Debido a incumplimientos con las normas de espacio público, ruido y documentación, la Alcaldía realizó durante este fin de semana el cierre a cuatro establecimientos de comercio.
“Por ejemplo, se cerró uno en el barrio Normandía que incumplió con la utilización del espacio público, otro en el barrio Olímpico que no tenía documentación y otro en el barrio los Chorros que incumplía con la sanción del Dagma que les impedía poner equipos de amplificación”, dijo Wilmar Álvarez, líder del Grupo de Acústica del Dagma.
De acuerdo con la información del Dagma, en lo corrido del mes de octubre ya han cerrado seis establecimientos de comercio por diversas razones y que, algunos de ellos, han sido sorprendidos incumpliendo las sanciones.
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“Estos establecimientos pasarán a un proceso sancionatorio y será el área jurídica la encargada de hacerles los procesos correspondientes”, agregó Álvarez.
En ese mismo sentido, las autoridades manifestaron que cada fin de semana se hacen operativos de este tipo en zonas como El Parque del Perro, el parque del Peñón y el sector de Limonar.
Además, informaron que han realizado reuniones con la comunidad para establecer acuerdos que logren la convivencia en estas zonas.
“Las jornadas de trabajo con la comunidad y empresarios han permitido identificar que los establecimientos ilegales son aquellos que no se están ajustando a las normas y son los que están generando molestias en la comunidad e impacto ambiental”, precisó Álvarez.
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De hecho, recientemente se han acrecentado las denuncias por parte de la comunidad indicando que hay establecimientos nocturnos que operan en zonas residenciales cuando en teoría el uso del suelo de la ciudad no se los tendría permitido, por lo que piden más presencia y control de las autoridades.
Ante esto, recientemente el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, explicó que el control del uso del suelo le compete a los inspectores de Policía y que son ellos los que deben sancionar a los establecimientos que lo incumplen.
No obstante, algunos ciudadanos han manifestado que los procesos no llegan a buen término porque hay inspectores de Policía que aceptan sobornos para no cerrar o sancionar establecimientos.