La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y la Asociación de Ediles del Distrito deberán explicar ante el Concejo los alcances del convenio de asociación que, por $876 millones, se hizo con la Fundación Fased, para el desarrollo de estrategias de participación en la ciudad.

Ayer el concejal Roberto Rodríguez hizo la proposición en la corporación y solicitó que se presenten los estudios previos y estudio de mercado, el informe de ejecución física y presupuestal, detallando para cada actividad, avance, desembolso, alcance y cobertura. Así, pidió un informe detallado de cada una de las actividades enmarcadas en el contrato.

Esto se dio luego de que el fundador del movimiento Construyamos Juntos, Camilo Chará, cuestionó en sus redes sociales este convenio, que debería favorecer a los ediles de la capital del Valle, porque, según él, no está cumpliendo su objetivo, además, de detectarse posibles sobrecostos.

El contrato, que se firmó con la Fundación Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo (Fased), tiene como objeto “aunar esfuerzos humanos, técnicos, operativos, logísticos y financieros para apoyar el sistema de participación ciudadana en Cali”.

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Entre los puntos cuestionados por Chará está el ítem “apoyo para la movilización de los ediles de las Juntas Administrativas Locales del Distrito”, se anuncia un aporte económico de $300 mil para cada uno de los 312 ediles para su transporte.

“Nadie dice que no se les entregue este recurso a los ediles, es necesario, es más, es poco ese auxilio, lo curioso es que según consultados varios ediles la única vez que recibieron dicho auxilio fue en el 2020 (una tarjeta del MÍO cargada con ese valor). En el 2022 no han recibido un solo peso y mucho menos una tarjeta del MÍO”, destacó Chará.

Además el contrato, que fue firmado a mitad de año, dice que se destinarán $154 millones para “brindar apoyo a la cualificación de las JAL, apoyo para el intercambio de experiencias nacionales de los ediles y apoyo para el intercambio de experiencias nacionales de mujeres de las JAL. “Son cosas que nadie entiende, pero lo peor es que nunca los ediles han recibido nada al respecto”, agregó.

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Asimismo, en el documento se ve reflejado un taller teórico práctico de 4 horas en cada comuna sobre el manejo de herramientas digitales por un valor de $64 millones, algo que Chará dice que “nunca lo dieron”.
Otro punto cuestionado es el destino de casi $60 millones en fotocopias, entre otras cosas.

En redes sociales, James Agudelo Arévalo, quién firmó el contrato cuando era Secretario de Desarrollo Territorial, afirmó que dicho convenio “está en ejecución hasta diciembre, varios puntos de estos ya han sido ejecutados a satisfacción. Y los ediles pueden dar fe de ello”.
Además, acusó a Chará de hacer política con este tema sin tener fundamentos.

El País intentó conocer la opinión de los ediles de la ciudad y algunos aseguraron no conocer el contrato ni de lo que se está hablando. “Más bien el que debería aclarar el tema es la persona que denunció”, dijo uno de ellos.

Mientras que Yeison Martínez, quien fue edil hasta hace unos meses, dijo que quedó sorprendido con la publicado en las redes sociales. “Quedé aterrado porque no conocía ese contrato ni los alcances del mismo frente a los ediles. Hasta la fecha no he sabido que se haya brindado este tipo de apoyo y creo que muchos otros tampoco saben de esto”, reiteró.

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En la ciudad hay unos 380 ediles, pero algunos han renunciando y quedan alrededor de 312.

Sobre el tema la concejal Ana Erazo dijo que hay dos puntos que le generan dudas. Por un lado, detecta una incongruencia en la iniciativa dado que el contrato habla de la participación ciudadana en la transición a Cali Distrito.

“Este proyecto apenas entró al Concejo, no hemos empezado a debatirlo y me parece incongruente que estén socializando un tema que aún no está totalmente definido. Lo lógico es que, una vez salga del Concejo, se haga la divulgación. Este es un tema que se aplicará en los próximos años, no es inmediato”, dijo la cabildante.

El otro punto que preocupa, dijo Erazo, es por los posibles sobrecostos, ya que en uno de los apartes del convenio se habla de “prestar el servicio de impresión durante la ejecución del proyecto, hasta agotar una capacidad de impresión de 4500 páginas”. Por ello pagarán $59 millones.

Argumenta la Concejal que el arrendamiento de un equipo profesional de impresión tiene un valor mucho menor que lo planteado en el convenio, por lo que también pidió que se expliquen estos detalles.