Contrataciones directas afectan la transparencia: la crítica de vocera de 'Mi Cali Contrata Bien' a la Alcaldía

La Alcaldía de Santiago de Cali continúa celebrando contratos sin competencia entre oferentes. De los $ 1.8 billones contratados en 2022, solo el 26 % fue por licitación pública.

Este es uno de los principales hallazgos de la iniciativa ciudadana Mi Cali Contrata Bien, tras revisar los 27.409 contratos suscritos por el Distrito el año pasado.

María Isabel Alvarado, vocera de esta iniciativa de control, manifestó en el programa Protagonistas En Vivo, de El País, que “una contratación pública encaminada a procesos con competencia garantiza la calidad y el mejor precio del bien y servicio”.

Bueno, cuando miramos qué pasó con ese 26 % nos damos cuenta de que no solo se trata de licitar, es licitar bien. Vemos entonces que tan solo el
5 % del valor licitado tuvo más de cuatro proponentes, es decir, que no estamos siendo lo suficientemente concurrentes y abiertos. También tenemos que el 23 % del recurso licitado se concentró en cinco contratistas.

Lo otro es que empezamos a revisar qué podían estar diciendo los interesados en los procesos y que después no se terminaban presentando, que es algo que sucede mucho. Lo que nos llama la atención es que han reclamado que las licitaciones salen sin anticipo y que les exigen unos requisitos de experiencia o de endeudamiento que no son capaces de cumplir, entonces vemos que son los mismos los que quedan allí seleccionados.

Siempre se ha hablado de los famosos ‘pliegos sastre’, pero incluso hemos encontrado un nuevo fenómeno. En los pliegos de los contratos encontramos unos obstáculos que podrían estar llevando a que solo unos participen, pero también, cuando vemos la concentración de convenios y contratos interadministrativos, empezamos a encontrar ‘estudios previos sastre’ para justificar que solo una corporación o una asociación específica es capaz de cumplir determinado contrato.

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Les pongo un ejemplo, para muchos Cali es la capital del entretenimiento y de los eventos, pues nos encontramos un convenio de $ 4700 millones para la realización de unos talleres, y justificaban que solo una corporación en la ciudad tenía la capacidad logística para la realización de los talleres en cuanto a sonido, tarimas y carpas.

La forma en la que nosotros hacemos el estudio nos permite ver unos casos que ameritan preguntas. Uno de ellos es que, en el mes de diciembre, la Secretaría del Deporte firmó 568 contratos que costaron más de $ 10.000 millones, pero esos contratos no duraban más de 15 días, entonces uno se pregunta qué pudieron haber hecho por ese valor y en tan solo 15 días las personas que fueron contratadas. Eran contratos por prestación de servicios.

En la Alcaldía hay de todo tipo de contratos, pero sí tenemos que decir que el 48 % de esos $ 1.8 billones que contrataron las secretarías son por prestación de servicios, es decir que de 27.409 contratos firmados, el 97 % fueron de este tipo.

Otra cosa es que hemos visto que para el 2021 la duración promedio de los contratos era de 3.6 meses, y para el 2022 fue de 4.1 meses. Otro dato llamativo y que también nos causó sorpresa es que el año pasado la Administración nos respondió que la duración era tan bajita porque, por temas de planeación financiera, no podían comprometerse a más de esos tres meses.

Pero ojo, el año pasado tuvimos ley de garantías, es decir que no se podían firmar este tipo de contratos, sin embargo, en enero se firmaron más de 11 mil contratos y sí tuvieron una duración de seis meses, y ya en julio volvieron a contratar a tres meses a los prestadores de servicios. Entonces si bien esta es una figura legal de contratación, válida y en algunos casos necesaria, pues sí abrimos las puertas al clientelismo y a una ineficiencia administrativa.

Tenemos dos datos. El primero es sobre cuál es la secretaría que más plata gastó, allí vemos que es Educación, con cerca de $ 300.000 millones, de los cuales el 92 % se fue en prestación de servicio, lo cual es normal en un perfil como el de esa secretaría por los maestros. La segunda secretaría con mayor recurso invertido fue Infraestructura, con el 71 % en obras ya que tuvimos la mayor contratación que se ha hecho en la historia de Cali el año pasado, con el contrato para la rehabilitación de la malla vial, que arrancó por $ 86.400 millones.

Sobre este proyecto hay que cuestionar la muy baja ejecución del contratista, aun así, ya le han adicionado casi $ 15.000 millones y cuatro meses de prórroga.

Por otro lado, está el dato de quiénes firman más contratos, porque no necesariamente el que más gasta es el que más contrata. Allí encontramos que la Secretaría de Deporte es la que más firmó, llamando la atención datos como el que comentábamos del mes de diciembre, donde se firman casi 600 contratos en el último minuto en el año.

Definitivamente, los contratos más cuantiosos requieren lupa, y también aquellos que terminan con un único oferente o un único contratista habilitado lo ameritan, porque no tuvieron una participación plural que nos hubieran podido filtrar la mejor oferta.

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Creo que debemos vigilar el contrato de malla vial porque ya vimos su baja ejecución, aparte se están manejando más de $ 100.000 millones. La alerta también es por la calidad de las actas de supervisión o interventoría, donde encontramos una información muy deficiente que no nos dice mucho de cómo avanza la obra o cuales son los problemas que se están teniendo.

Dos, el contrato del Parque Cristo Rey. Poca gente entiende que ese es un proyecto que tiene cinco tramos y que esta Alcaldía deja tan solo dos contratados, o sea que al próximo alcalde, que lo van a dejar bien estrecho de plata, le va a tocar continuar con ese proyecto al que le faltan por ahí $ 80.000 millones. Este proyecto tuvo un único oferente en uno de sus tramos, debemos revisar bien esto.

El contrato del Programa de Alimentación Escolar siempre requerirá que lo vigilemos, otro tema que se vuelve importante es el de los comedores comunitarios, que uno quisiera ver que el rubro crezca y que logramos tener cobertura durante todo el año y no solo a partir de marzo o abril.

Y yo diría que todo lo que tiene que ver con talleres y capacitaciones porque uno siempre quisiera ver unas actas de supervisión que nos dijeran a cuánta población estamos beneficiando realmente, y eso no se está haciendo así.