Ni siquiera se había enfriado la tierra, luego de arder durante horas ante la vista de los caleños y el desespero de decenas de bomberos que desafiaban las llamas, y ya una camioneta en la zona alta del terreno, sobre el suelo calcinado, descargaba tejas de zinc, plástico y las polisombras para levantar los primeros ranchos.
El plan se estaba cumpliendo al pie de la letra. Es exactamente lo que les prometieron desde las primeras reuniones a las personas de escasos recursos que asistieron con supuestos ‘constructores’, con espíritu de líderes sociales y defensores de derechos humanos, a quienes las autoridades prefieren llamar ‘tierreros’ o invasores, volteadores de tierras.
A estas organizaciones delincuenciales, cada vez más sofisticadas y que cuentan con sus propios abogados, se les atribuye al menos 12 de los 115 incendios que hubo en la ciudad de Cali durante el mes de septiembre y en los que fueron consumidas más de 280 hectárea de bosque, según información estadística suministrada por del Cuerpo de Bomberos de Cali.
El más devastador de ellos, el ocurrido el 21 de septiembre en Alto Menga, donde fueron calcinadas 240 hectáreas de tierra, y que coincidió con el incendio en los callejones de La Buitrera, donde se quemaron diez hectáreas más. Curiosamente, ambas en sitios aledaños a sectores invadidos.
En esos mismos días se registraron conflagraciones en el cerro de la Antena, el sector de la Bandera, El Saladito, en Andes-Cabuyal y en Pance, donde han encendido el sectores tres veces en este mes, que harían parte de un ataque sistemático contra la ciudad.
“Fueron acciones coordinadas, en las que intentaron superar la capacidad de los organismos de socorro y golpear también el nivel de respuesta de la institucionalidad. Por eso se vieron varios incendios al mismo tiempo y justo al rededor de franjas de invasión en la ladera de Cali”, indicó una fuente.
No es mucha la información que se tiene sobre quiénes son los tierreros, pero en los últimos meses las autoridades han golpeado dos organizaciones, La Conquista y los B3, y tienen en la mira a por lo menos tres estructuras más que estarían dedicadas en la capital del Valle del Cauca a apoderarse por la fuerza de predios de particulares o del municipio.
Sin embargo, hay indicios preocupantes sobre quienes estarían detrás de esas invasiones. Uno de ellos se conoció hace poco cuando funcionarios hicieron presencia en un sector de la ciudad y fueron sacados por hombres armados que andaban en camionetas de alta gama. Al alertar a la Policía y la Secretaría de Seguridad, se supo que esos hombres eran escoltas pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección y que el protegido era un desmovilizado de las Farc.
Igualmente, se ha hecho común en los operativos que adelanta la administración a través de la Secretaría de Seguridad, que en los territorios que se van a desalojar aparezcan integrantes de la minga indígena, quienes intentan evitar el desalojo con argumentos como que se están constituyendo como un cabildo indígena.
De acuerdo con César Augusto Lemus, subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia de Cali, son organizaciones que cuentan con grupos de abogados, muchos de ellos supuestamente vinculados a organizaciones o fundaciones de derechos humanos y llegan con chalecos de defensores de derechos humanos y en muchos casos están movilizando una supuesta guardia indígena.
“Eso sucede porque hoy, dentro de los procesos de asentamientos subnormales existe una tendencia a montar cabildos indígenas; entonces, por ejemplo, en La Viga hay cabildo indígena, en el corredor férreo hay cabildo indígena, en Pance han querido meter un cabildo indígena”, advierte el subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia de Cali.
Manipuladores de sueños
La capacidad económica de Nubiola*, quien teme hasta hablar por teléfono, no le alcanzaría para acceder a una vivienda de interés social porque las ventas ambulantes en el centro de Cali son inciertas. Por eso le llamó la atención cuando le ofrecieron un lote de 6 metros de frente por 12 metros de fondo en un sector de la ladera por solo $12 millones.
De acuerdo con la información que contenía el volante, el terreno que estaba siendo loteado, donde soñó que quedaría su casa, le pertenecía a una fundación que lucha por los derechos humanos y por ofrecer una vivienda digna a las personas de escasos recursos en la ciudad.
“Lo que nos está pasando últimamente en nuestros cerros tutelares es variopinto. Sin duda, una de las primeras causas es la intención de quemar e invadir, sobre todo en el sector de La Buitrera, y hacen el mismo ejercicio de vender por redes sociales los lotes, pero vinculan a las personas al proceso de invasión para eludir la persecución de las autoridades y camuflarse entre la ciudadanía”, asegura el secretario de seguridad, Jimmy Dranguet.
Los futuros propietarios, como Nubiola*, fueron agregados a un grupo de WathsApp y citados a reuniones de manera periódica en el oriente de Cali, donde las animaban a realizar los pagos para que fueran amortizando el valor de su vivienda. “Lo que me dijeron era que el lote era de la fundación y que el municipio no quería dejar construir, pero que una vez estuviéramos allá, ya no nos podían sacar”.
De esa forma, han convencido a muchas personas para que se sumen a esas brigadas de invasión en las que el gran premio, luego de resistir y no dejarse sacar del terreno cuando lleguen las autoridades, es quedar con la posesión de un pedazo de tierra.
Pero no se trata solo del lote. Los ‘tierreros’ son quienes les venden también la madera, el plástico y la polisombra, y se las entregan cómodamente en lo alto de la montaña. Además de eso, les entregan como valor agregado el servicio de seguridad privada y la supuesta garantía de que tendrán próximamente la conexión a los servicios de agua y energía.
Dejan también muchas dudas el papel cumplido por algunos corregidores en sectores de la ciudad. Incluso, uno de ellos tiene una demanda en contra, instaurada desde el comando de la Policía Metropolitana de Cali.
Resalta también el Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, que “en los cerros tutelares también hemos visto irresponsabilidad de algunos ciudadanos que hacen quemas de basura y de otros elementos y por las condiciones del fenómeno seco que tenemos, eso se convierte rápidamente en una conflagración de grandes dimensiones y ahí está el daño ambiental que hemos presenciado”.
“Hay personas que por alguna condición patológica o de enfermedad genera ese incendio. Hemos identificado a un señor que en el pasado afectó el cerro de La Bandera y en la reciente quema que hubo por Los Cristales, es una persona, dicen sus familiares, con algunos problemas médicos y generó ese incendio por desacuerdo por una de las obras que ahí se desarrolla”, explica el secretario Dranguet.
El pasado 25 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali anunció la captura de una mujer que intentaba prenderle fuego a uno de los cerros de Cali, cerca del barrio Los Cristales, al oeste de la ciudad.
Según algunos testigos, la mujer, que se opone a la construcción de un sendero y por ello argumentó que iba a prenderle fuego a la montaña, fue sorprendida por trabajadores de la Alcaldía de Cali y fue capturada por la Policía minutos después.
La Alcaldía está decidida a combatir la impunidad en casos de incendios provocados en los cerros de la ciudad, por lo que las autoridades están en máxima alerta para evitar las quemas, dijo el alcalde Jorge Iván Ospina.
“Debemos entender todos que tenemos un material de fácil combustión por el verano que hemos tenido, por el fenómeno de El Niño, que fácilmente podría crear una conflagración de importantísimos impactos”, advirtió el mandatario de los caleños.