Una sesión de control político que buscaba evaluar la situación financiera de las Empresas Sociales del Estado (ESE) de Cali terminó en polémica y con la suspensión del debate por falta de respuestas claras.
Los concejales de la Comisión de Institutos del Concejo municipal acusaron a las directivas de las ESE de entregar información incompleta y con inconsistencias graves, lo que impidió hacer un análisis real sobre la salud financiera de estas entidades.
El informe fue insuficiente, “como cuando se coquetea con alguien, que se tira la pildorita, pero hasta ahí”, afirmó Marlon Cubillos, presidente de la Comisión. Según el cabildante, pese a que se enviaron los cuestionarios con más de 20 días de anticipación, las respuestas llegaron incompletas y sin los anexos necesarios.
Las críticas más fuertes se dirigieron a la gerente de la ESE Oriente, Sandra Velásquez, quien aseguró inicialmente que la entidad no tenía deudas, pero luego reconoció obligaciones fiscales por $18.000 millones. Para Cubillos no hay claridad ni una gestión efectiva para recuperar la cartera: “Nos presentan unos indicadores, pero unos párrafos más adelante dice que los indicadores no son confiables por el comportamiento de la cartera”.
El presidente del Concejo, Edinson Lucumí, también intervino para señalar que las cuentas por pagar no aparecen reflejadas en los informes, pese a que alcanzan los $18.000 millones. Además, indicó que el indicador de liquidez es de apenas 2,12 % a febrero de 2025 y planteó dudas sobre si en este cálculo se incluyen las cuentas por cobrar, que suman cerca de $25.000 millones, muchas de ellas posiblemente incobrables por la crisis del sistema de salud.
Lucumí llamó la atención sobre otros aspectos preocupantes: los gastos operacionales aumentaron un 227 % entre 2023 y 2024, y los denominados “gastos diversos” pasaron de $1.197 millones a $19.658 millones, un aumento del 1.542 %. “¿Esa diferencia a qué obedece?”, preguntó.
Según el informe parcial presentado por la ESE Oriente, sus ingresos en 2024 fueron de $94.869 millones, mientras que los compromisos adquiridos alcanzaron los $108.233 millones, lo que genera un déficit de $13.364 millones. “La fiabilidad de la información genera dudas por las respuestas de la gerencia”, insistió Cubillos.
Otros concejales como James Agudelo solicitaron que se precise el número de asesores contratados, las funciones que cumplen, y que se haga una auditoría a los operadores que prestan servicios de aseo, vigilancia y atención médica. También pidió que la Personería y la Contraloría inicien investigaciones sobre el manejo financiero de la ESE Oriente.
Por su parte, Carlos Andrés Arias advirtió que las cuentas por pagar de la entidad podrían superar los $50.000 millones este año, al sumarse pasivos del año anterior con los ya acumulados en el primer trimestre de 2025. Además, denunció que el informe de cartera fue enviado de forma ilegible, lo que imposibilitó su análisis. “Lo que se debe hacer es un plan de ajuste fiscal si queremos que la ESE no sea inviable financieramente”, advirtió.
Flower Rojas, otro de los concejales presentes, insistió en que debe aplicarse el reglamento cuando no se contestan adecuadamente los cuestionarios. “No podemos permitirlo en este Concejo ni en esta comisión. Esas respuestas son como cuando uno no quiere que conozcan mucho o no miren más allá”, dijo.
Ante el cúmulo de cuestionamientos y la falta de respuestas claras, el debate fue suspendido para que las gerencias de las ESE entreguen información completa y verificada.