Muchos habitantes de Cali están cansados por el ruido que se produce en la ciudad, que junto a Barranquilla son las más ‘bullosas’ del país.

Este año, el Dagma ha recibido 808 quejas relacionadas con este tema. Al respecto, Francy Restrepo Aparicio, directora de esta entidad, dice que los ciudadanos no están desamparados y que sí hay una gestión. Sin embargo, aclara que, a veces, las normas les impiden actuar de forma inmediata.

Sobre la contaminación del río Aguacatal explicó que la solución no está a la vuelta de la esquina, porque los planes de mejoramiento requieren tiempo para concertar y ejecutar.

¿Cuál es el diagnóstico que usted hace de la situación ambiental de Cali, hoy estamos en semáforo rojo, amarillo o verde?

Yo diría que es un amarillo tirando a verde. Tenemos una condición ambiental fuerte, que se observa desde que la gente llega a esta ciudad con un clima y una brisa agradable, y eso lo acompaña la densidad arbórea que, con toda su problemática, es en cantidad generosa y se percibe. No se pueden dejar por fuera los cuerpos de agua que rodean a Cali, esas condiciones son favorables.

¿Por qué entonces la condición amarilla?

Es algo que tiene que ver con los residuos sólidos, en eso tenemos que trabajar muchísimo. Hay una acción coordinada con la CVC, en este Gobierno nos hemos podido organizar, pero tenemos actores como los operadores de aseo, cuyo propósito es que el sistema actual sea mucho más expedito, pero en realidad no es así.

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Contamos con unos operadores grandes, hay unos pequeños, aparte de eso existe un plan de gestión integral de residuos sólidos que segmenta esas acciones y muchas veces no se coordinan. Eso hace que veamos zonas verdes en buen estado hasta un punto, pero, en el otro lado, se vea el matorral y los residuos.

En ese ejercicio de tareas es donde nos perdemos y damos un mal mensaje a la comunidad.

Precisamente, cuántos años llevamos diciendo que la escombrera debe irse del lugar donde está hoy y no se hace, ¿por qué?

Es un tema complejo porque si bien existe una resolución que dice que tiene que salir de allí y el Dagma ha dado la orden de cierre, no está bien que una solución, que a la vista se ve muy sencilla, me genere al siguiente día 50 escombreras más. Si no tienes la solución de fondo, eso es lo que produciría un cierre súbito de la escombrera a la que, de alguna forma, llegan residuos de manera ordenada de los chaneros y donde se acopian unas 600 toneladas.

Nosotros lo que hacemos es control de arrojo ilegal para que no impacte el canal y la vía donde se encuentra la escombrera, que es responsabilidad de la Uaesp. Ellos tienen que establecer un contrato para un sitio de disposición final que tenga las autorizaciones ambientales. Estos sitios siempre están a las afueras de Cali y son jurisdicción de la CVC o de la CRC. Si no se tiene ese sitio certificado, pues entonces ellos no podrían hacer esa evacuación.

Con todo lo que ha costado, durante estos años, evacuar la escombrera de la 50, tendríamos perfectamente una planta de aprovechamiento de escombros y podríamos estar produciendo materiales ecológicos, que es lo que se pretende hacer.

Uno como técnico ve las soluciones, pero ¿dónde está el problema? En que queremos encontrar un punto al interior de Cali donde podamos hacer esa transferencia, pero la gente no quiere, como ya nos pasó. Hay una desconfianza absoluta en el tema, así les lleves una tecnología apropiada. Esto pasa porque hemos tenido errores a la hora de concertar con la comunidad.

Hoy existen unos sitios tentativos para hacer el proyecto, hay un diseño y esa es la solución, hay unos predios y se está en eso, no es tan sencillo, es casi que una empresa que debe manejar el Estado, tener un socio estratégico. Nos tomará un tiempo consolidar esto.

Hay otro tema que preocupa mucho en la ciudad y es el ruido, ¿qué está haciendo para combatirlo?

Cali es una ciudad ruidosa. El principal problema de contaminación de la calidad del aire son los vehículos, pero, de igual manera, también es la principal causa de ruido.

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Cuando yo tengo una queja por ruido puntual y es por parte de un vecino, el tema se me vuelve de convivencia y no es la autoridad ambiental quien lo atiende, es la Policía por el Código que ellos tienen o la Secretaría de Seguridad y Justicia.

Cuando el ruido es por establecimiento de comercio, sí le compete al Dagma. Las quejas que atendemos son muchas. Si hiciéramos estadísticas del año, tendríamos casi que tres quejas al día.

Estamos obligados a tener un plan de mejora de ambiente sonoro. Entre las comunas más bullosas que tenemos están: la 19, la 17, la 2 y la 3. Son sitios que identificamos rápidamente en Granada, El Peñón, Parque del Perro, la 66, La Fontana, gracias al equipo que trabaja todos los fines de semana y dos o tres veces por semana en operativos nocturnos.

Pero el problema es que la gente siente que no se hace nada al respecto...

Nosotros sí sancionamos, de hecho, la primera medida que nosotros hacemos es la del cese de la actividad y el decomiso de equipos. Pero tenemos un problema y es que cuando entramos a hacer la medición en los sitios, por la norma, tenemos que hacerlo durante dos horas (una hora de medición y en la otra deben estar apagados los equipos). Esto para poder tener el análisis y con el resultado iniciar el proceso de cierre definitivo del establecimiento. Lo que nos pasó en el 2021 es que nuestros equipos no estaban calibrados, entonces calibrarlos significó un proceso contractual. Si llueve o el piso está mojado, no puedo iniciar la medición del nivel del ruido, todas estas cosas afectan.

