La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de Cali, María Ximena Román García, y contra el secretario de Movilidad de la ciudad, Wilmer Tabares Marín por las presuntas irregularidades del contrato suscrito con la Policía Nacional en el que se le nombró como autoridad de tránsito en el distrito.
“La Provincial de Instrucción de Cali indicó que se revisará si en una de las cláusulas del bilateral, firmado para fortalecer la movilidad y la seguridad vial mediante control operativo, coordinado y concurrente del tránsito y transporte en el territorio, se le estaría entregando la jurisdicción y competencia de los agentes de tránsito municipales a la policía de carreteras, dado que su jurisdicción son precisamente las carreteras nacionales”, señaló la Procuraduría a través de un comunicado oficial.
En el mismo sentido, el Ministerio Público afirmó que con la firma del convenio Santiago de Cali quedaría con dos autoridades de tránsito, por lo que Román García presuntamente habría expedido conceptos para su expedición contrarios a la ley, y Tabares Marín las habría omitido al momento de la formalización, por ello se inició dicha investigación.
“Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas hecha por el Ente de control se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si el servidor actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, aseguró la Procuraduría General de la Nación.
Presunta eliminación de multas: Otro escándalo
El escándalo de presunta corrupción al interior de la Secretaría de Movilidad de Cali por la indebida eliminación de 516 multas de tránsito entre 2019 y 2022 y por otros 50.000 casos en 2024 que están bajo investigación, es catalogado por algunos como uno de los hechos más graves que se han presentado en la ciudad. El País conoció que la dependencia de la anterior Alcaldía ya tenía conocimiento de lo que ocurría.
La entidad que tiene a su cargo el Registro Distrital de Infractores en Cali, con la información estadística de la imposición y exoneración de comparendos, es el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV).
Jaime Cárdenas dirigió ese organismo desde julio de 2020 hasta este año. El exgerente se abstuvo de comentar si desde su llegada notó movimientos extraños en las exoneraciones que se realizaban de las multas, solo indicó que semanalmente presentó informes a la Secretaría de Movilidad con todo el reporte estadístico al respecto, “ya ellos al interior toman las decisiones de revisar qué puede estar pasando”, dijo.