La Alcaldía de Cali firmó el decreto con el que espera cobrarle a toda persona o empresario que use el espacio público de la ciudad con fines lucrativos.

Estos recursos se recaudarán en el Fondo de Espacio Público y se destinarán a la compra, mantenimiento y adecuación de los mismos espacios, siendo priorizadas las áreas que requieran una intervención urgente.
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Algunas de las actividades económicas que tendrán que efectuar el pago serán: ecoturismo, recreativas y deportivas, módulos y kioscos de ventas, valet parking, filmaciones audiovisuales, vehículos gastronómicos, publicidad en mobiliario urbano, entre otras.

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El decreto también establece que el incumplimiento por parte de los particulares dará lugar a la suspensión inmediata de la actividad, además de que estos podrían incurrir en acciones administrativas o, incluso, en procesos judiciales.

“Estamos montando el plan de trabajo, ya que el decreto está amarrado a expedir unas guías que aterrizan los procedimientos para las autorizaciones de los espacios y los cobros, en eso hemos ido avanzando”, contó Ricardo José Castro, director del Departamento de Planeación de Cali.

Desde el 2014 se planificó que el Distrito cobrara por el aprovechamiento del espacio público, ya que esto quedó consignado en el Plan de Ordenamiento Territorial de ese año, pero solo hasta ahora, nueve años después, se empezaría a implementar.

Para el aprovechamiento económico del espacio público se emitirán permisos de corto plazo (un lapso no mayor a 1 año) o de largo plazo (un lapso no mayor a 5 años).

“El Plan de Ordenamiento Territorial tiene cosas muy interesantes, como la Vuelta de Occidente y el Centro de Acopio Campesino, pero ninguno de los dos se ha hecho, esto es porque nunca se ha tenido la vocación real de hacerlo”, manifestó el concejal Juan Martín Bravo.

El concejal aseguró que incluso interpuso una acción de cumplimiento para que este proyecto se realizara, ya que indicó que es hora de darle orden al espacio público de la ciudad.

“Cali tiene que buscar fuentes de financiación, si no tenemos recursos para hacer obras no vamos a tener cómo avanzar. Hay que medir a todo el mundo con la misma vara, tanto a la persona que está ocupando en el centro como a la que está en el Parque del Perro, no puede haber ningún tipo de beneficio para algunos sectores”, dijo.
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Desde el gremio de los establecimientos de comercio estuvieron de acuerdo, incluso pidieron que la Administración refuerce su personal para que pueda hacer un control efectivo y asegurarse de que todos paguen.

“No creo que se vaya a desincentivar el uso del espacio público, pero sí tiene que haber un proceso fuerte de auditoría en la administración de los recursos ya que estos deben ser reutilizados para garantizar la adecuación, la seguridad, el cuidado de las vías. Si bien el empresario está utilizando el espacio y pagará por ello, también debe sentir que habrá una retribución en su entorno”, comentó Brany Prado, director para el Valle de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), que reúne a 1340 establecimientos de comercio en Cali.

El directivo sostuvo que como “se le va a tocar el bolsillo a los ciudadanos”, estos se preocuparán más por cuidar el espacio público, lo que ayudará a que estos nichos comerciales sean más atractivos para los empresarios y los ciudadanos.

Los permisos para el uso del espacio público serán: actos administrativos de autorización, contratos o convenios interadministrativos directos con la Alcaldía y contratos de aprovechamiento.

A pesar del buen ambiente alrededor del proyecto, hay ciertos grupos que temen que se les cobre por usar el espacio público, como lo son los vendedores ambulantes.

Jimmy Fernando Núñez, presidente del Sindicato de Trabajadores Vendedores Informales Estacionarios de Cali (Sintraviecali), afirmó que en el gremio, del que hacen parte alrededor de 30.000 vendedores, no se tiene contemplado pagar por ejercer su actividad en las calles de la ciudad.

“En el pacto que firmamos el año pasado ellos expusieron que iban a organizar a los vendedores en sus mismos nichos de trabajo sin que hubiera ningún tipo de cobro, nunca lo hemos contemplado puesto que la mayoría de la gente que trabaja en el espacio público es demasiado pobre”, explicó.

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Justo ayer, este gremio tuvo una reunión con la Administración en la que se les indicó que el cobro sí se realizaría para los negocios ambulantes, pero no para los vendedores informales que son vulnerables, sino para “negocios específicos”, como lo son los ‘food truck’.

El País contactó con el director de Planeación Distrital, Ricardo José Castro, sobre los detalles de cómo se ejecutará el proyecto con los vendedores ambulantes y si habría otras excepciones, pero no obtuvo respuesta hasta el momento.