es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos para planificar, para ordenar y cualquier modificación en este puede tener implicaciones económicas muy grandes. Si se pudieran hacer cambios sin que pasara por el Concejo, eso podría abrir una puerta para la corrupción. Lo que está haciendo es lo que se debe hacer”, señaló.
Un abogado que pidió reserva de su nombre afirmó que el Cabildo de Cali no puede otorgarle al Alcalde la facultad para reformar el POT, dado que la ley estipula el procedimiento para aprobarlo o modificarlo.
“Es un proyecto que elabora la Administración, tiene aprobación del Consejo de Gobierno Municipal, pasa después a revisión de Planeación, luego pasa a la de la autoridad ambiental y después pasa al Concejo. Entonces, el Concejo no puede darle facultades al Alcalde para que modifique un POT sin cumplir ese procedimiento. Sería ilegal”, explicó el jurista.
Pero en el proyecto de Plan de Desarrollo quedan todavía varios puntos en los que el Mandatario pide otras facultades como declarar predios privados de utilidad pública, estructurar y suscribir cualquier tipo de esquema asociativo público-privado, y ajustar los estatutos de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, que para algunos resultan inconvenientes.
Héctor Alonso Moreno, PhD en Ciencia Política de la Universidad de Granada España, también encuentra positivo el retiro del artículo, pero dice que “en aras de la transparencia, la armonía y la convivencia con la corporación, sería bueno que retirara todo lo que tiene que ver con facultades especiales y también que esté más abierto a que otros actores de poder intervengan en la discusión”.
Añade que “la democracia se sustenta sobre dos elementos básicos: primero, es el respeto por la separación de poderes y, segundo, el respeto por los pesos y contrapesos, es decir, por el balance que se hace entre esos poderes públicos”. Por eso -dice-, cuando el Gobernante asume competencias como estas, “lesiona la democracia”.
El jurista que prefiere omitir su nombre afirma que hay varias facultades que solicita el Mandatario que no deberían hacer parte del proyecto. La modificación a la Emru es una de ellas.
“No creo que en un acuerdo de un Plan de Desarrollo se puedan incluir modificaciones a la estructura municipal, eso tendría que ir en un acuerdo específico aparte, en que se le faculte al Alcalde”.
Sobre la autorización para la enajenación de los bienes muebles e inmuebles improductivos, precisa el jurista que debería estar claro el plan de obras que se va a ejecutar para desplegar el Plan de Desarrollo.
“Si un proyecto se va a realizar en unos predios específicos, en el programa de obras del Plan de Desarrollo se tiene que determinar la obra a ejecutar y los predios en que se ejecutarían, y afectarlos como bienes de uso público para sacarlos del comercio, y ya no necesitaría en ese momento facultades para expropiar o para comprar porque con esa afectación procede luego la Administración a comprar”.
Considera también que sí se le deben dar otras facultades especiales al Mandatario para hacerle frente a la emergencia generada por el Covid-19, pero que deberían ser proyectos de acuerdo independientes.
Lina María Orozco, coordinadora del Observatorio Cali Visible, de la Universidad Javeriana, agrega que las facultades asociadas a autorizar empréstitos o refinanciar la deuda tampoco deberían estar incluidas en el Plan de Desarrollo.
“Esas autorizaciones deben tener su discusión en el Concejo, su propia exposición de motivos y su propio articulado. Esto, además, permite dar la discusión concentrada en ese tema en particular”, añade.
Coincide en que lo que tiene que ver con modificar la estructura de la Administración o con cambios en el Plan de Ordenamiento Territorial deben ser proyectos de acuerdo aparte del Plan de Desarrollo.
Con respecto a la autorización para ajustar las políticas públicas vigentes, dice que aunque algunos concejales no están de acuerdo, esto no significa que van a perder funciones: “No pierden su facultad de hacer control político. Pueden hacer control político a cómo va avanzando cada política pública, cada indicador, si está financiado o no, las metas, etc”.
Participación ciudadana
El Concejo de Cali informó que quienes estén interesados en presentar ponencias con respecto al trámite del Plan de Desarrollo, podrán enviarlas de manera electrónica hasta el jueves 14 de mayo, a las 6:00 p.m.
El plazo dado obedece a que, por tratarse de una sesión virtual de la Comisión del Plan y Tierras, las ponencias deben organizarse con antelación para su lectura y verificar el contenido de los videos de quienes así consideren adjuntarlos.
El trámite de inscripción se hará a través de la página oficial del Concejo, www.concejodecali.gov.co, haciendo clic en ‘ Participación Ciudadana’ y marcando el proyecto de acuerdo 011 Plan de Desarrollo. Se debe llenar el formulario en su totalidad, presentar una ponencia de hasta 500 palabras en Arial número 12 y adjuntar un video no mayor a tres minutos que sustente la propuesta.
Las reacciones de los concejales
Varios concejales respaldaron la decisión del alcalde Jorge Iván Ospina de retirar el artículo del Plan de Desarrollo que lo autorizaba para modificar el POT.
Así lo expresaron Diana Rojas, Milton Castrillón, Roberto Ortiz, Fernando Tamayo, Harvy Mosquera, Fabio Alonso Arroyave, Terry Hurtado y Juan Martín Bravo.
Sin embargo, los ponentes del proyecto Tania Fernández (Partido de la U) y Carlos H. Pinilla (Partido Liberal) consideraron que la determinación de retirar artículos no es en este momento una decisión del Mandatario, sino una competencia del Cabildo, que adelanta el estudio técnico, financiero y jurídico del documento.
Pinilla aclaró que los cambios serán competencia de la corporación en el trámite a primer debate y que, seguramente, otros quedarán en el segundo debate.
Fernández, a su vez, indicó que si bien es loable el anuncio que hace el Alcalde, desde la Comisión del Plan y Tierras se ha hecho un llamado al equipo técnico del Gobierno Municipal para aclarar las dudas que surgieron en las primeras tres sesiones en las que expusieron el proyecto las secretarías de Planeación, Hacienda y Jurídica.
El concejal Roberto Ortiz destacó la determinación del Mandatario local, pero instó a su equipo a revisar otros artículos que no hacen parte de las disposiciones finales, pero que se tratan de “obras faraónicas, que no tendrían sustento dada la crisis económica que nos afecta por el Covid-19 y que requiere de enfocar los esfuerzos a otros frentes”.
Fernando Tamayo, del Partido Conservador, señaló que ”estamos en medio de la discusión, pienso que todavía hay oportunidad de desandar lo andado y la posición de Jorge Iván Ospina de retirar este artículo tan polémico demuestra que nos vamos a poder encontrar en medio de la diferencia. De eso se trata la democracia”.
Mientras, Harvy Mosquera, de Cambio Radical, afirmó que “esa posición del Alcalde no nos debe sorprender porque es un hombre de consensos y esperábamos que se pronunciara al respecto, como seguramente habrá también algunas flexibilidades respecto a otros temas”.
Finalmente, Diana Rojas, cabildante por el Partido Liberal, dijo que “se bajó uno de los artículos polémicos del Plan de Desarrollo, pero aún quedan ocho por ajustar, las declaratorias de utilidad pública deben estar en el ojo de la opinión pública”.