¿Se han cerrado establecimientos?

En el último año se han cerrado dos y hay muchos procesos sancionatorios en curso. Por ejemplo, en el caso de la Carpa de la 50 nos sentamos varias dependencias a tratar de resolver el tema. En este momento tenemos un proceso sancionatorio que está en marcha.

Además, hemos recaudado $ 500 millones en sanciones de vertimientos de las empresas y también por cortar árboles de manera irregular.

A veces uno percibe que unos empresarios quieren burlar las normas y no pasa nada.. ahora las quejas se trasladaron a la Carpa de la 66...

Allá estamos sentados con la comunidad, que está enterada de lo que estamos haciendo y trabajando, para que ese impacto sea menor. Hay que tener en cuenta que una cosa es el ruido ambiental y otro es el ruido dentro de mi casa. Este último lo mide la Secretaría de Salud.

Pero, en este caso, ya hemos abierto un proceso sancionatorio por exceso de ruido, ellos ya tenían una medida preventiva. Últimamente no se han presentado eventos y, en el próximo que programen, vamos a tener mediciones del Dagma y de la Secretaría de Salud.

¿Usted no cree que la comunidad está desamparada?

No, no estamos desamparados. El tema es que nos tenemos que mover según las normas. ¿Qué es lo peor que nos puede suceder? Pues que un proceso sancionatorio se nos caiga porque no fue debidamente llevado. En este tema nos cuidamos mucho, la comunidad pretende que nosotros vayamos, midamos el nivel de ruido y de inmediato cerremos el establecimiento. Pero la norma no está hecha así, eso lo puede hacer la Policía y la Secretaría de Seguridad y Justicia.

Estamos tratando de que los procedimientos sean más expeditos, como comenté antes, tenemos que hacer mediciones por dos horas en un establecimiento en plena noche y esperar que no llueva. Ese es el dato que me permite ejercer el cierre definitivo. El proceso y el curso de la medición es lo que no nos deja ser inmediatos.

Otro tema que inquieta es la contaminación de los ríos, especialmente el Aguacatal, cuyos problemas ya están diagnosticados... en lo que le corresponde al Dagma, ¿qué avances hay en las soluciones?

En el tema del río hay que ser muy claros con la comunidad, la gente pretende que vayamos a limpiar las piedras, que vayamos y coloquemos un filtro a lo largo del río que atrape toda la contaminación y que el río Cali siga todo el tiempo igual de transparente. Pero hay que decirle a los caleños que eso que está diagnosticado y ese plan de acción que tenemos, y que hay que ejecutar, no es inmediato y ni siquiera de mediano plazo.

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Primero, eso es una condición de minería que lleva más de 100 años, todos saben que allí hay minas y que tarde o temprano eso se volvería un pasivo ambiental. ¿Cuál fue el detonante de esto? Las intensas lluvias.
El tema del río Aguacatal no es solo de aguas residuales, son dos tipos de vertimientos: aguas residuales de 30.000 habitantes de Montebello que no tienen una planta de tratamiento y el drenaje ácido de las minas.

Sabemos que con la Ptar, uno de los puntos se puede subsanar. Pero, en el caso del drenaje ácido de las minas no es tan sencillo porque hay minas por todo lado y porque la contaminación brota por varios puntos.

¿Y ya está listo el lote para construir la Ptar?

Hay un solo sitio donde se puede hacer la planta, pero usted le dice eso a la gente y nadie quiere que se ubique en su sector porque argumentan que generará olores, que desvalorizará los predios.

Habría una solución que es decirle a Emcali que nos deje colectar y llevar esas aguas por su colector más cercano, pero la empresa ya dijo que no tiene la capacidad, lo mejor es tener una planta. Lo que estamos haciendo son las reuniones con la comunidad para hacerles caer en cuenta de que no hay más espacios donde hacer la planta.

En términos de los ríos, ¿hay otro que preocupe?

El río Cañaveralejo, primero porque tiene una ocupación en su parte alta de vivienda y no se ha solucionado el tema de aguas residuales. Tenemos cerca de $ 20.000 millones para eliminación de puntos de vertimientos y la mayor parte de esas inversiones están al lado del río Cañaveralejo. Lo que estamos haciendo es cortar el paso de esas aguas residuales para que se vayan por el alcantarillado. Eso mejora inmediatamente la calidad del agua. Todo lo que hagamos incide en la calidad del agua del río Cauca y cada río tiene unos estándares de medición que se deben cumplir. Eso lo vigilamos nosotros desde el Dagma.

¿Por qué el Dagma está quedado en cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo?

Lo que pasa es que hay cosas en ejecución, pero hasta que no se terminen no salen como meta cumplida. La contratación de los $ 20.000 millones para vertimientos se inició desde 2020, en 2021 la licitación se cayó y solo hasta este año se pudo hacer.

Los parques, en el 2021 los contratamos y por temas de lluvias se pasaron para este año y apenas se está avanzando. Tenemos otras actividades que estamos terminando. Creemos que este año vamos a aumentar notablemente esa cifra de cumplimento de metas.