Un sinsabor es el que hoy sienten las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del país, CAR, al ver que no están incluidas en la agenda de la COP16 presentada recientemente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En el Foro Nacional Pre COP16 sobre Biodiversidad, realizado en la Universidad Javeriana de Cali, las corporaciones señalaron que a pesar de ser consideradas los guardianes de la biodiversidad y convertirse en el brazo técnico de inversiones del Sistema Nacional Ambiental, no fueron tenidas en cuenta para ninguno de los eventos de la zona verde.
“Si las corporaciones declaramos más del 95 % de las áreas protegidas en Colombia, entonces nuestra participación debería ser como mínimo proporcional a esto. Solo hay que abrir la agenda y encontrar que las CAR no están, por ningún lado se ven, a pesar de que nosotros tenemos prácticamente la totalidad de los negocios verdes”, comentó Olga Lucía Alfonso, directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima y presidenta de la junta directiva de Asocars.
Por ello, han hecho una carta para hablar con la Ministra Susana Muhamad sobre la participación de las CAR en la COP16. “No nos sentimos incluidos, articulados, no nos sentimos parte”, recalcó.
Pero además, hay dos proyectos de ley que podrían afectar gravemente a las autoridades ambientales.
Uno de ellos hace trámite en el Congreso de la República, y es el que busca que las comunidades indígenas se conviertan en autoridades ambientales en sus territorios.
Ante esto, Wilson López, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo especial La Macarena, Cormacarena, insistió en que la regulación y el trabajo ambiental son una responsabilidad técnica y están asociadas a la educación, como la que se recibe en las universidades. “Hay responsabilidades que no se pueden delegar. Hay escenarios de colaboración, pero la responsabilidad de las decisiones deben ser técnicas”, dijo.
“Están violando la Ley 99 de 1993, y el decreto al consultarlo habla que las autoridades indígenas serán autoridades ambientales en los territorios que ellos consideren ancestrales. Uno no puede hacer un decreto y crear una autoridad donde usted no define el valor presupuestal”, insistió.
Preocupación
Si esto llega a pasar sería una situación bastante grave. Por ejemplo, en el caso de la CVC, según lo explicó su director, la Corporación antes tenía el componente energético, no existía Epsa, cuando la ley ordenó la separación, obligaron a la CVC a que el componente eléctrico saliera de él. “Eso generó que unos recursos importantes entraran a la CVC y otros recursos hicieran parte en acciones en las empresas de servicios públicos”, explicó Marco Antonio Suárez.
Y agregó “entiéndase que nosotros somos accionistas de Epsa, que ahora es Celsia. Los recursos que nosotros tenemos en empresas de servicios públicos como Celsia y Acuavalle son recursos de los vallecaucanos. Si ese proyecto de ley llega a prosperar, nos estarían obligando a que esos recursos, en acciones, sean cedidos a los entes territoriales, es decir, al Municipio o el Departamento”.
Esto implica para la CVC $1,4 billones. “La realidad es que la Corporación es una entidad muy sólida. Cuando hubo la extinción del componente eléctrico entregaron un porcentaje también a los municipios y al departamento, ellos se gastaron ese recurso, pero la CVC invirtió esos recursos, lo que da una rentabilidad. Por eso es que el componente patrimonial es sagrado”, argumentó.