La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) podría encontrarse en riesgo para garantizar la continuidad de varias obras estratégicas en el departamento orientadas a la preservación y el cuidado del medio ambiente, además del saneamiento del agua y reforestación.
Esta alerta se confirmaría si es aprobado el proyecto de Ley 235 de 2023, que obligaría a las corporaciones autónomas del país a ceder su participación accionaria en empresas de servicios públicos. En el caso de la CVC, la propuesta generaría un duro golpe para sus finanzas ya que se renunciaría a las acciones en Celsia y Acuavalle.
Marco Antonio Suárez, director general de la CVC reveló que la falta de recursos económicos paralizaría la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en los diferentes municipios del departamento, además se detendrían varias iniciativas contempladas en el Plan de Acción Corporativo para el período 2024 - 2027.
En consecuencia se paralizaría el apoyo destinado al fortalecimiento de los negocios verdes que operan en la región, tampoco se podrían declarar nuevas áreas protegidas y destinar personal para su protección y preservación. A su vez, la conservación de especies amenazadas y el manejo de las cuencas hidrográficas también se vería perjudicado.
Dentro del Plan también se tenía contemplaba la edificación de infraestructura necesaria para la mitigación y atención de desastres naturales en diferentes municipios del Valle del Cauca. Suárez estimó que la pérdida de esta fuente de financiación sería de $ 1,4 billones de pesos, lo cual representa un 37 % del patrimonio de la CVC.
“No podríamos seguir apoyando a las comunidades étnicas, no podríamos seguir apoyando a las organizaciones ambientalistas”, mencionó el director de la CVC.
La discusión que se realiza en el Congreso de la República sobre el proyecto de Ley 235 de 2023 concentró la atención de varios integrantes del Bloque Regional Parlamentario por las consecuencias que tendría para el Valle del Cauca. Ante ello, fue convocada una Audiencia Pública con el propósito de discutir el tema.
Al respecto, el representante a la Cámara, Christian Garcés sostuvo que una pérdida de los recursos económicos tendría una repercusión profunda en materia de inversión social. Por ello, resaltó el papel de la CVC como una de las principales instituciones del país en materia de acciones concretas para el cuidado de la fauna y la flora de la región.
Por su parte, la senadora Norma Hurtado anunció que el próximo paso a seguir será la coordinación de esfuerzos para impedir que la propuesta avance a una próxima instancia dentro del Congreso. “Tenemos que buscar el concurso de todos los partidos en la plenaria de la Cámara para lograr el archivo del proyecto”, dijo.
Mientras que el representante, Víctor Manuel Salcedo indicó que durante la discusión del proyecto de Ley 235 de 2023 en la Comisión Quinta no hubo presencia de vallecaucanos, por tal motivo, hubo un vacío que impidió una discusión a profundidad sobre las implicaciones para el departamento, en cuanto al número de proyectos y programas liderados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
Otra de las voces que manifestó sus inquietudes frente a una eventual cesión de acciones fue el líder de Celsia, Ricardo Sierra. “Nos causa preocupación que este proyecto de Ley pueda vulnerar el patrimonio a la cabeza de la CVC”, resaltó.
Expresó que su empresa es un ejemplo de alianza público-privada exitosa, gracias a los diferentes estatutos y códigos de conducta que han sido empleados para prevenir eventuales conflictos de interés. En ese sentido, Sierra manifestó que Celsia es una organización listada en la Bolsa de Valores, con una junta directiva separada de los temas operativos.
Recortes en el número de empleados
La pérdida de recursos económicos para la CVC, también afectaría el número de personas empleadas al interior de la entidad. Su director general, Marco Antonio Suárez destacó que la planta laboral tendría que ser reducida en un 70 %, lo cual dejaría sin sustento a más de 350 personas. “Sería la masacre laboral más grande en la historia del Sistema Nacional Ambiental”.
Óscar Gerardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional Ambiental, explicó que el impacto laboral es desproporcionado por el número de puestos de trabajo que se encontraría en peligro al no existir condiciones económicas para pagar los salarios de sus empleados.
De igual forma, hizo énfasis en que el 90 % de los trabajadores de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca son de carrera administrativa y compitieron por los lugares que actualmente ocupan, sin ningún tipo de influencia política o recomendación.
“Como sindicato le pedimos a los honorables congresistas que este proyecto de ley sea archivado, porque es un proyecto de ley mentiroso. Cuando uno estudia todos esos considerandos, inmediatamente se da cuenta que se utilizaron datos que no son ciertos”, mencionó el dirigente sindical.
Por su parte, José Antonio Garzón, líder de Sintrauniestado, otra de las agremiaciones sindicales presentes en la CVC, destacó la necesidad de analizar a fondo la propuesta realizada por el Congreso con el propósito de evitar un recorte presupuestario que signifique la eliminación de decenas de puestos de trabajo.
Se espera que en los próximos días, los diferentes parlamentarios impulsen al interior del Congreso una plenaria que permita frenar el avance de la iniciativa que afectaría las finanzas de una de las principales entidades a nivel nacional encargadas de la protección de áreas ambientales y especies protegidas.