A través de un comunicado de prensa, la Contraloría General de la República dio a conocer que se revisarán más de 40 contratos celebrados por la Alcaldía de Cali y sus entidades descentralizadas en el 2020, periodo en el que Jorge Iván Ospina fungía como alcalde.
“Se hará intervención funcional de oficio sobre unos objetos de control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali; contratos celebrados a partir del año 2020 por la Alcaldía de Cali y sus entidades”, informó el órgano de control.
De acuerdo con el boletín emitido, esta decisión se basa en el informe preliminar resultado de la gestión adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en conjunto con la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.
Dicha pesquisa, según se mencionó, reveló escenarios “que ponen en riesgo” los recursos públicos comprometidos por la Alcaldía de Cali y que, en consecuencia, podrían generar un detrimento al patrimonio público del Distrito.
Sin embargo, esto no es lo único que los entes de control hallaron, ya que también “se encontró una falta de rigurosidad en las etapas de planeación, ejecución y supervisión contractual”, se indicó.
En la intervención, la Contraloría General revisará 47 contratos, los cuales abarcan áreas “críticas” como las secretarías de Tecnología, Infraestructura y Seguridad. Este control se extenderá hasta la culminación de las actuaciones correspondientes, incluyendo la decisión de fondo sobre la responsabilidad fiscal y el cobro coactivo, si procede.
Cabe mencionar que el exalcalde Ospina tiene varias investigaciones en curso en los entes de control, la mayoría de ellas por presuntas irregularidades en la realización de contratos, entre ellos los del alumbrado navideño e incluso el de la Feria virtual del año 2020.
De hecho, esta última hizo que Ospina fuera suspendido durante cuatro meses por la Procuraduría General de la Nación, decisión que fue tomada en el mes de diciembre, a pocos días de terminar su mandato.
Esto debido a que el convenio firmado por más de $ 11.000 millones no contó con estudios previos que justificaran el elevado costo del evento, teniendo en cuenta que se realizó en la época del Covid-19 y fue de manera virtual.