Mediante la resolución No. 2175 del 25 de noviembre de 2024, el Gobierno Nacional nombró alcalde ad hoc de Cali para conocer de cualquier asunto relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, toda vez que Alejandro Eder se declaró impedido.
Es así como el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, designó en esas funciones a Andrés Orlando Peña Andrade, quien se desempeña como asesor del Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos.
Esto se produjo luego de que Eder comunicara a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, su impedimento para conocer de cualquier asunto respecto al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y otros instrumentos derivados o en el que deba intervenir. El Alcalde habría manifestado conflicto de intereses dado que sus parientes podrían “tener inversiones en los sectores de construcción, ingeniería civil, cementos, industria básica del hierro y del acero, así como también en el sector inmobiliario, de finca raíz y hotelero, y en actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”.
Fue así como el 6 de noviembre fue aceptado el impedimento y la Procuraduría Regional ordenó remitir las diligencias al Ministerio del Interior para que designara el funcionario ad hoc.
Perfil del nuevo funcionario
El elegido por Juan Fernando Cristo es Andrés Orlando Peña Andrade, profesional en Derecho, con especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como una maestría en Derecho Procesal Penal.
Según el Ministerio de Justicia, Peña ha trabajado en el sector privado en algunas empresas de abogados, y en el sector público ha laborado en entidades como la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Además, ha sido docente en la Universidad Militar Nueva Granada.
Nombramiento controvertido
Desde la Secretaria de Planeación aclararon que la vinculación del alcalde ad hoc tiene fundamento en poder garantizar la transparencia e imparcialidad de la administración al momento de tomar decisiones en materia de ordenamiento, y “es por ello que resulta interesante que la persona elegida no tenga vínculos o intereses directos en la ciudad y en su modelo de ordenamiento, garantizando así imparcialidad de la estructuración técnica de los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial”.
Desde el Concejo de Cali varios cabildantes dieron a conocer su punto de vista frente al nombramiento.
Para el concejal Marlon Cubillos, la designación del funcionario se convierte en un acierto, además de que su experiencia como asesor en el Ministerio del Interior respalda su capacidad para asumir los retos del cargo.
“Su nombramiento brinda garantías de transparencia y aleja cualquier duda sobre los procesos relacionados con esta materia en la administración Eder”, detalló Cubillos.
Desde la curul del Partido Alianza Verde, Rodrigo Salazar, señaló que la designación es una medida de precaución “para poder salvaguardar que el proceso de discusión, deliberación y sanción del POT que debe disponer la ciudad, quede blindado frente a cualquier amenaza de tipo jurídico”.
Versión compartida por el cabildante Edison Lucumí, quien espera además que “esta persona tenga las competencias para realizar esa labor de una manera independiente y transparente, que garantice la organización de los predios y las construcciones”.
El concejal Juan Felipe Murgueito, consideró que esta medida garantiza que el proceso esté cubierto jurídicamente. “Recordemos que el POT antiguo se cae con una demanda”, dijo.
Sin embargo, algunos muestran su preocupación por el perfil del alcalde ad hoc. Para el cabildante Roberto Ortiz, la designación de Peña Andrade, “es un movimiento que genera cuestionamientos”, por lo que considera que aunque su experiencia como asesor en el MinInterior podría aportar un enfoque alineado con políticas nacionales, “preocupa que un funcionario externo carezca de un conocimiento de las dinámicas sociales, económicas y culturales de Cali”.
Edison Giraldo señala que es llamativo que la persona que delegó el Gobierno Nacional para los asuntos relacionados con el POT, no tenga una experiencia en planificación urbana.
“No resulta pertinente que un funcionario que asesora el despacho del viceministerio del Interior y tiene experiencia en Derecho Penal, termine, de forma ad hoc, asumiendo funciones del Alcalde”.
“Sobre todo para ser parte de una discusión que definirá el futuro de la ciudad en los próximos 12 años. Ante la importancia del proceso, habría sido valioso contar con la visión de personas que están en el Departamento Nacional de Planeación”, insistió.
Benjamín Barney Caldas, Arquitecto, señaló que no hay ninguna ley ni normativa que diga que el funcionario tiene que ser conocedor del tema, ya que en este caso es una figura más política, aunque recalca que “lo ideal sería que tuviera conocimiento, sobre todo en una cuestión tan puntual como lo es un plan de ordenamiento del territorio”.
Wilson Ruiz, quien fue alcalde ad hoc de Cali durante el 2021, señaló que quien ocupe ese cargo debe ser una persona que conozca el POT, ya que será quien va a orientar los temas como alcalde ad hoc solo en esa materia.
“Obviamente va a haber un perjuicio para la ciudad si el funcionario no tiene conocimiento de un POT, es decir, pueden cometerse muchos errores y esto iría en detrimento de la ciudad. Lo ideal sería un perfil, unos rasgos peculiares que identifiquen al individuo de acuerdo a esa materia”, sostuvo.